Como ocurrió con la ley de medios, el anteproyecto del Código Penal entrará a partir de hoy en un período de debate abierto a la sociedad.

El Gobierno publicará el texto del anteproyecto sin hacerle cambios y abrirá un lapso de noventa días de observaciones al texto en universidades, ONG y asociaciones de abogados y jueces. Luego, la comisión redactora sumará un nuevo dictamen al anteproyecto y recién entonces se elaborará un proyecto de ley para que se discuta en el Congreso. El puntapié lo darán hoy a las 18 en la Facultad de Derecho de la UBA el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, el ex ministro de Seguridad León Arslanian, la socialista María Elena Barbagelata, el macrista Federico Pinedo y el radical Ricardo Gil Lavedra, junto a los decanos de las facultades de Derecho de todo el país. El massimo se opuso a la consulta a sectores académicos y exigió escuchar a “la gente”.

El actual Código Penal viene recibiendo parches y zurcidos desde 1921. Se calcula que tuvo unos 900 cambios impulsados por climas de opinión. El más radical fue el de las llamadas “leyes Blumberg”, que terminó de desbalancear la proporcionalidad entre las penas por los distintos delitos. Algunos delitos contra la propiedad tienen hoy una pena igual o mayor a delitos contra la vida. El Gobierno encomendó en 2012 a un grupo de especialistas que provienen de distintas extracciones partidarias la redacción de un anteproyecto de reforma del Código Penal, que recuperara una armonía entre sus distintas partes. El anteproyecto fue entregado a la Presidenta, quien anunció en su discurso de apertura de sesiones ordinarias –en marzo pasado– que lo estaba analizando el Ministerio de Justicia.

Antes de que hubiera un proyecto definitivo o siquiera se presentara en el Congreso, el diputado Sergio Massa lanzó una campaña contra el anteproyecto, que incluyó el pedido de una consulta popular sobre el tema (algo que está específicamente prohibido por la Constitución). Hasta ayer en el conurbano seguían los carteles de la “consulta popular”. Luego de un cruce de críticas, Massa consiguió que los otros sectores de la oposición dieran un giro y rechazaran el tratamiento del proyecto. Esto fue especialmente notorio para aquellos sectores que habían participado de la redacción del anteproyecto, como la UCR, el socialismo y el PRO.

Debate penal

La decisión del Gobierno de abrir un período de revisión por parte de universidades, asociaciones de profesionales y ONG intenta reencauzar la discusión sobre qué Código Penal hace falta. La Secretaría de Justicia publicará el anteproyecto tanto en la web como en una edición impresa.

Las consultas se extenderán por tres meses e incluirán a varias ONG que se dedican al tema y asociaciones de abogados y jueces. Entre otras, incluyen al CELS, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), a la Asociación de Magistrados, a la Federación Argentina de la Magistratura y a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal.

El debate de la reforma involucrará a las cátedras de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de las facultades de Derecho.

El coordinador de la comisión redactora, Roberto Carlés, recordó que hubo consultas también durante la redacción del anteproyecto, tanto por parte de la comisión como a través de la página web del Ministerio de Justicia. “Mientras funcionó la comisión, hicimos dos convocatorias bastante amplias: más de 200 invitados, había de todo. Abogados, jueces, hasta asociaciones de víctimas. Estábamos interesados en tener aportes previos a la redacción. También recibimos 500 propuestas de todo tipo por la web de ministerio (pena de muerte, castración química, uno o dos de despenalización de la marihuana, también en materia de aborto). Se mostraron más militantes los que proponían cuestiones de mayor severidad.” Ese ida y vuelta fue parte de la tarea de redacción del anteproyecto que –según insisten– no es un texto cerrado.

“Se va a publicar la versión de la comisión, sin modificaciones del Ejecutivo, y se va a dar un plazo de aproximadamente 90 días para recibir propuestas, críticas y observaciones, opiniones de todo tipo de universidades, ONG, asociaciones de profesionales. La idea es que la participación sea lo más amplia posible –relató Carlés–. Luego de esto, la comisión va a tener la posibilidad de emitir un dictamen, ya sea sugiriendo modificaciones al proyecto o respondiendo a observaciones. Todo esto engrosaría el anteproyecto con el que trabajará el Ejecutivo para elaborar un proyecto de ley definitivo. Eso, obviamente, no quita que haya un debate posterior cuando haya un proyecto de ley.” Carlés señaló que “es un proceso largo, porque no es un parche más. Es un Código Penal nuevo. El debate se desvirtuó por una cuestión de oportunismo político de Massa”. La socialista Barbagelata coincidió: “Lo que queremos es un debate en serio, no un tironeo de consignas falsas”.

El puntapié inicial será hoy en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA a las 18. Allí estará el ministro de Justicia, Julio Alak, junto a los integrantes de la comisión y los rectores y decanos de las facultades de Derecho del país. Además, diversas entidades están organizando debates. Carlés estuvo en una conferencia en Catamarca la semana pasada y esta semana participará en otra organizada por el Colegio de Abogados y la APDH de Santiago del Estero. Habrá otros debates en la Asociación de Abogados porteña y en el Colegio Nacional de Buenos Aires.

Réplicas

Sin dudarlo, desde el massismo salieron a repudiar la posibilidad de un debate académico. “Quieren esconder en las universidades lo que no le pueden mostrar a la gente”, bramó el intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. “¡Dejen hablar a la gente! ¿Qué pasa? ¿Le tienen miedo?”, afirmó el intendente massista, quien consideró que “esta iniciativa busca acallar el reclamo que venimos haciendo desde que se dio a conocer este proyecto de reforma: que se debata, que se escuche a la gente, que salgan a la realidad”.

El jefe de la bancada del PRO, Federico Pinedo, señaló a Página/12 que “un Código Penal tiene que tener un enorme consenso y para eso es imprescindible tener una conversación seria en la sociedad y no una puteadera”. Sobre el planteo de Mauricio Macri, quien dijo que era mejor discutir este tema en 2016, Pinedo interpretó: “Lo que dijo Macri, y lo analizamos en conjunto, fue que no parece que estén dadas las condiciones para dar una discusión seria para llegar a un Código Penal para la Argentina. Se requiere seriedad, buena fe y un acuerdo amplio. Massa ha tomado el tema no como una tarea de búsqueda de acuerdos sino como un tema de posicionamiento político en base a la desinformación y la descalificación. No es el camino para buscar los acuerdos que esto necesita”. En tanto, la aliada PRO Patricia Bullrich, que preside la Comisión de Legislación Penal, consideró que “siempre la consulta es buena. Pero el tema es cómo se seleccionan los que opinan. ¿Es para legitimar el anteproyecto o es para sacarle responsabilidad a Zaffaroni? Mejor que las consultas se realicen en el Congreso, con acuerdo de todos. Es más neutral”.

–¿Conversaron este tema con Pinedo? –le preguntó este diario.

–No aún.