Los 17 efectivos de la policía de Entre Ríos acusados de sedición por la toma de la jefatura de Concordia en diciembre y también vinculados con los saqueos de esa localidad continuarán con prisión preventiva hasta que se realice el juicio. Así lo decidió el juez de garantías de esa ciudad entrerriana, Alberto Funes Palacios, tras hacer lugar a un pedido de la fiscalía, quien pidió que los acusados siguieran detenidos, para asegurar que los testigos puedan declarar “libremente”.

El magistrado consideró que la decisión tomada fue “de máxima necesidad para neutralizar el peligro grave de que se intentara obstaculizar la investigación”. También se tuvieron en cuenta las denuncias por amenazas que realizaron cerca de diez personas, las cuales afirmaron que fueron intimidadas por los familiares de los acusados.

Funes Palacios desestimó los diferentes planteos de la defensa y sostuvo que ésta debe llevar adelante las investigaciones “saliendo a buscar datos y pudiendo conseguir información para comprobar la participación o no de los imputados”. Hasta el momento, casi la totalidad de las pruebas fue aportada por el fiscal de la causa, Mario Guerrero. El único caso en que se aprobó la revocatoria de la prisión preventiva, por falta de pruebas suficientes, fue el del agente Esteban Cendra, dando lugar al planteo de su abogado, Edelmiro Díaz Vélez.

“Los policías no son trabajadores de la provincia, son funcionarios, y como tales tienen un grado de responsabilidad que no pueden desconocer”, señaló Funes Palacios.

Los acusados Daniel Chávez, Hugo Troncoso, José Orlando Troncoso, José María Biderbos, Andrés Paredes, Ricardo Paredes, Luis Alberto Gómez, Luis Alberto Parades, Luis Roberto Carlino, Diego Diferding, Manuel Coutiño, Juan Manuel Rosas, Carlos Rosas, Juan Pedro Lacuadra, Romeo Valdez, Alfredo Imaz y Carlos Daniel Zaragoza aguardan el avance de la investigación en la Unidad Penal Número 8 Federal, desde el 5 de febrero, día en que fue dictada en primera instancia la prisión preventiva por los disturbios de diciembre pasado.

Entre el 5 y 9 de ese mes, la ciudad entrerriana de Concordia se vio afectada por saqueos a los comercios, en el marco de la sublevación policial a causa de reclamos salariales, la cual tuvo eco en distintos puntos del país. En simultáneo, durante la noche del domingo 8, un grupo de policías tomó la jefatura de esa ciudad. Adán Bahl, el ministro de Gobierno de Entre Ríos, declaró al día siguiente que los saqueos fueron promovidos por “50 o 60 personas, que son lo peor de la policía”, y advirtió que la actitud de los uniformados se encuadraba “dentro del delito de sedición, que no es excarcelable”.

El gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, fue otro de los que ratificó en su momento esa versión, al afirmar que el conflicto en Concordia fue protagonizado por “un puñado de unos 50 suboficiales” con “malísimos antecedentes”, de quienes dijo que estaban cometiendo un delito “contra el sistema democrático”.

Los saqueos producidos durante los episodios de violencia de diciembre dejaron un saldo de tres muertos y veinticinco heridos en Entre Ríos. Los videos que aportaron los comerciantes que contaban con cámaras de seguridad fueron clave para la investigación. El reclamo que sostenían los policías fue levantado tras firmar un acta de acuerdo que elevaba su sueldo inicial de bolsillo a 8434 pesos.