En una audiencia que se prolongó durante una hora, por primera vez todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos escucharon las posiciones de la Argentina y de los fondos buitre, además del gobierno de Barack Obama, este último apoyando la posición argentina sobre la soberanía de los países. El caso en cuestión no es el principal, que ya tiene dos fallos a favor de los buitres para que la Argentina pague 1330 millones de dólares en un solo pago por bonos en default. El que se trató ayer es sobre el pedido de los buitres de poder embargar activos argentinos y con ello pedir información a diferentes entidades para encontrarlos. Los magistrados preguntaron con dureza a cada uno de los tres expositores (Argentina, buitres y gobierno de Estados Unidos), por lo que no es posible deducir una conclusión definitiva de la orientación del fallo, que se conocería en junio próximo. De todos modos, en la interpretación optimista para el país, el factor a favor es que la administración Obama apoya a la Argentina y que la posición que dejaron traslucir los magistrados es que están a favor de limitar la acción de los fondos buitre, al considerar que los activos de carácter militar y diplomático deben quedar fuera de eventuales acciones para obtener el pago de títulos en default.

El máximo tribunal llevó adelante la audiencia convocada para analizar el fallo emitido por tribunales de Nueva York, que avalan el pedido encabezado por el fondo buitre NML Capital para obtener información de activos de un Estado extranjero. La posición argentina, que sostiene que los bie-nes son inembargables, contó con el apoyo del gobierno estadounidense a través de la figura del procurador general adjunto del Departamento de Justicia, Edwin Kneedler. Si bien hubo diferencias en las posiciones de los jueces, según la transcripción de la audiencia a la que accedió Página/12, coincidieron en que la búsqueda de activos debe ser limitada.

El rechazo de los fondos buitre a participar del proceso de canje, en el que se regularizó el 92,4 por ciento de la deuda, fue acompañado por embargos en todo el mundo contra 29 bienes del Estado nacional. La Fragata Libertad, reservas del Banco Central y del Banco Nación, cuentas de embajadas, inmuebles de la Fuerza Aérea y hasta el Tango 01 se tomaron como activos en la disputa, pero fueron recuperados en todos los casos. Estos fondos especulativos cuentan con un Discovery, una autorización del juez del Segundo Distrito de Nueva York (Manhattan), Thomas Griesa, que fue convalidada por la Cámara de Apelaciones, que habilita a solicitar al Bank of America y al Banco Nación información de activos argentinos en cualquier lugar del mundo. “Cuando la soberanía está involucrada, un juez de distrito tiene que ser más cuidadoso”, dijo el magistrado de la Corte, Stephen Breyer, en la audiencia.

El encuentro en Washington tuvo lugar a las 10 (una hora más en la Argentina), con presencia del secretario de Finanzas, Pablo López, y del responsable del área Legal y Técnica del Palacio de Hacienda, Federico Thea. Los argumentos corrieron por cuenta del abogado Jonathan Blackman, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, que representa al Estado argentino en el juicio contra los fondos buitre. Los jueces hicieron preguntas incisivas a las partes, incluso a los demandantes. Los fondos buitre estuvieron representados por el abogado Theodore Olson. Se observó un cambio en la posición de los jueces durante la audiencia, quienes cuestionaron duramente que los acreedores estén reclamando saber incluso “hasta cuántos aviones de combate tiene la Argentina”. La argumentación de Blackman sostiene que la decisión de Griesa, que dio lugar al pedido de información de los fondos buitre relativa a bienes de la Argentina en Estados Unidos y en el mundo, viola la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA, sus siglas en inglés).

La carta más influyente fue la del representante del gobierno de Estados Unidos, quien defendió la posición argentina. “La orden radical de Discovery sostenida por el Segundo Circuito es contraria no sólo a la FSIA y su propósito sino, también, a los principios fundamentales de la cortesía y la reciprocidad internacional sobre la que descansa”, señaló Kneedler, según la transcripción de la audiencia. El procurador adjunto del Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que la administración Obama cree que “no puede extenderse (el alcance de los fallos de Distrito) a la propiedad fuera de los Estados Unidos”. “Un soberano extranjero no es lo mismo que un privado extranjero. La Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera, y esto es coherente con el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas, establece la inmunidad de los Estados extranjeros”, agregó el representante del gobierno estadounidense en la audiencia.

Hubo observaciones divididas entre los magistrados con respecto a los alcances del Discovery. Los jueces Antonin Scalia y Sonia Sotomayor sugirieron puntualmente que las entidades financieras podrían “estar obligadas” a proporcionar detalles sobre los activos argentinos en todo el mundo. La jueza Elena Kagan, junto a otros magistrados, coincidió en que “en el caso de un acusado privado, un juez podría requerir la revelación de activos en todo el mundo”, pero “lo que diría el texto de la ley (FSIA) es que no estamos bajo esa regla”. En la audiencia hubo lugar incluso a chicanas, donde el juez John Breyer ironizó incluso con la posibilidad de “embargar bifes argentinos, que son deliciosos”, para que los acreedores puedan cobrar. Esta audiencia es un anticipo de la disputa final, en caso de que la Corte acepte tomar el caso por el pago a los fondos buitre.