Más de 40.000 pesos de sueldo no pueden plantear una cuestión alimentaria. Esa es la base de la apelación que ayer presentó la Procuración General de la Nación ante el fallo del juez en lo contenciosoadministrativo Pablo Cayssials, que ordenó reponerle al fiscal José María Campagnoli el ciento por ciento de su sueldo. La quita de un 30 por ciento –argumentó la Procuración en la apelación– está prevista en la ley del Ministerio Público que rige toda la actividad de los fiscales. “No se pueden argumentar razones alimentarias cuando el actor (Campagnoli) no demostró que lo que efectivamente cobra y que actualmente llega –ya hecha la reducción del 30 por ciento– a la suma 40.645.71 mensuales, sea insuficiente para mantener las necesidades alimentarias suyas y de su familia. En estas circunstancias no puede dejarse de lado lo decidido por el Tribunal de Enjuiciamiento”, dice el escrito presentado por Carlos Fabián Salerno, en representación del Ministerio Público Fiscal. El criterio de la Procuración es no sentar ningún precedente respecto de casos de suspensión de fiscales previstos en la ley.

Hace diez días, Cayssials rechazó un amparo con el que Campagnoli pedía que fueran anuladas las investigaciones en su contra y que lo repusieran en el cargo. La resolución decía que no se había demostrado “parcialidad” del jury y que, de todos modos, el Poder Judicial no puede interferir con los pasos y decisiones del proceso de enjuiciamiento. Aun así, el juez dispuso que Campagnoli vuelva a cobrar el ciento por ciento del sueldo, contra la decisión del jurado de recortarle el 30 por ciento que dispone la ley. Cayssials señaló “el tiempo transcurrido” sin definición como uno de los motivos para que Campagnoli vuelva a cobrar la totalidad del sueldo. A eso le agregó “especial consideración” por el “carácter eminentemente alimentario que reviste el salario” y “circunstancias particulares por las que atraviesa” el fiscal, “se atentaría contra el sostén digno de su grupo familiar, integrado por sus cinco hijos”. Ahora, la Procuración cuestionó esa decisión con el argumento de que, aún con el recorte, el fiscal suspendido estaría recibiendo más de 40 mil pesos.

Al mismo tiempo, el fiscal Patricio Evers requirió una investigación sobre el sabotaje perpetrado en la fiscalía de Saavedra en los primeros días posteriores a la suspensión de Campagnoli y cuando la Procuración designó a Cristina Caamaño para que lo reemplace hasta que se termine el proceso contra el fiscal. En ese momento, hubo un corte intencional de las líneas telefónicas –según determinó la empresa proveedora del servicio–, así como de las conexiones de Internet. Al mismo tiempo, se colocaron fajas de clausura ilegales en una oficina. El juez Daniel Rafecas, tras el requerimiento de Evers, ordenó que se entregara un listado de todo el personal con acceso a los lugares donde se perpetró el sabotaje, así como las imágenes de las cámaras de seguridad.