A partir de un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la fiscalía, el juzgado de Sergio Torres envió exhortos a la Justicia de las Islas Vírgenes, Panamá y Uruguay para pedir informes sobre seis empresas investigadas por el “botín de guerra” de la Armada. En las empresas hay marinos, familiares y allegados. El pedido es un primer paso en un expediente que durante años no avanzó y por eso es simbólicamente importante. El juzgado también investiga empresas radicadas en la Argentina. Unas y otras, se sospecha, podrían haber funcionado como “pantallas” para lavar dinero del desapoderamiento de bienes de los desaparecidos. Dos abogados que representan a las empresas se presentaron por primera vez en el juzgado, sacaron copia de todo y, algo nerviosos, pasan todas las semanas a preguntar cómo va.

Las empresas que se investigan son una docena. Página/12 dio cuenta de ellas en febrero, luego de un informe de la UIF y antes de las decisiones de la fiscalía de Eduardo Taiano y del juzgado. Una parte de las empresas está en paraísos fiscales y otra en el país. Entre ellas hay una trama de relaciones en común, como personas físicas y direcciones que suelen pasar de unas a otras. Entre los nombres conocidos están los marinos Ricardo Cavallo y Jorge Radice, ambos del Grupo de Tareas de la ESMA. Radice fue además mano derecha de Jorge “El Tigre” Acosta y contador del GT. También aparecen otros nombres recurrentes, como Norma Beatriz Radice, hermana del contador, y el “Colorado” Miguel Angel Egea, de la derecha peronista, vendedor de influencias, parte del mundo de las finanzas y del juego.

En el informe, la UIF caracterizó algunos roles, como el de la hermana de Radice. Vista de cerca, su trayectoria traza un puente entre el “robo de bienes”, las sociedades y el posible lavado desde el extranjero. “La señora Norma Radice tiene a su nombre bienes que fueron robados a personas desaparecidas”, señaló el informe. “Y a su vez es accionista en dos empresas nacionales con su hermano” y “asimismo es la representante de una de las sociedades del exterior que efectúa inyecciones de capital en el entramado de sociedades locales, como Forestando Delta Investments LLC”.

En esa ocasión, la UIF detectó que la mayor parte de las empresas tiene balances negativos, pero aun así continuaron recibiendo dinero de sus socios a través de aportes locales y desde el exterior. Esas “inyecciones” generaron la hipótesis del lavado: “Esto último constituye una clara maniobra tendiente a lavar activos –dijo la UIF en ese momento–, ya que mediante los aportes de una sociedad extranjera se ingresan al país sumas que se encontrarían en el exterior y que tendrían origen en la liquidación de todos los bienes que fueron apropiados por el Grupo de Tareas 3.3.2”. Desde 2001 y hasta diciembre, el Banco Central señalaba que llevaban inyectados 19.008.513 pesos.

La UIF es querellante en la causa y en diciembre del año pasado pidió una serie de medidas; entre las más audaces, la de investigar por “lavado”. Eso era una novedad jurídica. En las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad aún no se exploró. Para la UIF, permitía investigar hacia atrás y, eventualmente, tener la opción del embargo y congelamiento de bienes. Como la ley es de 2004 y no estaba vigente al momento de los hechos, la posibilidad de usarla es materia de debate. La fiscalía no lo aceptó. Impulsó la investigación, pero no la encuadró como lavado. Aunque técnicamente no es incorrecto, para la querella tiene gusto a poco. El juzgado ahora avanzó con los exhortos. Ahí tampoco investigan aún por lavado, pero no lo descartan. En tanto, pidieron a la UIF toda la documentación respaldatoria del informe.

El robo SA

La causa es un tramo del expediente más grande conocido como “robo de bienes” de la megacausa ESMA. En términos de reconstrucción histórica, los informes de la UIF y la fiscalía hicieron aportes novedosos para analizar el mecanismo del robo de bienes de la ESMA.

Los nombres de las empresas se conocen desde hace años. La UIF reorganizó la información en torno a la hipótesis del lavado y la conectó con la ruta del dominio de algunas propiedades robadas a los desaparecidos. Y la fiscalía aportó una lectura complementaria: partió de los datos más viejos y conocidos como el trabajo esclavo, la documentación falsa y las inmobiliarias para pensar una posible relación con las sociedades. “Uno de los objetivos que perseguía la explotación de esta mano de obra esclava consistía en implementar los medios para concretar el plan de desapoderamiento de bienes de los detenidos y de las organizaciones a las que ellos pertenecían”, dice por ejemplo en uno de los puntos de esa reconstrucción.

Entre las empresas están Seal Lock SA, Martiel SA y Talsud SA, por donde pasaron Radice, Cavallo y Acosta en distintas épocas. Seal Lock tuvo asignada la entrega de registros en la ciudad de Buenos Aires.

Otra de las empresas es Long Regent SA, con relaciones con el barco Casino de Buenos Aires, que –según una denuncia de los primeros tiempos del barco– “paga importantes sumas mensuales a favor de Long Regent SA por servicios de consultoría”, un dato que la UIF confirmó. Otra curiosidad en la historia de estas compañías es una llamada Adela Compañía de Inversiones SA, un instrumento de inversión para América latina de algunos de los capitales más poderosos de los años ’60, como la familia de banqueros suecos Wallenberg, la Standard Oil (grupo Rockefeller) o Fidelity Philadelphia Trust Company. Carlos Schwartz es un periodista argentino radicado en España y especialista en temas financieros. “Es una empresa tristemente célebre para la izquierda de las décadas de 1960 y 1970. Por entonces se acusaba al ministro de Economía del golpista teniente general Juan Carlos Onganía, Adalbert Krieger Vasena, de defender los intereses de los grupos Deltec International y Adela.” Según los datos que él mismo consultó en Panamá, la empresa pasó a manos de Egea y Radice, entre otros, en 1988.

Detrás de esta trama no todo es pasado sino que puede haber efectos sobre el presente. La UIF había pedido una investigación rápida por la capacidad operativa que los fondos aún podrían tener. Imagina que pueden sostener la estructura de prófugos de las causas sobre crímenes de lesa humanidad o actuar como factor de desestabilización en el mercado a través de canales financieros.