Las cuevas de la city porteña son el último eslabón de un complejo entramado de operaciones ilegales vinculadas con la compraventa de dólares. Las investigaciones llevadas adelante por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuraduría contra la Criminalidad Económica (Procelac), el Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante los últimos 20 días determinaron que existe un complejo entramado de bancos, sociedades de Bolsa y casas de cambio que fondean a las “cuevas”. El otro dato que aportó la seguidilla de inspecciones es que todas estas entidades reciben dólares a partir de operaciones ilegales vinculadas con el comercio exterior o incluso recursos provenientes del narcotráfico. Las operaciones de contado con liquidación (CCL) son legales para la compra de títulos, pero están prohibidas para las operaciones de comercio exterior. En el eslabón más alto de la cadena de complicidades están las multinacionales, que deberían ingresar divisas por los canales formales pero que han optado por obtener mayores ganancias, por ingresarlo a través del CCL. Los principales sectores señalados por los investigadores son las empresas petroleras y cerealeras. Otro dato que surge de las pesquisas es la vinculación de estos casos con los principales estudios jurídicos del país que operan para el sistema financiero.

En los últimos dos años, las autoridades regulatorias realizaron 67 allanamientos a cuevas financieras y sociedades de Bolsa por causas vinculadas a la comercialización ilegal de dólares, intermediación financiera no autorizada y lavado de activo. En total, quedaron bajo investigación judicial 57 personas físicas y 11 empresas. Sólo en las cuevas fue secuestrado más de un millón de dólares. El 80 por ciento de estos operativos fue realizado en la city porteña. El 20 por ciento restante, en otros barrios porteños, como Recoleta, Villa del Parque y Palermo, y en las ciudades de Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, Corrientes, Resistencia, Rosario y Necochea.

Los vínculos entre las cuevas de la city, sociedades de Bolsa, casas de cambio vinculadas y bancos con los delitos financieros denunciados fueron detectados luego de los primeros análisis de los casos Banco de Valores, multado con 160 millones de pesos; Cambio Estelar y Brancatelli, Sociedad de Bolsa, donde fueron secuestrados 700 mil pesos, 75 mil euros y 16 mil dólares; Arpenta, suspendida sobre el cierre de la semana pasada y donde se hallaron 353.595 dólares, 342.549 reales brasileños, 119.800 pesos, 15.830 euros y 5.009.000 pesos chilenos, y Cambio América (no se informó la cantidad de divisas secuestradas).

Las últimas tres empresas mencionadas ya fueron denunciadas penalmente por lavado de activos. Después hubo otro operativo realizado en Córdoba, donde fueron secuestrados 13 millones de pesos en una sola empresa, que está bajo investigación judicial y secreto de sumario.

Para el abordaje de este informe, Página/12 dialogó con los titulares de la UIF y Procelac, José Sbatella, y Carlos Gonella, respectivamente, con el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, otros funcionarios de la primera línea del Banco Central, operadores del sector financiero, y tuvo acceso a las causas judiciales iniciadas.

Arpenta

La existencia de una casa de cambio en el piso 28 de la calle San Martín 344 de la Ciudad de Buenos Aires constituye de por sí una situación irregular, ya que las empresas de este tipo deben estar a la calle. Más irregular aún si en un mismo departamento, con oficinas, mesa de operaciones con 30 teleoperadores y dos lugares reservados con cajas fuertes, conviven una casa de cambio con una sociedad de Bolsa, que no debe operar con efectivo, ya que todas las transacciones se realizan de manera electrónica.

El pasado 21 de octubre, la UIF, Procelac y autoridades del BCRA concurrieron al piso 28 del citado edificio. A la entrada se encontraba un escritorio de recepción, a derecha e izquierda dos salas de reuniones, varias oficinas, y sobre el final del pasillo los despachos del presidente y vice de Arpenta. En la parte central del piso 28, las ventanillas de la casa de cambio, con su correspondiente tesoro, y detrás, otro espacio reservado a las cajas fuertes.

“Se comprobó que en el tesoro del Grupo Arpenta había un armario con estantes en donde se encontraban fajos de billetes sueltos, sin ningún tipo de identificación, ni justificativo que explique razonablemente por qué esos billetes se encontraban allí. Según un empleado de la firma, no existe registro formal respecto de las cajas de seguridad que acredite la titularidad de las mismas, así como tampoco se registran los ingresos y/o egresos de las personas a las mismas, ni al Tesoro.” Esta descripción está incluida en la demanda penal por lavado de activos realizada por la UIF. Para las autoridades regulatorias consultadas, la existencia de esas cajas fuertes con los volúmenes de dinero secuestrados tendría por función “guardar el dinero ilegal que luego es volcado a las cuevas”.

El actual directorio de Arpenta fue designado, según Boletín Oficial, el pasado 24 de junio de 2013. Su presidente es Miguel Eduardo Iribarne, vinculado a la sociedad anónima Mercado Abierto Electrónico (MAE S. A.), y a una serie de cerealeras. El mismo día en que quedó conformado el directorio de Arpenta fue nombrado presidente de Cerealoeste S. A. y desde 2011 es director suplente de Misión Paraná S. A., una empresa radicada en Misiones que presta servicios de transporte fluvial.

