Sin oposición ni debate, el proyecto del diputado kirchnerista Héctor Recalde de crear una comisión bicameral para investigar los delitos económicos durante la dictadura obtuvo dictamen favorable en el plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto de la Cámara baja. Así, la iniciativa respaldada por organismos de derechos humanos como el CELS, investigadores económicos de la deuda externa y organizaciones sindicales llegaría al recinto antes de fin de año para su media sanción. La iniciativa que propone conformar una “Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas durante la última dictadura militar para la búsqueda de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la reparación y el fortalecimiento de las instituciones de la democracia” ya había conseguido el apoyo de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento (que se encarga de los temas internos de la Cámara) y cuyo dictamen fue refrendado ayer por el plenario de Derechos Humanos y Presupuesto. No hubo oposición y no resultó necesario un debate.

“Esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad, porque busca que haya memoria, verdad y justicia”, remarcó Recalde el 28 de octubre pasado cuando impulsó su proyecto. La bicameral deberá emitir un informe en 180 días de conformada y abarcará el período que va desde el golpe del 24 de marzo del ’76 hasta 1983. Allí también hubo exposiciones que respaldaron su propuesta. “La democracia avanzó en la responsabilidad de quienes ejecutaron crímenes de lesa humanidad. Pero no hizo lo mismo con otros partícipes, impulsores y beneficiarios” de estos delitos, destacó ante los diputados el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky. “Los grupos económicos sostuvieron la dictadura y el plan económico de los ‘90”, afirmó Alejandro Olmos Gaona, quien asesoró al presidente ecuatoriano Rafael Correa en la investigación de la deuda externa de su país, y apuntó a empresas de “Franco y Mauricio Macri, Pérez Companc, Citibank, Techint y Ford”.

Pedro Troiani, ex delegado de Ford, contó que fue torturado por los militares en el propio quincho de la empresa, que luego de los secuestros y despidos aumentó la producción de los Ford Falcon que le vendían a la dictadura de 200 a 250 por turno. Troiani, querellante en una causa por el secuestro y tortura de veinte delegados y otros cinco trabajadores de Ford, reclamó por la iniciación del juicio oral a tres directivos de la automotriz procesados que aún no tiene fecha. En tanto que Victorio Paulón, ex secretario de la UOM, relató cómo Acindar se deshizo durante la dictadura de 35 empresas competidoras, “algunas con la misma metodología utilizada en Papel Prensa”, para pasar a dominar el sector siderúrgico junto a Techint.