El fiscal federal de Morón Leonel Gómez Barbella pidió imputar e investigar a tres dirigentes ferroviarios que responden a Rubén “Pollo” Sobrero por haber dañado trenes nuevos de la línea Sarmiento en medio del paro convocado por sindicatos opositores. La denuncia fue impulsada la semana pasada por el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien mostró filmaciones de las formaciones, en las que se veía a los delegados llevando basura adentro de los vagones.

La presentación judicial fue hecha por la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, que está a cargo del servicio del tren Sarmiento. Los delegados ferroviarios imputados por el fiscal Gómez Barbella son Mónica Schlottauer (de la Unión Ferroviaria Bordó), Edgardo Reynoso, quien es miembro de la Comisión de Reclamos de la línea, y Julio Kapelinsky, empleado de limpieza y hermano de un delegado suplente de la boletería. Los tres habían sido mencionados por su nombre por Randazzo al mostrar públicamente las imágenes. En ellas se veían personas subiendo bolsas de basura al tren, estacionado en el área de limpieza de Castelar.

El fiscal sostuvo que “el accionar desplegado y puesto en evidencia sobre las formaciones chinas RC16 y RC22, que se ve a través de las fotografías adjuntadas a la denuncia, en donde se observa basura desparramada por el piso de una de las formaciones férreas, se relaciona con bienes del Estado que se encuentran bajo la esfera de la cosa pública y conciernen al mantenimiento, ordenación, supervisión y ejecución de las obras vinculadas con el ferrocarril Sarmiento”. El dictamen que impulsa la acción penal dice que no descarta que se puedan identificar otros responsables y que habrá que identificar autores o partícipes, ya sean funcionarios, delegados, sindicalistas o empleados.

El juez federal de la causa es Juan Pablo Salas. Gómez Barbella le pidió algunas medidas para iniciar la pesquisa, empezando por citar a la empresa denunciante para que aporte “mayores descripciones de lo ocurrido e individualice a los autores del hecho”. También requirió la nómina del personal asignado para trabajar ese día, así como qué tareas se cumplieron y cuáles no. Quiere aclarar, incluso, si estos trenes debían funcionar el día del paro. Como testigos pidió que se cite a la coordinadora de limpieza, su supervisor, el subgerente de material rodante y el de personal de recursos humanos. La denuncia relata que la coordinadora avisó a recursos humanos que Schlottauer había amenazado al personal de limpieza con que si continuaban la jornada laboral tirarían basura y harían graffitis.

La fiscalía también pidió filmaciones de las cámaras de seguridad de adentro de las formaciones. Por lo pronto, el jefe de material rodante habría informado que no existen por un “impedimento técnico”, del que no hay precisión. Sólo habría registro del momento en que los delegados entran con la basura. La Policía Federal, además, deberá aportar un acta que labró.

“Lo que han hecho es indignante (...), con esto luchamos todos los días desde que nos hicimos cargo del transporte”, dijo la semana pasada el ministro Randazzo, al anunciar que se haría una presentación en Tribunales contra los delegados por daños e interrupción del servicio y que pediría el desafuero. El objetivo de los delegados –sostuvo– fue “impedir que los vagones comenzaran sus tareas, amenazándolos con que iban a dañar las formaciones, cosa que posteriormente hicieron”. El delito de daño agravado, como en este caso en que afecta bienes públicos, prevé penas que pueden variar de tres meses a cuatro años de prisión.