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La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene pendiente informar si va a aceptar o no analizar el pedido de revisión solicitado por Argentina en el juicio “central” contra los fondos buitre. Allí se dirime el pago de 1330 millones de dólares en efectivo por parte del Estado nacional. Los buitres tienen hasta el 7 de mayo para presentar el escrito donde reafirman su posición, mientras que los abogados que representan al país cuentan con diez días más para hacer lo propio. La Corte recién durante el segundo semestre del año daría a conocer si acepta o rechaza el caso argentino. El Estado, en esa causa, recibió apoyo de Francia, Brasil y México.

En febrero de 2012, el juez del segundo distrito de Nueva York, Thomas Griesa, emitió un fallo en el que ordenó que Argentina pague 1330 millones de dólares en efectivo a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Ange por sus tenencias de títulos de deuda argentina que quedaron en default con la violenta salida de la convertibilidad en 2001. Se trata de acreedores que rechazaron ingresar en los canjes de deuda lanzados por el gobierno en 2005 y 2010. En esas dos instancias, casi el 93 por ciento de los bonistas arregló su situación. Para el resto, los fondos buitre, el juego es continuar el litigio hasta el final.

Argentina apeló el fallo de Griesa y el 26 de octubre de 2012 la Cámara de Apelaciones de Nueva York ratificó la sentencia de primera instancia a partir de una reinterpretación de la cláusula pari passu, que establece la igualdad en el trato entre acreedores. El Gobierno volvió a discutir el fallo de segunda instancia y el caso quedó en la puerta del edificio de la Corte Suprema, a la espera de que informe si se decide analizarlo o no. Las probabilidades de que la Corte acepte estudiar el caso son bajas.

Si la Argentina obtuviera un fallo en contra en el juicio de los fondos buitre, el resultado sería negativo para varios de los actores involucrados. En primer lugar, los buitres no cobrarían la sentencia, porque el pago de la totalidad de lo reclamado abriría una ventana para que los acreedores que aceptaron una fuerte quita de deuda al ingresar al canje presentaran demandas contra el país para cobrar más dinero.

Por otro lado, si la Corte Suprema de los Estados Unidos convalida el fallo inicial, la Argentina se vería forzada a incumplir sus pagos (default técnico) con el 92,4 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje. Eso sucedería porque, además del pago a los buitres, el fallo condiciona a las entidades (donde se destaca el Bank of New York) encargadas de cursar la cancelación de los vencimientos con los acreedores que ingresaron al canje a que ejecuten la sentencia en favor de los buitres. Grandes inversores, como Gramercy y Finitech, que tienen bonos locales emitidos con los canjes previos, se verían perjudicados porque la cotización de esas tenencias se desplomaría por el efecto simbólico, pero además porque esos papeles dejarían de cobrar intereses.

Al final de su participación en la Asamblea Anual del FMI, el ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que “Argentina es algo más que un caso testigo en las finanzas mundiales, es el espejo del porvenir para futuras renegociaciones de deuda. Algunos países están bastante preocupados ante la necesidad de tener que atravesar procesos de reestructuración de deuda”. La Argentina logró captar el apoyo de otros Estados y entidades privadas bajo la figura del amicus curiae. Francia, México, Brasil se expresaron a favor del país. También lo hizo la red Jubilee USA Network, el Nobel Joseph Stiglitz y el banco de inversiones Puente, entre otros.