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En Gendarmería lo esperaban con la celda preparada desde hace tiempo. Enrique Mathov, el último secretario de Seguridad del gobierno aliancista, durmió anoche allí porque la jueza María Servini de Cubría decidió ordenar su detención por la responsabilidad que tuvo en la masacre de Plaza de Mayo. Lo acusó de abuso de autoridad y de la privación ilegal de la libertad de 200 personas, que fueron detenidas en el marco del estado de sitio decretado por la administración delarruista pocas horas antes de abandonar el poder. Ambos delitos son excarcelables pero la magistrada consideró que Mathov podría eludir la acción de la justicia si permanece en libertad y que debe estar preso dada la gravedad y la repercusión social de los hechos que se le imputan. No adhirió, sin embargo, al planteo de los fiscales que imputaron al ex funcionario como autor por omisión de los cinco homicidios cometidos por la policía el 20 de diciembre. La semana próxima Servini podría procesarlo.
Mathov llegó a los tribunales federales de Retiro poco antes de las 10, en un automóvil gris que conducía su abogado Jorge Valerga Aráoz. Con el mismo saco a cuadros que vestía en las reuniones informales del partido radical, se dirigió al tercer piso para ingresar al despacho de la jueza. “Viene a ponerse a disposición de la justicia”, explicó su defensor.
El ex secretario de Seguridad había hecho su descargo ante Servini hace casi un mes, pero ayer amplió su declaración indagatoria y fue interrogado sobre las detenciones realizadas durante y después de la represión del 20. La audiencia se prolongó por varias horas porque sus respuestas fueron “muy detalladas” y cuidó “con celo” cómo eran volcadas en el acta. Se explayó sobre los mecanismos que se ponen en funcionamiento en la estructura de seguridad del Estado en una situación de conmoción como la que vivió la Alianza en sus últimos días. Mathov también se refirió a un escrito que presentó semanas atrás, con el que intentó rebatir los argumentos de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers. En ese sentido, reiteró que no tuvo nada que ver con la confección del decreto que implementó el estado de sitio porque esa es una facultad del Presidente de la Nación.
Aunque no descarta hacerlo, la jueza Servini de Cubría aún no determinó la inconstitucionalidad del decreto firmado por De la Rúa para establecer el estado de sitio, tal como pidieron los fiscales al considerar que el ex presidente no tenía facultades para hacerlo dado que en ese momento el Congreso estaba funcionando. Sin embargo, la magistrada acusó a Mathov de la privación ilegal de la libertad de las personas detenidas ese día porque consideró que el decreto complementario que dispuso esos arrestos no estuvo bien confeccionado ni fundamentado. Y que el ex secretario de Seguridad se extralimitó en sus funciones al ordenarlos.
Ante lo inevitable, Valerga Aráoz pidió la excarcelación de su cliente. Los fiscales opinaron que la solicitud debía ser rechazada porque, según ellos, el ex funcionario es responsable de 5 homicidios dolosos. Finalmente, la jueza decidió que debe estar preso hasta que decida su situación procesal. Consultado por Página/12 Valerga Aráoz afirmó que no tiene asidero la sospecha de que su cliente puede fugarse dado que se presentó ayer sabiendo que iba a ser detenido. El letrado criticó también el argumento de Servini que invocó la “gravedad social” de los hechos. “Es inapropiado, no existe en el código moderno”, opinó. Valerga Aráoz acompañó a su defendido hasta el Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería, en Retiro. Mathov ocupa allí una pequeña celda de 2 metros por 3 y pidió un escritorio para poder trabajar y entretenerse.