@“Al estudiante que corre con zapatillas y sobre asfalto hay que evaluarlo y lograr que se esfuerce. Al que corre descalzo sobre empedrado también hay que evaluarlo y lograr que mejore. Pero lo que no podés hacer es esperarlos a los dos en la llegada y rankearlos. Eso sería estigmatizar.” La metáfora pertenece al titular de UTE-Ctera, Eduardo López, y resume el rechazo de todos los sindicatos docentes y la oposición porteña al Instituto de Evaluación que el bloque del PRO intentará aprobar este jueves en la Legislatura. Los puntos que causan mayor polémica son la autarquía del instituto y su financiamiento privado. El macrismo cuenta con 28 votos propios más otros dos que le aportará el bloque de Graciela Ocaña. Si se mantienen los 30 votos opositores, la vicejefa María Eugenia Vidal se verá obligada a desempatar.

Evaluar y castigar

Luego de una agitada discusión en la Comisión de Educación la semana pasada, el PRO logró un dictamen de mayoría y la preferencia para que sea tratado este jueves. Cuando se conoció el proyecto macrista en su versión final, los legisladores del Frente Amplio Unen advirtieron sobre un extendido uso del “copiar y pegar” de su propia iniciativa. Los macristas proponen crear un Instituto de Evaluación de Calidad y Equidad Educativa, que tendrá autarquía financiera y podrá recibir financiamiento privado. Tendrá un director ejecutivo, que durará cinco años en el cargo, y será nombrado por el Ejecutivo previo concurso. En el directorio habrá tres representantes del Ejecutivo, tres de la Legislatura y dos de los sindicatos, además de un supervisor escolar, que también elegirá el gobierno porteño. El PRO tendrá mayoría propia. Según el proyecto macrista, el director podrá “contratar expertos nacionales o extranjeros para realizar estudios”, y el ente evaluará “los aprendizajes de los alumnos, la formación y práctica docente y el desarrollo de la gestión”.

El dictamen de FA-Unen propone un “organismo desconcentrado”, al que llama Unidad de Evaluación Integral de la Educación. No permite otro financiamiento que no sea lo asignado presupuestariamente, más “herencias, legados y donaciones”.

El Frente para la Victoria también presentó un proyecto: remarca que “la función evaluadora no puede ser delegada a sectores ajenos a la administración del Estado a través del Ministerio de Educación”, y propone la creación de un Consejo Asesor de Evaluación de la Calidad Educativa Integral (Caeie). La evaluación en sí se mantendría dentro del Ministerio de Educación, en la actual Gerencia de Evaluación Educativa, que este año tuvo un incremento presupuestario del 300 por ciento.

“La gran diferencia entre los tres proyectos es que el del PRO tiene una cuenta bancaria. El gobierno porteño no puede abrir cuentas por decreto. Esa es la clave de esta ley: para el financiamiento privado necesitan una cuenta privada”, señaló López, de UTE-Ctera. “No estamos discutiendo evaluación. Estamos discutiendo plata”, remarcó. En los gremios docentes, el veredicto sobre la propuesta macrista es unánime: todos se oponen. “El proyecto responde a la lógica neoliberal de la década del ‘90 con un contundente sesgo mercantil y punitivo”, indicó la titular del Sadop, María Fernanda Benítez. “No mejora la educación y afecta al régimen laboral de los trabajadores”, afirmó el secretario general de Ademys, Jorge Adaro. Tampoco cuenta con la simpatía de la Iglesia, que dejó trascender que limitaría la libertad de enseñar. “¿Cómo van a evaluar los Diez Mandamientos? ¿La ética?”, se preguntaban en la Vicaría para la Educación.

La rosca

“El carácter autárquico es innegociable porque no estamos de acuerdo con que sea una oficina dentro del ministerio, aunque podemos encontrar formas similares a la autarquía”, señaló la legisladora del PRO que preside la Comisión de Educación, Victoria Morales Gorleri, cuyo estado avanzado de embarazo hizo que el macrismo apurara una votación que promete ser ajustada: 30 votos contra 30 votos. “Hay muchas miradas sobre lo que va a hacer Ocaña”, advirtió la kirchnerista Lorena Pokoik. “Alguien como Ocaña, que está peleando contra la corrupción, está por habilitarle al PRO una cuenta bancaria por fuera de los controles del Estado”, remarcó López, de UTE, y advirtió: “Hace dos meses que no nos recibe”.

¿Qué dice Ocaña? “Estoy de acuerdo con el instituto en líneas generales, porque la educación tiene muchos problemas”, afirmó Ocaña a Página/12.

“Estamos proponiendo distintas reformas. Del proyecto que ingresó a éste, ha mejorado. Cuando hicimos campaña, dijimos que íbamos a trabajar para mejorar la educación. Hay gente humilde que manda a sus hijos a una escuela privada porque siente que la escuela pública no les da lo necesario. Yo quiero defender la escuela pública y para eso hay que tener una educación de calidad y hay que evaluar a los docentes y a los alumnos”, indicó. Sobre el financiamiento privado, señaló: “Puede ser un convenio con una universidad. No me imagino otro financiamiento”.

“El instituto podría hacer convenios con consultoras privadas”, disintió Pokoik. “Desde el Frente para la Victoria estamos a favor de la evaluación, pero en contra de la autarquía. La evaluación no puede ser punitiva”, señaló. El bloque de FA-Unen, en tanto, está pasando por las turbulencias de ese espacio y se rumoreaba que los legisladores radicales podrían terminar votando con el PRO. “Vamos a intentar que entiendan que esta ley no puede salir con los votos justos. Lo ideal sería discutir otro tipo de ley y no pedazos de una totalidad, que sería una Ley General de Educación”, consideró el titular de la bancada de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. “No estamos de acuerdo con la creación de un organismo externo –agregó– porque se estaría delegando la función del Ministerio de Educación.”