El proyecto de ley para regular los piquetes presentado por un grupo de diputados del Frente para la Victoria generó controversia dentro y fuera del kirchnerismo. “Se trata de un conjunto de normas persuasivas en vez de represivas. El derecho a la protesta está garantizado”, señaló uno de los firmantes del proyecto, el diputado del FpV Carlos Kunkel, ante las críticas que levantó la medida. El militante social Luis D’Elía señaló que “el proyecto suena feo, contradictorio”, mientras que el CELS observó “un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años”. Por otro lado, el macrismo se mostró de acuerdo, aunque con matices, y la izquierda se pronunció en contra.

“Lo que buscamos es que se respeten los derechos de todos. Me parece que no podemos vivir situaciones como las que sucedieron últimamente en el Puente Pueyrredón, donde un grupo de personas que hacían un corte tiraron a un trabajador que quería transitar”, apuntó Kunkel recordando el piquete que realizaron portuarios hace unas semanas, en donde hubo incidentes entre los manifestantes y un joven discapacitado que necesitaba cruzar el puente para llevar al hospital a su mujer embarazada. Ante la presentación del proyecto, el CELS advirtió que el texto busca “ampliar” el control estatal sobre el “derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones y cuando aún no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma”.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado el envío de un proyecto para regular la protesta social en su discurso de inicio de sesiones legislativas el 1º de marzo. Fue el único momento en que la oposición macrista y del Frente Renovador aplaudieron las palabras presidenciales. El proyecto presentado por los diputados, con todo, no cuenta con el aval oficial del Poder Ejecutivo, que esperaría que se presenten otras propuestas tanto del oficialismo como de la oposición para profundizar la discusión.

El diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini, autor de la iniciativa, señaló que “la protesta social es un hecho relevante en la sociedad argentina y en toda sociedad civilizada los hechos importantes requieren de una reglamentación”. D’Elía fue quien salió al cruce del diputado por Chaco a quien recordó que “siendo autor de esto, le faltó convocarnos a todos los movimientos sociales que formamos el espacio kirchnerista y preguntarnos qué opinábamos sobre el tema, qué matices teníamos, en qué cosas acordábamos, en qué cosas no”, y que “el proyecto suena feo, contradictorio”.

El macrismo se mostró a favor de la iniciativa, aunque planteó sus diferencias. La vicejefa de Gobierno y precandidata del PRO para gobernar la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, celebró que se regulen las protestas, pero pidió que “no sea por simple oportunismo político” y que se realice con “penas claras”. En el mismo sentido, el jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, reclamó una mejora “del texto para definir qué es legítimo y qué es ilegítimo”. Pinedo aseguró que les iban a “sugerir a los compañeros del FpV que piensen un poco más, y que laburemos en conjunto para que definamos ‘esto se puede, esto no se puede’, y que funcione de una manera razonable”.

Por otro lado, el diputado radical Miguel Bazze afirmó que “el Gobierno en lugar de preocuparse tanto por prohibir las manifestaciones sociales debería abocarse a tratar de resolver los problemas que en muchos casos las generan”. El dirigente del Partido Obrero Jorge Altamira reiteró su rechazo al proyecto al considerar que se trataba de un “atropello” por parte del Gobierno, que “aplica un ajuste y quiere prohibir la lucha contra el ajuste”. La diputada del Frente Social, Ramona Pucheta, se sumó a las críticas al señalar que “las personas que llegan a esa situación lo hacen por las semanas, meses o años en que no han sido escuchadas”.