[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Irina Hauser y Victoria Ginzberg

La Corte Suprema prepara una nueva ofensiva contra el Gobierno. Tiene casi terminados tres fallos en contra del corralito capaces de exacerbar el descalabro financiero y el ansia de los ahorristas de recuperar su dinero. Avalaría la liberación de los fondos de todos los porteños; le daría la razón a la provincia de San Luis, que reclama 247 millones de dólares atrapados, y declararía la inconstitucionalidad del decreto que ordenó la paralización de todos los juicios contra las restricciones bancarias. Con el juicio político encima, el clima de derrota y depresión reina entre algunos cortesanos y las fisuras internas se multiplican. Pero los jueces que se sienten más amenazados advierten que no se quedarán de brazos cruzados. El Gobierno, que ya está enterado de lo que vendrá, optará por minimizar el contraataque. “Lo hacen para caerse con todas las banderas”, desdeñan en el Gabinete.
Todo indica que el paquete de resoluciones tendrá el apoyo de la mayoría automática que integran Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano. Es posible que a ellos también se les sume Carlos Fayt. Son los mismos seis que ya cuestionaron el corralito financiero en un fallo que el Gobierno interpretó como un “golpe institucional”. Esta vez, el oficialismo ve la nueva iniciativa como un “signo de debilidad”. La realidad es que estas posibles decisiones podrían generar un nuevo desborde y comprometer a más de un banco.
Es fácil imaginar a los porteños en masa exigiendo sus ahorros. En su anterior resolución, la Corte había declarado la inconstitucionalidad del corralito, pero tenía efecto sólo para el caso puntual de la persona que había presentado el amparo. “No soy moneda de cambio de nadie. Voy a defender el derecho de la gente, pero también la paz social”, anunció la ombudsman porteña Alicia Oliveira quien se presentó el jueves en el tribunal para pedir un pronto despacho en el expediente que inició en representación de todos los habitantes de la Ciudad. En cuanto la decisión de la Corte se corporice, la defensora pedirá una audiencia con el director del Banco Central para buscar una forma de que los vecinos se encuentren con su dinero de la manera más ordenada posible y “sin ser estafados por profesionales”.
El fallo sobre el dinero de la provincia del ex y fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá no es sólo una sutil provocación favorable al antecesor de Duhalde. En los hechos generaría un impacto por la suma que involucra. La actual gobernadora puntana se quejó por este tema en la reunión de los mandatarios provinciales. En círculos cercanos a la Corte, sin embargo, aclaran que hay una distancia entre la firma de un fallo y la recuperación por parte de los ahorristas del dinero. Argumentan, en cambio, que el Ejecutivo debería buscar el mecanismo para adecuarse a las decisiones del Tribunal en un corto plazo. Por ahora el Gobierno no está decidido a dar ninguna respuesta.
El tercer cimbronazo es la declaración de inconstitucionalidad del artículo 12 del decreto 214, posición que ya fue adoptada por varios jueces y Cámaras de todo el país. Esa norma establecía que se suspendían “por el plazo de 180 días la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias en los que se demande o accione en razón de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados por las disposiciones” que inmovilizaron y pesificaron los depósitos. Luego de varias resoluciones en contra, el Gobierno decidió moderar los alcances de esta medida y aceptó que prosiguieran los expedientes que involucraban a enfermos críticos y ancianos. De esta manera intentaba evitar precisamente lo que está por pasar: que la Corte vuelva a desautorizarlo.
