Algún espectador desprevenido puede verse sorprendido en estos días por la aparición televisiva del arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, haciendo una exhortación, en nombre de los obispos católicos argentinos, “a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados, o conozcan lugares de sepultura clandestina, (para) que se reconozcan moralmente obligados a recurrir a las autoridades pertinentes”. En el spot –que se difundirá por todos los canales como parte de la pauta de publicidad oficial– el arzobispo que preside la Conferencia Episcopal aparece flanqueado por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y por Rosa Roisinblit, vicepresidenta. El texto leído ahora por Arancedo ante las cámaras es parte de una declaración sobre el tema que ya había sido emitida por el Episcopado en noviembre de 2012, pero ésta es la primera vez que el máximo representante de la jerarquía católica del país asume personal y directamente el pedido, accediendo a una solicitud que desde muchos años atrás han venido realizando no sólo las Abuelas sino la totalidad de los organismos de defensa de los derechos humanos.

El spot, que también puede verse en la página institucional de las Abuelas, lleva por título “La fe mueve hacia la verdad”. De manera coincidente, el obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Jorge Lozano, dio a conocer una carta en la que se expresa en términos similares a los planteados por Arancedo. “Ha habido una red de silencio y complicidad que ha mantenido amordazada la verdad acerca de los bebés, ahora jóvenes adultos”, dice Lozano en su misiva. Y reitera también la “obligación moral” de aportar datos para quienes posean información. Porque –sostiene Lozano– “la moral no es solamente no mentir; esconder la verdad o callarla también es inmoral. No alcanza con no hacer daño a alguien. No realizar el bien posible también es lastimar”. Y dirigiéndose directamente a los fieles católicos subraya que “si sos creyente en Dios, los mandamientos de no robar, no mentir, no matar también se aplican en estas circunstancias”.

En julio anterior, después de un encuentro con las Abuelas, la Conferencia argentina de religiosas y religiosos (Confar), que nuclea a las congregaciones de todo el país, también asumió el compromiso de colaborar en la búsqueda de niños nacidos en cautiverio.

A todo lo anterior se suma la invitación que el papa Francisco le formuló a la familia Carlotto para un encuentro en el Vaticano. Bergoglio manifestó su deseo de conocer personalmente a Ignacio Guido Montoya Carlotto y la reunión quedó fijada para el próximo miércoles 5 de noviembre, a las 17, en la residencia de Santa Marta, en Roma. Del encuentro participarán varios miembros de la familia Carlotto, quienes viajarán a Roma asumiendo el costo de sus traslados, mientras que, dada la invitación pontificia, una vez en Roma todos serán huéspedes de la Santa Sede.

No existe una agenda determinada de antemano para la ocasión. Se descarta, sin embargo, que la presidenta de Abuelas insistirá ante el Papa para que interponga sus buenos oficios a fin de, por un lado, alentar a los católicos para que aporten los datos que pudieran conducir a la identificación de niños nacidos en cautiverio, y por otro para que la propia institución eclesiástica contribuya con información que obre en su poder y que pueda colaborar al mismo propósito.

Los cambios en la actitud institucional de la Iglesia Católica han provocado acercamientos entre los obispos y las Abuelas. En varias reuniones, de las que participaron Estela de Carlotto y el arzobispo José María Arancedo, se exploraron posibilidades de colaboración, teniendo también en cuenta que integrantes del Movimiento Familiar Cristiano, una organización de laicos católicos, actuaron en varios casos como intermediarios en la sustracción de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura. Los organismos defensores de los derechos humanos aspiran también a que la Iglesia Católica permita el acceso a documentación y archivos que podrían arrojar luz no sólo sobre estos hechos, sino sobre otros casos de desaparecidos en tiempos del terrorismo de Estado. Esa documentación puede estar tanto en Buenos Aires, en la propia Conferencia Episcopal, o bien en la Nunciatura Apostólica (embajada del Vaticano), como en los archivos romanos de la Santa Sede. Hasta el momento, los obispos han negado tener datos y no existe información acerca de que haya en la Iglesia una clara disposición a facilitar acceso a tales archivos dado el caso de que los mismos existan realmente.

Probablemente a esto se refirió Estela de Carlotto al señalar que “algunas respuestas –de la Iglesia– no son muy profundas, pero la Iglesia en Argentina nos puede ayudar a encontrar rastros de nietos que fueron entregados a instituciones católicas”. Se descuenta también que, al margen de las trabas institucionales que existen, una decidida intervención del papa Francisco en el tema podría allanar el camino en la búsqueda. De ahí también la importancia del diálogo directo entre Francisco y la familia Carlotto.

Mientras tanto, en otro orden de cosas, la Iglesia Católica en Argentina sigue postergando decisiones institucionales frente a casos graves y comprobados de violaciones a los derechos humanos en ministros condenados por la Justicia civil, como es el caso de los sacerdotes Christian von Wernich, penado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad, y Julio César Grassi, convicto a quince años de prisión por abuso sexual infantil.

El tema de la colaboración de la Iglesia en la recuperación de la identidad de niños nacidos en cautiverio estará presente nuevamente en la asamblea plenaria del Episcopado que se celebrará en Pilar (Buenos Aires) del 10 al 15 de noviembre próximo, oportunidad en la que también se votará la renovación de autoridades del organismo, hasta ahora presidido por el arzobispo Arancedo.