El proyecto de ley que establece un marco regulatorio para las demandas de particulares o empresas contra el Estado nacional obtuvo ayer dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y está listo para ser debatido en el recinto de sesiones.

El proyecto fue aprobado a fines del pasado año parlamentario por la Cámara de Diputados, durante la misma instancia en la que se debatió el nuevo Código Civil. El expediente rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, aclaró que “el concepto de responsabilidad que estamos votando incorpora toda la jurisprudencia de la Corte” y que “amplía el marco de responsabilidad del Estado”. Y agregó: “Que no digan tonterías. Lo que se publicó en algunos medios es mentira: no se busca con esta ley eludir las responsabilidades de los funcionarios en materia penal”, insistió. Por su parte, el radicalismo y el PRO cuestionaron la iniciativa particularmente en el artículo 6, que menciona “que el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal”.