Las dos empresas que hegemonizan el negocio del acarreo de autos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le presentaron un escrito al jefe de gobierno, Mauricio Macri, en el que le reclaman una supuesta deuda por “costos no salariales” desde 2007. Según los empresarios, la deuda asciende a 120 millones de pesos. Se trata de las dos compañías que tienen la concesión desde hace 24 años, por la que pagan un canon fijo al Estado porteño y se quedan con la recaudación del acarreo. Como reveló Página/12, además de ese dinero, el gobierno porteño las financia a través de una partida de la Dirección General de Concesiones: entre 2008 y este año recibieron 122 millones de pesos. Ahora van por el doble.

En julio de este año, Macri resolvió aumentar la tarifa de los parquímetros de 1,40 a 3 pesos, lo que implica un incremento del 114 por ciento. La tarifa del acarreo también aumentó en febrero de este año, por tercera vez en la gestión PRO: en 2008, la subieron de 150 a 190 pesos; en 2012, a 350 y este año, a 450 pesos. Un 200 por ciento de aumento. Por el contrato que firmaron en 1990 con el intendente Carlos Grosso, las empresas Dakota SA y BRD Sacifi se llevan íntegra la recaudación y abonan un canon fijo al gobierno porteño.

El negocio se está ampliando: el gobierno de Macri consiguió pasar una ley por la Legislatura que amplía la cantidad de los espacios con tarifa: se sumarán 140 mil espacios que son gratuitos hasta hoy y, en 2017, se incorporarán otros 2688 espacios más. Más del 45 por ciento de la ciudad pasará a tener estacionamiento medido. La licitación para este cambio estaba prevista para el 15 de agosto, pero se postergó para el 5 de septiembre.

Como informó este diario, las dos empresas no sólo reciben el dinero de la recaudación, sino que vienen recibiendo una suma creciente año a año a través de una partida de la Dirección General de Concesiones, que depende del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera. El director general, Gabriel Astarloa, no es, sin embargo, un hombre de confianza de Cabrera y no comparten las mismas opiniones sobre este negocio. En la interna tercia, sin demasiadas ganas, el subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich.

El otro actor en el negocio del acarreo es el gremio de Camioneros, que tiene a los trabajadores de las empresas agremiados. El dirigente Hugo Moyano ya consiguió que Macri consiguiera una ley para pagarle una indemnización a los trabajadores de la recolección de la basura que no perdieron su trabajo. Implicó un bono de 220 millones para la ciudad.

En 2007, el sindicato de Camioneros, las dos empresas BRD y Dakota y el gobierno de Jorge Telerman firmaron un acta acuerdo por la que el gobierno porteño se empezó a hacer cargo de pagarles un adicional (el 20 por ciento del sueldo básico del convenio de Camioneros) a los trabajadores de las empresas privadas. También de pagarles las horas que les cobraba la Policía Federal como adicionales. El argumento fue que la tarifa estaba congelada desde los ’90.

Este acuerdo se mantuvo durante el gobierno de Macri, pese a que la tarifa de acarreo creció exponencialmente. En 2008 y 2012, las dos empresas consiguieron que el gobierno porteño les firmara un acta acuerdo donde les mejoraron más el esquema de ganancias. En 2012, el gobierno porteño se comprometió a pagar las multas impagas de los autos acarreados cada fin de mes.

El equipo del auditor porteño Eduardo Epszteyn encontró una partida de la Dirección General de Concesiones que, pese a tener un bajo presupuesto aprobado por la Legislatura, mueve millones hacia las dos empresas del acarreo. “Un barril sin fondo”, lo definió Epszteyn. En 2010, la partida destinada al “alquiler de camiones” tenía 11 mil pesos disponibles y fluyeron 10 millones 700 mil pesos hacia Dakota y BRD. En 2011, fueron 28 millones 612 mil, pese a que el presupuesto era de 70 mil pesos. En 2012, las dos empresas recibieron 32 millones 316 mil pesos, aunque el presupuesto oficial era de 70 mil pesos. En 2013 fue el record: la partida tenía cero pesos de presupuesto, pero gastaron 49 millones 191 mil pesos.

Este año, la partida muestra cuotas regulares mes a mes de aproximadamente dos millones de pesos hacia las empresas. Entre 2008 y la actualidad, las dos empresas recibieron más de 122 millones de pesos. El canon actual que pagan por mes es de 55 mil pesos.

Sin embargo, en la presentación de 50 páginas que le hicieron hace un mes a Macri, firmada por sus presidentes Marcelo Violante (Dakota) y Bernardo Pérez (BRD), reclaman otros 120 millones de pesos (60 cada una) por “costos no salariales” que, según afirman, el gobierno porteño les adeuda desde 2007. En la lista figuran seguros, asesoramiento legal, publicidad y limpieza. El reclamo le llegó directo a Macri porque los distintos funcionarios que deben intervenir no quieren tocar el tema. El todavía procesado jefe de gobierno no resolvió aún que responderá a las dos empresas que la levantan con grúa.