Desde Córdoba

El jefe de la policía de la provincia de Córdoba, Julio César Suárez, quien amenazó al periodista Dante Leguizamón, que cubría un operativo de represión policial, fue imputado por “coacción” por el fiscal Alfredo Villegas. A más de tres meses de producido el incidente, el 15 de agosto pasado, la Justicia consideró que “hay prueba suficiente para imputar” al jefe de la policía delasotista: el hombre que tiene a su cargo un ejército de más de 23 mil agentes armados llamó nada menos que doce veces al teléfono celular del periodista para evitar que éste siguiera informando, vía Twitter, sobre el accionar de sus subordinados en el paupérrimo barrio Los Cortaderos, donde los vecinos protestaban por el asesinato de Alberto Fernando “Güeré” Pellico, baleado por dos policías.

Y no sólo eso: el comisario Suárez le escribió al periodista un tuit llamándolo “mentiroso” y, por la noche, cruzó la ciudad y fue al canal de tevé donde trabaja (el 10, de la Universidad Nacional de Córdoba) y exigió hablar con él. Como Leguizamón no estaba, increpó a su compañero Miguel Planells, llamó nuevamente al móvil del periodista y le exigió que volviera al canal para hablar con él. Ante la negativa de Leguizamón, le espetó: “Si vos no venís, yo me voy a encargar de vos”.

Ante el escándalo que se desató, luego de que Leguizamón denunciara en Tribunales las llamadas, mensajes, amenazas e intimidaciones, Suárez se limitó a dar a conocer una nota pidiendo “formales disculpas” al periodista, una insuficiente actitud que, sin embargo, fue respaldada con énfasis por el gobernador José Manuel de la Sota, quien minimizó lo ocurrido como “un malentendido”; calificó al jefe policial como “una persona de bien” y, de paso, aconsejó “que hay que tener cuidado al usar el Twitter. Yo soy muy cuidadoso”.

Eso no fue todo. No bien se supo de la imputación penal al jefe de policía, el gobernador marcó otro hito en este caso: en un acto oficial ratificó a Suárez en su cargo, aun cuando todo el arco opositor y gremial clama por su inmediata renuncia.

“Este hombre no pude estar ni cinco minutos más frente a una institución –afirmó el senador nacional Luis Juez–. Esos hechos existieron y el propio Suárez pidió disculpas, no se pueden perdonar. Con eso alcanza para pedir la renuncia, no necesitamos que el delito quede configurado y que Suárez quede condenado; el hecho ya alcanza para decir que ésta no es la característica del jefe de policía que Córdoba necesita.” Los radicales no fueron tan directos, pero también se sumaron al pedido de dimisión “hasta que todo este proceso judicial se aclare”. En tanto, desde el Frente para la Victoria, Carlos Vicente destacó que “cuando Suárez amenazó en forma personal y pública a Leguizamón exigimos su renuncia, porque significó un ataque gravísimo a la libertad de expresión no sólo de Dante, sino de todos los periodistas de la provincia. Esta imputación de la Justicia no hace más que confirmar aquello y es inadmisible que el gobernador lo sostenga en su puesto”. Para el dirigente kirchnerista, “esta actitud de De la Sota deja en claro que necesita a un jefe de policía que le sirva para amenazar a periodistas, y que los cordobeses no sepamos de las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que protagonizan la mayoría de los uniformados a las órdenes de Suárez, por pedido del gobernador”, denunció. También se sumaron al reclamo de la renuncia de Suárez el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, y el legislador radical Rodrigo de Loredo.

El periodista amenazado, en tanto, dijo sentirse “protegido por la solidaridad demostrada por los compañeros de prensa, y satisfecho por el procesamiento de Suárez”. Leguizamón explicó que “el fiscal podría haber considerado imputaciones más leves pero terminó optando por la más grave, que es la de coacción, indicando que la amenaza de Suárez de aquella noche existió, y no sólo eso: que tenía como objetivo atacar la libertad de expresión”. También quiso dejar en claro: “Ojo, yo no pido la renuncia de Suárez. No me siento con derecho a hacerlo. Simplemente creo que los delitos no se reparan pidiendo disculpas, y que Suárez es el emergente de una política de seguridad basada en sostener a una fuerza que se autogobierna porque el poder político –sobre todo después del acuartelamiento– le tiene miedo”.

Organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo-Córdoba; H.I.J.O.S.; Familiares de Desaparecidos por razones Política, y agrupaciones como Unidos y Organizados, el Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba: Cispren, Fopea e instituciones como la Afsca y la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras, apoyaron a Leguizamón desde el mismo sábado 16 de agosto cuando, junto al abogado Claudio Orosz –querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura–, el periodista decidió denunciar en el fuero penal al iracundo jefe policial que, incluso, le había exigido la dirección de su casa para ir a buscarlo. Leguizamón se negó y, en aquella oportunidad, admitió a Página/12 haber sentido “un miedo terrible, ya que tengo familia y toda la noche la pasé sin dormir y sobresaltado por cada auto que pasaba frente a la ventana de mi casa. Me sentí como deben haberse sentido muchos en la época más oscura de nuestro país”.

La tensa historia entre el jefe policial y el periodista comenzó con la investigación que Leguizamón y su compañero Miguel Planells hicieron sobre el asesinato de Alberto “Güeré” Pellico en la barriada de Los Cortaderos (llamada así porque allí hay hornos donde se amasan, cortan y cuecen ladrillos). El muchacho, de apenas 18 años, volvía con su primo Maximiliano Peralta en una moto luego de comprar una gaseosa tras su agobiante jornada laboral, cuando dos policías –reconocidos en el barrio por su fama de gatillo fácil– los habrían seguido con las luces del auto apagadas hasta la casa del abuelo de Pellico. Les dispararon por la espalda. El Güeré agonizó en el patio del anciano en brazos de su primo, también herido.

En el barrio hubo testigos de que la pareja de policías –Rubén Leiva, alias “el Malevo”, y Lucas Chávez, ambos con antecedentes de sendos jóvenes muertos en dudosos tiroteos–, eran caras tan temidas como reconocidas por su uso y abuso de poder. Un testigo aseguró ante la prensa y luego ante el fiscal que uno de ellos, Leiva, no tuvo reparos en entrar a una vivienda exigiendo a los gritos que le dieran “un fierro” para plantárselo al chico muerto.

Desde principios de año –y luego del levantamiento policial del 3 de diciembre– ya hubo ocho personas muertas a causa de balas policiales; además de los “operativos saturación” –rebautizados “humillación”– que consisten en razzias masivas en barrios pobres, y en las que se someten al escarnio público durante horas a las personas detenidas, manteniéndolas en corralitos armados en las plazas. La política de mano dura implementada por De la Sota castiga en forma diaria a los cordobeses. Vía el Código de Faltas, los corralitos, el enorme despliegue de controles por uso de motos (aquí, quien tiene una es sospechoso de motochorro hasta que no demuestre lo contrario), y las detenciones por simple “portación de rostro” se han convertido el algo cotidiano.

Resulta paradójico que en Córdoba, la tierra de “los negrazones” que alimentaron las páginas de la legendaria revista Hortensia, o los chistes de los reconocidos humoristas locales, ser morocho y vestir ropas humildes, se ha convertido en todo un estigma. Eso sin contar que la suma de todos estos procedimientos ha sumergido a la provincia en un virtual estado de sitio. ¿El origen de este estado de situación? Sin dudas existe un antes y un después del autoacuartelamiento policial, y la noche de saqueos del 3 al 4 de diciembre pasado.

Durante todo este año ha quedado en claro que los policías insurrectos lograron lo que querían y más cuando decidieron extorsionar al poder político: les aumentaron el sueldo en un porcentaje mayor al que solicitaban, les dieron rienda suelta a sus impulsos represivos y, lo más importante, el poder político les tiene miedo.

A todo esto, De la Sota, obsesionado con su campaña presidencial, no parece tener la voluntad para pedirle la renuncia a Suárez. La otra hipótesis es que la “mano dura” del policía no sea otra cosa que la mismísima expresión del brazo armado del candidato, la verdadera cara de su propia política de (in)seguridad. No hay que olvidar que la última cúpula policial fue descabezada luego de que salieran a luz sus estrechas vinculaciones con el narcotráfico en Córdoba.