Son 14 cuerpos de expediente los que hay que estudiar a fondo antes de hacer el pedido formal de desarchivo de la causa por las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Y a esa tarea están dedicados los familiares y compañeros de Darío Santillán, junto a su abogado, dado que la Justicia autorizó la vista del caso y la extracción de copias. Aunque ya tienen una clara visión del enfoque que tendrá la solicitud para que sea reabierta la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato de Santillán y Maximiliano Kosteki, ocurrida el 26 de junio de 2002, consideran imprescindible tomar conocimiento de los fundamentos por los cuales el juez federal Ariel Lijo la archivó.

En su momento, el fiscal federal Miguel Angel Osorio había requerido a ese magistrado el allanamiento de la dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense y el entrecruzamiento de las casi 300 mil llamadas telefónicas realizadas en la zona del procedimiento represivo que culminó con la muerte de los piqueteros, realizadas durante las horas del mediodía de aquella jornada. Esa medida se concretó y la Gendarmería concluyó que no había existido ningún vínculo entre las comunicaciones y las líneas de los funcionarios sospechados por haber dado las órdenes de la represión. Sin embargo, los investigadores no descartan que sea posible hacer un nuevo análisis más preciso sobre la maraña que implica el entrecruzamiento de las llamadas. Lo que nunca se realizó, por la negativa del juzgado, es el allanamiento a la Bonaerense. Tras aquella negativa, Osorio había solicitado el archivo del expediente. Sin embargo, según pudo saber Página/12 de fuentes judiciales, ahora estaría dispuesto a acompañar el pedido de desarchivo que presentará la querella, con el fundamento de que “no se hicieron todas las medidas que se deberían haber hecho porque el juzgado no quiso”. La fuente comentó que nunca se averiguó la existencia de las órdenes sobre cómo tenían que movilizarse los efectivos o cuál fue el esquema de conducción que utilizaron. Y el “peine fino” sobre las llamadas tendría que ver con incluir otros números, por ejemplo de secretarios privados y hasta personas del círculo íntimo de la mitad de los funcionarios del gabinete del ex presidente Eduardo Duhalde.