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Si la seguridad ciudadana se convierte en una herramienta de descalificación o de combate electoral lo pagaremos caro. No sería tan sólo una utilización demagógica y estéril de una problemática social. Constituiría, esencialmente, un error que se paga con la paz, la tranquilidad y la vida.

La tentación de hacer demagogia con este tema pareciera irresistible para algunos sectores de la sociedad, que sólo se dedican al análisis pero no generan ideas o soluciones reales que mejoren el día a día de las personas. Pronunciamientos dichos a la ligera en forma irresponsable y la constante oposición a todas las iniciativas del Gobierno dejan en quien escucha una sensación de desconcierto.

Insisto en esto, ya que constituye un motivo fuerte de preocupación de la sociedad argentina que, más que opiniones y oposición sistemática a todo, demanda respuestas serias. Porque las vecinas y los vecinos de cualquier ciudad no necesitan que sólo les cuenten las cosas. La demanda es por más soluciones.

Sobre todo en un país que desde 2003 supo que se podían solucionar problemas estructurales que tantas veces se nos había dicho que no podían revertirse. Y la seguridad del país se construye a partir de orientaciones y políticas eficientes ante un fenómeno complejo –el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, la violencia y los robos– que se reinventa de manera permanente y que tiene una gran capacidad para penetrar en todos los estamentos de la sociedad.

El mapa del crimen latinoamericano nos muestra que si profundizamos las acciones que se están tomando con seriedad y responsabilidad estamos en inmejorables condiciones de proteger cada vez más a nuestras familias y al país de estos flagelos.

Veamos algunos pocos y reveladores datos: la tasa de homicidios de Argentina –según el informe del año 2013 provisto por la Unodc (Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito)– es de 5,5 por cada cien mil habitantes. La de Brasil es de 25,2; la de Colombia 30,7; la de México es de 21,5 y Honduras 90,4 por cada cien mil habitantes, respectivamente.

La violencia que padecemos en Argentina dista mucho de esas realidades, y por eso afirmo que tenemos que poner todas las fuerzas para mejorar las actuales condiciones. El error de muchos es copiar modelos en aquellos países que tienen una matriz del delito completamente diferente. Nos corresponde a nosotros seguir fortaleciendo los recursos y acciones para el combate al crimen y sobre todo continuar incluyendo a todos, para seguir generando más y mejores oportunidades, y logrando así un marco propicio para lograr vivir en paz y con menos violencia.

A la hora de adjudicar responsabilidades, lo que abunda en los comentarios cotidianos es una preocupante ligereza y falta de conocimiento. Nuestro sistema representativo, republicano y federal delega en las 23 provincias y el distrito federal las competencias para organizar sus propias policías, su poder judicial y el sistema penitenciario. El gobierno nacional custodia fronteras, colabora con las fuerzas provinciales y con la Justicia y atiende temas de especial interés para el conjunto de la nación. Está claro que la responsabilidad primera nos cabe a los gobernadores.

No es el gobierno nacional el principal responsable y el que tiene a su cargo la seguridad en Rosario (y en toda la provincia de Santa Fe), en Córdoba o en el conurbano bonaerense (y en toda la provincia de Buenos Aires), para dar sólo como ejemplo los centros de mayor criminalidad del país. En mi provincia (Entre Ríos) la conducción de la buena batalla contra los criminales y la delincuencia me corresponde conducirla. Claro que contando, como todos los distritos, con el apoyo de las fuerzas nacionales para desarrollar acciones conjuntas cuando fuese necesario.

Eso me lleva a una consideración importante: el desempeño de las fuerzas policiales. Se trata de un fenómeno lamentablemente muy extendido la penetración de las organizaciones criminales en esas fuerzas. Desde la cúpula hasta la base. Es una realidad a la que no hay que “esquivarle el bulto”, porque la solución de estos problemas pasa, en gran medida, por contar con fuerzas absolutamente comprometidas en la batalla contra el crimen y totalmente leales con la misión de defender a los ciudadanos, y eso no depende de nadie más que de los gobernadores o jefes de Gobierno, según el caso.

El gobierno nacional ha dado numerosas muestras de estar comprometido en esta lucha y no es correcto querer adjudicarle una responsabilidad de la que no es el primer responsable. Nuevamente insisto en esto porque la tarea que hay que llevar a cabo requiere, básicamente, de la voluntad inequívoca de los gobiernos provinciales, en algunos casos municipales, las fuerzas del orden y la Justicia nacional y local. Los homicidios y robos van de la mano, con diferentes modalidades y cambiando sistemáticamente. En la mayoría de los casos la principal responsabilidad de prevención del delito está en la esfera provincial. Los intentos de municipalizar la policía son la muestra más cabal del fracaso y la falta de autoridad y liderazgo de los mandatarios sobre sus fuerzas de seguridad y dejan al ciudadano en una situación de absoluta desprotección, mientras las autoridades intentan transferir responsabilidades a los demás.

Quiero brindar un ejemplo válido que se extrae de una experiencia llevada a cabo en Entre Ríos. A través del decreto 2675 se facultó a la Policía provincial a realizar operativos de control de motos y se estableció la tarea común entre gobierno provincial y municipios con la participación de la Justicia.

Resultados: entre el 12 de septiembre, cuando comenzó a regir el decreto, hasta este fin de semana, se han retenido más de 9 mil motos.

Los arrebatos disminuyeron un 80 por ciento y, no menos importante, se redujeron los accidentes a la mitad. Hoy todo el mundo anda con casco.

Durante agosto se habían registrado 156 accidentes de moto en la ciudad de Paraná, mientras que en octubre el número se redujo a 16.

Fue una medida que trajo orden a nuestra provincia y, por otro lado, ahorro al Estado provincial, ya que cada accidentado nos cuesta entre 6 y 7 mil pesos entre internación, medicamentos y profesionales.

Estos resultados no solamente son producto de una decisión del gobernador. También de los intendentes, que aceptaron cooperar con nosotros entendiendo que la mejor fórmula del éxito en esta materia es la coordinación de las acciones.

Gracias al incremento de los controles en las fronteras de la provincia, los operativos son cada vez más intensos y vamos superando marcas en incautación de drogas y detención de delincuentes. Durante mi gestión hemos realizado 1393 procedimientos a través de los cuales se capturaron alrededor de 7510 kg. de marihuana, 260 kg. cocaína y 250 unidades de drogas sintéticas. Fueron detenidas 583 personas por esos ilícitos. Para complementar esta tarea del Estado, el 31 de octubre pasado se promulgó la ley 10.329 –llamada de Narcomenudeo– que faculta al Ministerio Público para requerir al juez de Garantías medidas urgentes que permitan desarticular estas bandas.

Se me dirá que son –las de Entre Ríos– dimensiones pequeñas comparadas con las de los centros más poblados y con mayor índice de delincuencia. Es verdad, pero lo importante del ejemplo entrerriano es la metodología y, sobre todo, la voluntad inequívoca de ejercer un control que lleve a la reducción de los delitos y de la violencia para que nuestros ciudadanos vivan con la tranquilidad que se merecen.

Para volver al comienzo: no hagamos de la Seguridad un tema de tratamiento “pochoclero” al que son tan afectos algunos. Seamos serios, seamos responsables.

* Gobernador de Entre Ríos.