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Mañana, con los organismos de derechos humanos haciendo fuerza desde la calle, la Cámara de Diputados tendrá su sesión especial para debatir la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Hay cuatro proyectos en danza y, por razones de número, el que cuenta con más posibilidades es el de “inoponibilidad” que sacó de la galera el PJ la semana pasada, como gambeta a la anulación. Izquierda Unida y el ARI no están de acuerdo con el aggionarmiento, así que seguirán adelante con sus propias iniciativas. El oficialismo acepta que la viabilidad jurídica de lo que se apruebe en el recinto será materia opinable, pero de lo que no habrá dudas es de que el Legislativo se convertirá en el segundo poder –luego de aquellas declaraciones de Néstor Kirchner en las que habló de inconstitucionalidad– en manifestarse en contra de las leyes de impunidad. La Corte Suprema, entonces, tendrá todas las señales políticas que podía recibir para fallar sobre su (in) validez.
Devenidos en kirchneristas convencidos, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, y el titular del bloque del PJ, José María Díaz Bancalari, sudaron la gota gorda para alinear a la bancada oficialista detrás de un proyecto contra las leyes. Al igual que los radicales, los peronistas no quieren votar la anulación de dos leyes que los dos mismos bloques votaron 17 años atrás. El consenso llegó a través de un proyecto lavado que no habla de nulidad. La UCR presentará su propia iniciativa, pero no descarta la posibilidad de apoyar al oficialismo.
La conducción de la bancada justicialista pasó más de un sofocón en la reunión de bloque que mantuvieron la semana pasada en la que casi pierden la votación interna, lo cual hubiera significado un traspié para el Gobierno y le podría haber costado la jefatura a Díaz Bancalari. Finalmente, la Rosada ajustó las tuercas y el propio ex presidente Eduardo Duhalde –quien en público se opone a que continúen los juicios contra los represores– debió reconvenir a sus diputados para que al final se llegue a un frágil acuerdo interno en torno de la inoponibilidad.
Con todo, la sesión especial de mañana no fue convocada por el bloque mayoritario sino por la diputada de IU, Patricia Walsh, para debatir su proyecto que declara la anulación lisa y llana. Walsh rechazó una sugerencia del PJ para posponer la sesión una semana, supuestamente para ganar tiempo y reunir un mayor consenso. Según les asegura Camaño, el tiempo es para conseguir adeptos para la anulación, pero los bloques opositores no le creen.
Walsh, junto a Marcela Bordenave del ARI y María José Lubertino de la CTA, dedicaron el fin de semana a la elaboración de una propuesta de consenso. Entre las reuniones que mantuvieron hubo contactos con los más prestigiosos constitucionalistas como Germán Bidart Campos y Daniel Sabsay. De los encuentros les quedó en claro que los especialistas consideran que si el Congreso declara la nulidad de las leyes iría en contra de los principios jurídicos de legalidad y de cosa juzgada, con lo que carecería de toda validez.
Es más, a medida que tomó calor la discusión, los constitucionalistas llegaron a hablar de la tradición “soviética” que pretendían darle los legisladores al tratamiento de estas leyes. La referencia era a que la justicia argentina tomó históricamente como referencia a Estados Unidos, en cuanto a que la inconstitucionalidad de una ley sólo puede ser determinada por la Justicia. En cambio, en la viejas Constituciones soviéticas la revisión puede hacerla el Parlamento. Un punto que hoy sólo conserva la Constitución de Cuba.
“¿Y dónde está determinado que tenemos que seguir la tradición jurídica de Estados Unidos?”, se repreguntaron los diputados opositores.
Diferencias
Los cuatro proyectos que se debatirán mañana, si todo sale como está previsto, serán los siguientes:
- PJ: Fue redactado por Ricardo Falú, Juan Urtubey y María del Carmen Falbo y consta de dos artículos. En el primero, establece que “los hechos y delitos, cualquiera haya sido la fecha de su comisión, que satisfaga la definición de crímenes de lesa humanidad” que esté descriptos en pactos, tratados y convenciones internacionales “son insusceptibles de amnistía, indulto o prescripción”. En el artículo segundo, aclara que “a lo dispuesto en el artículo primero no le serán oponibles las leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 (Obediencia Debida)”.
- UCR: En realidad, lo que presentaron el jefe del bloque, Horacio Pernasetti, Leopoldo Moreau y Pascual Capelleri fue un proyecto de declaración en el que le solicita al Gobierno que ratifique la aplicación de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, dictada por las Naciones Unidas en 1968. La Convención fue ratificada por ley en 1995 pero necesita que el Ejecutivo ratifique su aplicación. En un proyecto complementario, los radicales precisan que no podrán beneficiarse con la prescripción, indulto, amnistía o cualquier otra forma de renuncia a la acción penal a los acusados de los delitos incluidos en la Convención.
- IU: El proyecto de Patricia Walsh declara “insanablemente nulas por inconstitucionales” la Obediencia Debida y Punto Final. También considera nulos los indultos dictados por Carlos Menem que beneficiaron a los jefes militares y guerrilleros. También considera “insusceptibles de amnistía, indulto o prescripción” los delitos de lesa humanidad.
- ARI: El proyecto elaborado por Marcela Rodríguez y Bordenave toma y amplía la iniciativa de Walsh. Por ejemplo, agrega que en cuestiones en las que se ventilen estos crímenes rige el principio del derechos internacional de “juzgar o extraditar”. También añade una modificación a algunos artículos del Código Penal para que se hagan operativas las resoluciones de los tratados internacionales, como la Convención de la ONU que enarbolan los radicales. De esta forma, sostienen en el ARI, quedaría salvada la ratificación que debe darle el Poder Ejecutivo.