Sálvese quien pueda
“Aunque algunos jueces estén peleados, cuando lo necesitan es evidente que forman una asociación de socorros mutuos”, refunfuña un alto funcionario muy escuchado por el presidente Eduardo Duhalde. Una lupa puesta sobre el alto tribunal evidencia que existen numerosas fisuras y que los bloques no son sólo los que se ven a simple vista.
u Un grupo de tres ministros –Augusto Belluscio, Enrique Petracchi y Gustavo Bossert– buscaron diferenciarse al explicarle en escritos individuales a la Comisión de Juicio Político las razones por las que no firmaron el polémico fallo anticorralito. Belluscio especificó que contradecía la doctrina de la propia Corte. En conjunto, dijeron que no habían tenido tiempo para analizar el expediente resuelto el primer día después de la feria judicial. “Esperamos que para los próximos fallos se dignen por lo menos a hacer una disidencia”, comentan en el Gobierno.
u Aun en este pequeño bloque surgieron chisporroteos. Fue después de que apareciera en el diario La Nación una solicitada de apoyo exclusivamente al ministro Bossert, firmada por prestigiosos juristas y escritores. Sus dos compañeros se ofendieron. Bossert está muy deprimido, pero más que por esos encontronazos, por la ola de descrédito.
u Entre la mayoría menemista también se plasman diferencias. Nazareno, Moliné y López mantienen un bloque. Comparten abogado y se muestran como los más activos ante la Comisión de Juicio Político que los investiga: no paran de presentar cuestionamientos a los diputados. Su principal preocupación jurídica es conocer el contenido de las denuncias en su contra y su estrategia básica es presentarse como perseguidos políticos. Pero Vázquez adoptó un perfil mucho más agresivo. Como contracara del pedido de la comisión sobre viáticos, asesores, sueldos y licencias del tribunal, reclamó los mismos datos a los legisladores. Boggiano mantiene una vieja enemistad con Nazareno originada en el reparto de poder dentro del tribunal. Para diferenciarse, contrató su propio team de abogados.
u El dilema de entregar o no la información sobre cuestiones administrativas fue determinante en las últimas fracturas internas. Que algunos .-Bossert, Belluscio y Petracchi– dijeran que no tenían nada que ocultar fue interpretado por otros como una ruptura de códigos internos. En una pequeña alianza transitoria, Boggiano y Fayt planteaban una salida intermedia. Finalmente se resolvió entregar todo. Pero los diputados tendrán que ir a buscar por sí mismos ciertos datos, como las declaraciones de bienes de los cortesanos.
En la génesis de los tironeos de la Corte con los gobernantes hay una serie de anécdotas y malos manejos que entorpecieron, al menos por lo pronto, cualquier negociación posible e impulsaron la confrontación abierta. Dos operadores peronistas, conocidos abogados, intentaron mediar pero obtuvieron una pésima respuesta cuando les sugirieron a algunos ministros que renunciaran. Para peor, el Gobierno intentó algunos pedidos de favores que no fueron bien recibidos. Uno de ellos fue un pedido de recorte del 13 por ciento para el Poder Judicial. Y una versión que circula en los tribunales de Retiro dice que en enero Duhalde les hizo llegar que quería ver presos a algunos caceroleros y banqueros con la ilusoria hipótesis de que así podría manejar el descontento popular. Después el ministro de Justicia Jorge Vanossi recibió un comentario alarmante de un supremo de la minoría: el alto tribunal, le advirtió, estaba preparando un fallo que podría declarar inválida la asamblea que nombró Presidente a Duhalde. Los ultramenemistas de la Corte, sin embargo, desmintieron que estuvieran pergeñando semejante cosa.
Después vino el comienzo del Juicio Político y ahora los jueces de la Corte se dicen plantados en la postura de no renunciar, a pesar de queincluso sus más íntimos se los piden. Por el momento, seguirán apostando a causar irritación en el Gobierno. Además de la causa de los ahorristas porteños, la de San Luis y la inconstitucionalidad del decreto que frenó los juicios contra el corralito, favorecerían al camarista Claudio Kiper a quien ellos mismos habían obligado a devolver 250 mil dólares. Y hay otro expediente al que los jueces están atentos, aunque no llegó a la Corte: la presentación contra el corralito que hizo la asociación Adecua en representación de todos los consumidores del país.