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La respuesta que el Estado brinda a los problemas penales se caracteriza por su ambivalencia estructural. David Garland, figura central de la criminología contemporánea, escribía en su obra de fines de los años ’90, La cultura del Control, que el resultado de las políticas oficiales en materia penal era el producto de una tensión existente entre, por un lado, las propuestas programáticas de administradores y, fundamentalmente, teóricos del Derecho y, por el otro lado, las reacciones de la clase política a la coyuntura cotidiana. El resultado de esta ambivalencia daría lugar, entonces, a un cúmulo de decisiones combinadamente oportunistas, impulsivas, extemporáneas, decisiones que terminan cristalizándose en un collage muchas veces incoherente que responde más a esos impulsos coyunturales que a un intento mínimamente ordenado de esbozar una consistente política criminal estatal.

El esfuerzo del gobierno de Cristina Kirchner por encontrar un mayor grado de racionalización del caótico universo penal a través de un proceso de reforma integral del actual Código Penal, un proceso que debería de haber comenzado a partir de la discusión parlamentaria del anteproyecto de la “Comisión Zaffaroni”, era un intento que buscaba acercarse a la idea de una política criminal menos improvisada, menos reactiva, más ordenada.

Hoy, el proyecto penal se encuentra gravemente empantanado por la acción política de bloque tan heterogéneo en sus actores –que van desde Massa, pasando por una pluralidad de familiares de víctimas de delitos altamente mediatizados, hasta llegar a Marcelo Tinelli– como homogéneo en su trasfondo ideológico: irracionalidad de sus reclamos, una visión rudimentaria del Derecho Penal, utilización de un discurso emotivo que dificulta diferenciar lo contingente de lo permanente en torno de nuestra violenta, desigual y discriminatoria Justicia criminal.

Esta respuesta política hostil no hace más que remarcar aquella ambivalencia propia del espacio penal. Demuestra la extrema dificultad que existe para sortear la necesidad del político de dar preferencia a las particulares respuestas a problemas específicos por sobre el intento bienintencionado de reformas duraderas; demuestra la extrema dificultad que existe, para cualquier gobierno, de enfrentarse con éxito al político oportunista que, posicionándose del lado de una visión simplificadora del sentir popular, pone rápidamente en aprietos la posibilidad de una abierta y sincera discusión de horizontes amplios en torno de los problemas centrales del Derecho Penal.

La crítica del massismo, y del abanico demagógico que se desplegó inmediatamente a su alrededor, pone al Gobierno frente a una disyuntiva: seguir avanzando con un proyecto que, aun perfectible, continúa siendo considerado como valioso y genuinamente prioritario, o, por el contrario, pragmáticamente, dejarlo languidecer, evitando enfrentarse con el malhumor pasajero de un electorado en pugna. En este marco, el Gobierno tiene, en la dificultad, una excelente ventana para, al mismo tiempo que demuestra fortaleza en su posición, profundizar seriamente su proyecto, transformarlo en una bandera por las que vale la pena confrontarse; el Gobierno puede, debería continuar el camino iniciado, complementando el correcto primer paso dado por una comisión de expertos multisectorial con una nueva y potente discusión lo más amplia y representativa posible, transformando un proyecto que nació desde arriba en una política pública reclamada fundamentalmente desde abajo, buscando básicamente generar y garantizar que, de ahora en más, se apropien de la palabra no ya esta pobre versión de lo que en el ámbito se denomina populismo penal, no ya tampoco expertos ilustrados, sino, fundamentalmente, aquellos sujetos y organizaciones que deben enfrentarse en primera persona, cuerpo a cuerpo, con la peor de las caras de nuestro Estado, nuestro injusto y desigual Derecho Penal.

* Doctor en Derecho (Universidad de Florencia), profesor de la Universidad Nacional de Río Negro.