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Fue el primer juez federal que cayó en desgracia, cuando una cámara oculta reveló sus contactos con el contrabando. Y se sentó en el banquillo de los acusados en el juicio oral y público desde donde tendrá la oportunidad de defenderse por última vez. El Tribunal Oral en lo Penal Económico número 3 (TOPE) inició ayer la primera jornada del proceso en el que se juzgará al ex magistrado federal Carlos Branca por los presuntos delitos de contrabando calificado y asociación ilícita. El tribunal dedicó la primera jornada a escuchar los requerimientos de elevación a juicio formulados por la fiscalía, tras lo cual dispuso un cuarto intermedio hasta hoy, cuando retomará el debate para decidir sobre “cuestiones preliminares” que planteen las partes.
Además de Branca, figuran en la causa como imputados su ex secretario Juan Carlos Pinto y ex agentes de la Dirección General de Aduanas, entre ellos Marcelo Paolini, quien en un tramo de la instrucción del sumario apareció como el “arrepentido” que filmó las imágenes de “cámara oculta” contra el ex juez. Según consta en la causa, Branca y Pinto habrían montado una estructura “judicial” para “proteger a contrabandistas” que ingresaban mercadería por el aeropuerto de Ezeiza durante 1995 y 1996. Fuentes judiciales consultadas por la agencia DyN anticiparon que, entre otras cuestiones se podría plantear –de acuerdo a comentarios de varios defensores– la nulidad de la causa, porque el hecho habría sido juzgado con anterioridad en Uruguay.
Luego de resolver las “cuestiones preliminares”, el tribunal tiene previsto para el lunes próximo iniciar la ronda de 27 indagatorias (tal el número de los procesados). El primero será Salvador Lupetti, a quien invitarán a hacer uso de su derecho a declarar o permanecer callado. La instrucción de la causa y los videos llevaron a Branca a juicio político en el Congreso de la Nación, y en 1997 fue destituido. El ex juez pasó 10 meses preso en Gendarmería y salió en libertad en octubre de 1998 gracias a la fianza de 30 mil pesos que aportaron sus padres.
El ex magistrado, asistido por los abogados Jorge Sappia Dussaut y Roberto Schlagel, adelantó que no se negará a declarar y que contestará todas las preguntas que le formule el tribunal, la fiscalía o la parte querellante, rol que ejerce la Aduana. Varios de los vuelos fueron contratados con la empresa Celta, mientras que Rapid Pack era una de las firmas que figuraba como destinataria de la mercadería que entraba al país eludiendo el control aduanero. Entre los involucrados figuran también personal civil de la Fuerza Aérea Argentina y Antonio Maurello y Orlando Fernández y Emilio Novoa, ex administrador y subadministradores de la aduana de Ezeiza.