El empresario Vicente Massot, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, admitió su actuación en lo que él denomina “guerra civil de los años ‘70” y el resto del mundo define como genocidio o terrorismo de Estado. “Yo no era un bebé de pecho. Y yo también tuve participación en esos hechos”, dijo el director del diario La Nueva Provincia, rodeado de amigos, durante la presentación de su libro El cielo por asalto. Fue el 25 de abril de 2013, dos semanas antes de que los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieran su detención para indagarlo. Menos sonriente que aquella tarde, y lejos de los tiempos en que se paseaba ostentando armas por los pasillos de la empresa de la familia, el martes último le temblaban las manos mientras guardaba el DNI con el que debió acreditar su identidad como imputado, y por la ventana del juzgado se filtraban las voces de un centenar de bahienses que cantaban “Massot, fascista, vos sos el terrorista”. El juez federal subrogante Alvaro Coleffi declaró el secreto de sumario en la causa y ahora analiza los pedidos del Ministerio Público Fiscal.

Columnista de La Nación y profesor en la Universidad Católica Argentina, Massot está imputado por el rol de La Nueva Provincia (LNP) como auxiliar de la inteligencia militar en las operaciones de acción psicológica al servicio del genocidio, y como coautor de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca. La acusación incluía a su mamá, Diana Julio de Massot, a su hermano Federico y al ex jefe de redacción Mario Gabrielli, pero los tres murieron antes de ser juzgados.

“Voy a empezar diciendo lo que no quise escribir, aquello que conscientemente traté –si con éxito o sin éxito, no me toca a mí juzgarlo– de exorcizar al momento de tomar la pluma”, arrancó Massot su exposición en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), secundado por sus admiradores Julio Bárbaro y Abel Posse. “Lo que no quise hacer es fulminar condenas, levantar cadalsos, cargar a uno u otro contendiente con culpas. No porque no tenga una idea acabada, pero que vale solamente para mí, de los hechos que jalonaron la vida argentina hace 40 años”, agregó en tono solemne. “Yo no era un bebé de pecho. Y yo también tuve participación en esos hechos”, confesó ante un auditorio de militares retirados que incluyó al ex intendente bahiense Cristian Breitenstein, actual ministro de la Producción de Daniel Scioli. Sus palabras las registró el periodista Federico Randazzo, que investiga la historia del diario.

Massot es socio de LNP desde 1974, cuando tenía 22 años y era un activo militante del nacionalismo católico. En 1970 había participado de la creación de la organización integrista Guardia de San Miguel, apuntó Luis Fernando Beraza en su libro Nacionalistas. En mayo de 1973, una semana antes de la asunción del presidente Héctor Cámpora, publicó el primer número de la revista Cabildo. Antes que secretario de redacción fue su “inspirador y financista” gracias a un préstamo de LNP (léase de su madre), contó Horacio Verbitsky en Vigilia de armas. La revista Cabildo, donde hizo pública su admiración al fascismo, nació “con el objetivo de aglutinar a las fuerzas nacionalistas dispersas”, explicó Beraza. Su influencia “fue fundamentalmente ideológica en muchos sectores de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica”, escribió. Igual que LNP, fue “un espacio donde llegaban y se publicaban informaciones de los servicios de inteligencia”.

Cuando el peronismo clausuró Cabildo, sus responsables sacaron El Fortín, que también fue cerrada por “atentar contra la institucionalidad”. Entre junio del ’75 y hasta el mes previo al golpe, Massot escribió en Restauración, también abocada a promover la toma del poder por las Fuerzas Armadas. Las tres revistas por las que pasó apuntaron a “legitimar la destrucción del orden democrático y su reemplazo por soluciones de corte autoritario”, resumió la historiadora Patricia Orbe en su ponencia “Entre mitines y misas. La revista Cabildo y la red de sociabilidad nacionalista católica (1973-1976)”.

Entrevistado por la historiadora Belén Zapata cuando ya se sabía imputado, Massot dijo que su primer cargo en LNP fue “en marzo de 1976 como redactor editorialista”. Sin embargo, dos años antes, en marzo de 1974, la revista Militancia había dejado constancia de su influencia en la línea editorial del diario. “El nacionalismo ultrafascistoide le ‘brotó’ a LNP cuando uno de los nenes (el que está en el fino humor de Cabildo) comenzó a incursionar en el ‘periodismo’”, apuntó la publicación que dirigían Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ortega Peña, asesinado ese año por la Triple A.

La escritura no le impidió poner el cuerpo a las batallas de la familia en el pago chico. Los gráficos de LNP recuerdan al Colorado, en reuniones ante el Ministerio de Trabajo, con armas para amedrentarlos en los pasillos de la empresa y provocándolos para que “hagan paro ahora”, el día del golpe de Estado. El 28 de septiembre de 1975, la mamá le encomendó ante escribano “todo trato con el personal”. Poco antes, un editorial del diario había anunciado que “LNP se encuentra en guerra” y se había presentado como víctima de “la infiltración más radicalizada”. Por esos meses, la sección Informaciones de Prefectura zona Atlántico Norte elaboró su informe sobre “guerrilla sindical” en LNP, que concluyó con una lista de “personal a ser raleado” (sic). La encabezaban Heinrich y Loyola, e incluía las direcciones de las casas donde los secuestraron para torturarlos y matarlos.

Consumado el derrocamiento del gobierno, Massot dijo haber hecho la conscripción en Campo de Mayo, el Primer Cuerpo de Ejército y la Capellanía Mayor Castrense, datos que Página/12 intentó corroborar sin suerte. Sí hay constancias de su paso por la ESMA: el ex capitán Adolfo Scilingo, amigo de su hermano Federico, lo recuerda visitando al almirante Rubén Chamorro, director de la ESMA, en la planta baja del Casino de Oficiales por el que pasaron miles de desaparecidos.

Hasta el momento, Massot sólo está imputado en Bahía Blanca. Los jueces foráneos que encabezaron los dos procesos de lesa humanidad en la ciudad no dudaron en poner la lupa sobre La Nueva Provincia: destacaron su “campaña de desinformación y propaganda negra” para “imponer la versión de los victimarios”, y crear “un estado de anomia legal en la sociedad que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional” desde el Estado, y ordenaron investigar a sus directivos. La actuación de los jueces locales fue la que permitió morir impune a Gabrielli y ganar tiempo a Massot. El juez subrogante Santiago Martínez sostuvo que las pruebas no permitían siquiera hablar “de algún grado de complicidad”, y se negó a indagarlo. La Cámara Federal se tomó un semestre para reflexionar, no se animó a tanto, pero ideó una original maniobra para que Massot pudiera exponer como imputado (con derecho a mentir) antes de prestar declaración indagatoria. Ese paso se concretó seis días atrás e incluyó una puesta en escena con calles cortadas, vallas, perros, prefectos, servicios y policías pertrechados para la guerra. El juez Coleffi dictó el secreto de sumario y ahora deberá pronunciarse. La dirigencia política de Bahía Blanca mantiene un estruendoso silencio.

[email protected]