El vicepresidente de Arpenta es Héctor Luis Scasserra. También fue director en Cerealoeste S. A. y actualmente comparte la vicepresidencia de Misión Paraná S. A. con Iribarne. Scasserra fue director del Banco de Valores, multado la semana pasada por las maniobras ilegales de contado con liquidación. El mismo recibió una multa de 7 millones de pesos.

El caso de Arpenta puede ser como la punta del iceberg para profundizar las vinculaciones entre las sociedades de Bolsa y las empresas cerealeras que fondearían en primer lugar a las empresas financieras. Pero a partir de este caso podría investigarse otro tipo de vinculaciones, como por ejemplo el rol de los estudios jurídicos que dan sustento a estas maniobras.

El día de la inspección conjunta en Arpenta, en la sala de reuniones estaba Horacio Liendo, hijo del militar homónimo y cerebro jurídico de Domingo Cavallo durante el menemismo. “Fue una señal del sistema, nos estaban esperando”, señaló a este diario un funcionario que participó del operativo. Liendo es asesor legal de Arpenta, así como también de los bancos de la familia Eskenazi, de la consultora Economía y Regiones (cuyo titular es Rogelio Frigerio, hoy presidente del Banco Ciudad) y el Banco de Córdoba, entre otros.

Los investigadores pudieron identificar que en una de las cajas fuertes dentro del Tesoro de Arpenta había valores del estudio Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h).

Banco de Valores

La semana pasada, el Central multó con 160 millones de pesos al Banco de Valores y a sus directivos por irregularidades en operaciones de contado con liquidación. La sanción se divide en 82,3 millones de pesos sobre la entidad, que pertenece a la Bolsa de Comercio y al Mercado de Valores de Buenos Aires, y 79,3 millones que se les exigen a sus gerentes y síndicos. El Banco de Valores apelará la decisión ante la Justicia.

La sanción remite a un sumario iniciado por la autoridad monetaria a partir del registro de operaciones irregulares entre junio y octubre de 2008 por parte del Banco de Valores. El BCRA encontró insuficiente la justificación por el origen de los fondos de operaciones vinculadas con el giro de divisas al exterior a partir del contado con liquidación, que consiste en la compra de bonos en pesos y su venta inmediata en el exterior, en dólares. “El Banco de Valores realizó una confección incompleta de los legajos de los clientes que compraban títulos. No pedía información sobre el origen de los fondos, con lo que existe la posibilidad de estar ante maniobras de lavado. Hubo infracciones financieras por un monto total de 194 millones de dólares operados en títulos, que generó un perjuicio cuantificable para el Banco Central”, explicó una fuente oficial a Página/12.

A los ex directores Héctor Bacqué, Miguel García Labougle y Mario Rossi los multaron con 8,23 millones a cada uno; al ex director Héctor Luis Scasserra, el mismo que está implicado en el caso de Arpenta, con 7,5 millones; al director Héctor Fernández Saavedra, 5,8 millones; a los síndicos Miguel Mazzei, Guillermo Alchouron y Carlos Brady Alet, con 5,8 millones a cada uno.

Alchouron fue diputado de la Nación por Acción por la República, el partido fundado por Cavallo, y entre 1984 y 1990, presidente de la Sociedad Rural. Junto con Brady Aley forma parte del estudio jurídico Alchouron, Berisso, Bredy Alet, Fernández Pelayo y Balconi. Entre los principales clientes de este estudio están el Banco de Valores, Banco de Servicios y Transacciones (BST) –implicado en otra investigación junto al Banco Macro (ver aparte)–, Cordeu y Benedit S. A. Sociedad de Bolsa, entre muchos otros.

Estelar y Brancatelli

“Por la actividad portuaria y cerealera, Rosario es una plaza interesante para investigar. Cuando las sociedades de Bolsa tienen cientos de miles de dólares, cuando sólo deben operar de manera electrónica, ya estamos en presencia de una situación irregular. Ahí es donde se ve el riesgo económico. Si las personas no justifican ese dinero, podés presuponer que proviene de una actividad delictiva”, sostuvo Gonella a Página/12.

En el caso de Cambio Estelar y Brancatelli Sociedad de Bolsa, con domicilio en Rosario (Santa Fe), los hechos denunciados por la UIF aseguran que en la supervisión realizada en la planta baja del lugar se encontraba un ascensor interno, “presumiblemente para llevar documentación, dinero y valores, que comunicaban directamente con el entrepiso donde están las oficinas de la sociedad de Bolsa”.

En el marco de la inspección se encontraron 700 mil pesos, 75 mil euros y 16 mil dólares. De ese monto, sólo estaban registrados 300 mil pesos. Además, mientras se desarrollaba la inspección, los responsables de las sociedades retiraron la suma de 400 mil pesos, alegando que la misma debía destinarse a una operación a realizarse en el día, sin individualizar la misma ni aportar suficiente documentación. Según apuntaron desde la Superintendencia de Entidades Financieras del BCRA, ese dinero luego pudo recuperarse.

La documentación secuestrada presupone que las empresas vinculadas tenían participación en operaciones cambiarias ilegales. La operatoria implica que mientras la casa de cambio se dedica al atesoramiento de divisas al margen de la autoridad monetaria, la otra utiliza las divisas para concretar operaciones ilegales en el mercado de cambios.