“Si no venís, yo me voy a encargar de vos”, bramó vía teléfono celular el jefe de la policía provincial, Julio César Suárez, al periodista Dante Leguizamón. Eran las once y media de la noche del viernes y Leguizamón no lo podía creer. Regresaba a su casa luego de su jornada laboral y la máxima autoridad policial lo estaba amenazando. “Suárez quería venir a mi casa –contó el periodista a Página/12–. Por supuesto que me negué. Viví una noche espantosa, terrible. Imaginate: el hombre que tiene un ejército de 23 mil policías armados me llamó a los gritos, fuera de control. Ya me había mandado tuits. Yo tengo familia, y esa noche, a cada pasada de un móvil policial, un sobresalto. Fue de terror.” Ante el escándalo y mientras arreciaban pedidos de renuncia, Suárez ayer emitió un comunicado pidiendo “formales disculpas”. “De ninguna forma he querido ofender y menos condicionar la actividad del señor periodista”, escribió.

En la tarde, el periodista que trabaja en los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba –los SRT de la UNC, que son de los pocos medios locales que denuncian los abusos de la “política de seguridad” instalada por el gobernador José Manuel de la Sota– había cubierto una protesta de los vecinos del asentamiento Los Cortaderos donde, hace poco menos de quince días, dos policías balearon a dos muchachos. Uno de ellos, de sólo 18 años –Alberto “Güere” Pellico–, terminó asesinado con un balazo policial en la nuca. El chico había salido a comprar una gaseosa junto a un primo. Según las denuncias del sobreviviente y los vecinos, los persiguió un móvil policial con las luces apagadas hasta el patio de la casa en la que vivían con su abuelo, donde les dispararon. El chico agonizó ante su familia y su primo resultó herido.

Los vecinos denunciaron que luego del ataque uno de los policías hasta tuvo la osadía de entrar a una fiesta familiar en una casa cercana, y pedir en voz alta “un fierro para plantarle” al chico muerto. Es que esa pareja de uniformados son reconocidos –y temidos– en el barrio. Uno de ellos, de apellido Leiva, alias el Malevo, ya tenía antecedentes por un crimen similar en otra villa.

La del Güere es la séptima muerte por gatillo fácil en Córdoba en menos de seis meses. Sus familiares, amigos y vecinos han organizado varias marchas y protestas por su asesinato. Eso es lo que estaba cubriendo el periodista Dante Leguizamón cuando comenzó a recibir mensajes y llamados del jefe de la policía cordobesa. Leguizamón volvió de su cobertura al canal y condujo, junto a Miguel Planells, un programa televisivo de investigación –Justicia legítima– que se emite a la noche.

En sus tuits –de los que quedaron capturas, ya que luego fueron borrados–, el jefe policial lo acusaba de mentiroso. Cuando por la noche se presentó el informe, el funcionario delasotista siguió enviando mensajes desde la cuenta oficial de la policía. No satisfecho con eso, se fue hasta el canal –que queda en las afueras de la ciudad, cerca del Aeropuerto Internacional– y a los gritos pidió ver a Dante Leguizamón. “No creía que yo ya no estaba. Entonces se la tomó a los gritos contra mi compañero, Miguel Planells. Después comenzó a llamarme a mi celular y me dijo eso de ‘si no venís, yo me voy a encargar de vos’”, detalló Dante.

El sábado por la mañana, junto con el abogado Claudio Orosz, especialista en derechos humanos y uno de los querellantes en el juicio La Perla, Leguizamón presentó una denuncia judicial en Tribunales por las amenazas padecidas, el “amedrentamiento” y la “posibilidad de sufrir un daño cierto, futuro y posible”. Es que mientras el gobernador De la Sota pasea su sonrisa por todos los canales tras su sueño presidencial, su policía parece estar haciendo méritos para pasar a la historia como una de las peores que ha padecido esta provincia desde finales de la dictadura.

A partir de la asonada de diciembre, cuando atrincherados y a punta de pistola más de 10 mil uniformados le exigieron un aumento de sueldo y, en pos de eso liberaron la ciudad a saqueos –ostensiblemente organizados– y al vandalismo en la noche más negra que se haya vivido desde el terrorismo de Estado, De la Sota no sólo les concedió todo lo que le pidieron. También, con una frase en plural como si ese 5 de diciembre se alineara él mismo con los rebeldes, lanzó: “Salgamos a atrapar a todos los delincuentes, que no quede ninguno en la calle”. Una inquietante frase que pareció otorgarles una velada licencia para matar. De hecho, un policía eufórico por la noticia y esas palabras festejó ante el micrófono de un periodista: “¡Ahora vamos a salir a hacer goma a Córdoba!”.

Esos días de fuego y de vale todo fueron un antes y un después para los ciudadanos cordobeses. No sólo por las sospechas de todos contra todos que produjo un quiebre entre vecinos, sino por lo que llegó después: a las muertes por balas policiales, se sumó el maltrato cotidiano de miles de ciudadanos desde que el gobernador instaló su “política de seguridad”, basada en lo que llamó “operativos saturación”. Una modalidad que aquí se conoce como “operativos humillación” y que no son otra cosa que allanamientos masivos a barrios pobres para exhibir y escarnecer en corralitos, maniatados y a la vista de todos, en plazas públicas, a los supuestos “delincuentes”.

De los atrapados, “un 82 por ciento lo están por infracciones al Código de Faltas, no por comisión de delitos”, publicó el diario La Voz del Interior, basándose en los partes que envía la propia policía a los medios de comunicación. Esa realidad no detuvo a la policía delasotista ni a quien generó esta línea política, que persigue el amedrentamiento masivo y público. La instalación lisa y llana del terror en su más pura esencia: no hace falta cometer un delito para ser culpable o sospechado de culpabilidad.

Así, desde que comenzó el año, Córdoba vive un virtual estado de sitio con controles policiales permanentes en las calles, que se ensañan con los motociclistas. Pareciera que quien maneja una moto es sospechoso de ser “motochorro” hasta que demuestre lo contrario. En tanto que los jóvenes de piel oscura, ropa humilde o de gorra, viven en la incertidumbre cuando caminan por algunas zonas coquetas del microcentro por temor a ser “demorados”, o expuestos manos contra la pared durante horas. Es que su Código de Faltas –que la oposición acusa de inconstitucionalidad– tiene como bastión la figura del “merodeo”, que le da poder a la policía para detener a la gente. La semana pasada, De la Sota blanqueó su pensamiento en el último coloquio de la UIA. “Tengan cuidado –advirtió–, no vaya a ser que el chico que les abra las puertas cuando van a un restaurante, los apuñale para sacarles la billetera y comprar paco”, advirtió a los empresarios sin reparos. Según él, hay que “declarar la emergencia juvenil”. Y un detalle: lo del paco en Córdoba no está tan difundido como en el conurbano bonaerense, casi no existe en la provincia.

El periodista amenazado recibió el apoyo y la adhesión de numerosas instituciones políticas, periodísticas, de derechos humanos y de colegas y vecinos en general: desde las autoridades de los SRT, pasando por la Afsca, Adepa, Fopea; HIJOS y Familiares de Desaparecidos, el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba; y Unidos y Organizados, entre otros.

Desde la gobernación no hubo reacción institucional. Consultado por una periodista, De la Sota ayer eligió la ambigüedad: “Hay que tener cuidado con lo que uno pone en Twitter –sentenció–. Yo soy muy cuidadoso”.