El anteproyecto de reforma del Código Penal fue tan debatido, comentado y criticado antes de ser presentado formalmente en sociedad que ayer, en el evento que tenía lugar en el aula magna de la Facultad de Derecho (UBA), pasaba casi inadvertido que –en rigor– era la primera vez que el Gobierno lo lanzaba de manera oficial, encuadernado con tapa dura bordó en forma de libro. El Ministerio de Justicia eligió, como evidente respuesta a tanta controversia política y pública, un escenario académico, donde el ministro Julio Alak defendió el trabajo de la comisión multipartidaria y convocó a universidades nacionales y privadas, organizaciones y asociaciones de jueces para que en noventa días aporten sus opiniones y propuestas. El juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien presidió la comisión, fue bien explícito: “Un Código Penal –dijo– recoge los valores de la cultura en un momento determinado”; “otra cosa es pretender que sale de la voz del pueblo, que puede discutirse en las esquinas o en los medios de comunicación; jamás ningún país ha sancionado un Código Penal de esa manera”.

Antes de Zaffaroni hablaron todos los integrantes del equipo. Defendieron posturas personales, pero enfatizaron ideas comunes: que es imprescindible una reforma penal; que serán muy bienvenidas todas las ideas y observaciones académicas, en contraposición a las consignas propias del humor social; que el debate recién empieza y que, si bien esperan –dijo Zaffaroni– que no sea tan largo como los de los dos códigos penales anteriores (el primero, de 1886, tardó 20 años y el segundo, de 1921, tardó 30), la discusión puede llevar tiempo. En términos prácticos, una vez que las universidades y organizaciones que fueron convocadas lleven sus observaciones, la comisión los evaluará y hará su propio informe, pero no redactará un nuevo anteproyecto, explicaron en la cartera de Justicia, y todo será elevado al Poder Ejecutivo con expectativas de que se discuta este año en el Congreso.

Debido a la onda expansiva fruto de las reiteradas opiniones sobre el anteproyecto de parte de Sergio Massa, quien ha tratado de reducirlo a una discusión sobre la dureza de las penas, ayer todo sonaba a respuesta al líder del Frente Renovador. El ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra alentó “la democracia deliberativa”, basada en la discusión de “argumentos racionales”, en oposición –explicó– a la “aplicación de las reglas de la mayoría”, como “la mera acumulación de opiniones de lo que la gente piensa por prejuicios u otros motivos”. “Las preferencias de los ciudadanos son cambiantes”, alertó. “Nada más peligroso en esta materia que actuar sobre la base del prejuicio, del egoísmo y del oportunismo”, dijo. “Estamos utilizando la herramienta más poderosa del Estado de derecho”, advirtió en alusión “al ejercicio del poder penal”. Pidió “un debate racional, sin consignas ni meras frases demagógicas”.

Desde el momento en que abrieron las puertas de la majestuosa aula magna, tardaron en poblarse las butacas mullidas. En la primera fila, junto con la decana local, Mónica Pinto, estaban los jueces de Casación Alejandro Slokar y Ana María Figueroa, el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, jueces de tribunales orales y de cortes provinciales. La única cara conocida de la política era la del radical Leopoldo Moreau. El público era variado. Había más jeans que sacos y corbatas. En el escenario, junto con la comisión, estaba su coordinador Roberto Carlés, y al lado del ministro Alak, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, con el libro en exhibición.

La socialista María Elena Barbagelata contó que estaba “impresionada” porque un periodista le había pedido una opinión, ya que un “sicario” había dicho en TV que no iría preso con el actual anteproyecto. “Si nuestra referencia va a ser la opinión de un sicario, tenemos un grave problema político, social y cultural en nuestra convivencia democrática”, graficó. Barbagelata habló de las diferencias que hubo entre los miembros de la comisión y recordó que tuvo una postura disidente en varias cuestiones sobre los derechos de las mujeres. Ella propuso despenalizar el aborto y cuestionó la tipificación del aborto culposo y las lesiones al feto. Pero más allá de eso, reclamó a quienes vayan a colaborar con sus ideas que “se tenga en cuenta la perspectiva de género” que, al parecer, ha visto bastante descuidada.

Federico Pinedo encontró una fórmula para dejar a salvo su pensamiento y lealtad al PRO, con la defensa del anteproyecto. Empezó, para eso, diciendo que la Argentina tiene “un problema serio de seguridad, necesita que las instituciones funcionen de mejor manera, que las policías y fuerzas de seguridad prevengan los delitos antes de que se cometan, que los fiscales acusen, que los jueces apliquen la ley” y a la vez “las garantías en materia de justicia para los acusados pero también de seguridad para la sociedad, que las cárceles no sean fábricas de delitos sino sanas y limpias, para seguridad y no castigo de los presos, y necesita leyes de fondo claras, razonables, aplicadas y aplicables”. Pinedo definió que el Código debe “reflejar los valores de la convivencia en paz de la sociedad” y que “requiere un consenso enorme”. Dijo que la comisión se esforzó por lograr acuerdos y aclaró que él discrepó en dos cuestiones que lo mantienen –sostuvo– más cerca de las posturas “críticas”: cuestiona la eliminación de reincidencia (respalda que se la use para negar la libertad condicional) y “el reemplazo de la prisión perpetua” por una pena máxima de 30 años.

“Ninguna de las 900 reformas (que tuvo el Código en casi cien años) sirvieron para que las tasas de criminalidad bajaran”, inauguró su parte el ex camarista y ministro de Justicia León Arslanian. Entre los ejemplos recientes incluyó las leyes Blumberg y advirtió sobre los riesgos de ver en “la pena privativa de la libertad y la cárcel la solución mágica” o los que ven “todos los males” en “los mínimos y máximos”. “El pensamiento mágico logró su objetivo: convertir la ley penal en un talismán”, ironizó. “La cárcel no puede remediar la exclusión social y menos construir dignidad”, enfatizó. “Es casi imposible que un código penal no defraude a un sector de la sociedad”, dijo, pero a la vez mostró como ejemplo irracional que en “un momento el robo de un auto superaba el mínimo de la pena del homicidio, y hoy el robo con armas puede castigarse con 26 años y medio, más que los 25 del homicidio simple”. “Hay que abrir paso a la razón y escuchar la palabra de quienes pueden opinar”, “del saber forjado en las universidades, de los criminólogos y cientistas sociales”.

A Zaffaroni, al final, se lo vio emocionado. Aclaró que “es el inicio de un camino largo en el que queda mucho por transitar”. Definió que el Código Penal es “un catálogo de infracciones y de su precio” y celebró que el Ministerio de Justicia abra la discusión especializada. Dijo que la comisión está ofreciendo un “documento de base”, sobre el que habrá observaciones, para luego dar lugar a la discusión parlamentaria. “Hemos tratado de hacer un edificio funcional, esperamos que no sea un adefesio. Es ese edificio el que les ofrecemos recorrer, criticarlo, perfeccionarlo amoblarlo”, ilustró. En defensa de la opinión de especialistas dijo que “a nadie se le ocurre ponerse a remendar zapatos sin conocer el aspecto técnico porque se va a llagar los pies”. Les agradeció uno por uno a los compañeros de la comisión y aseguró que lo ayudaron a reforzar “la confianza en la política”.