El juez en lo contencioso administrativo Ernesto Marinelli objetó la participación de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en el jurado del concurso para cubrir dos vacantes en las fiscalías federales porteñas. Lo hizo al conceder parcialmente un amparo a Ignacio Rodríguez Varela, mano derecha del fiscal José María Campagnoli, quien pedía su apartamiento por considerar que no sería imparcial al momento de evaluarlo. En la Procuración anuncian que apelarán la decisión y dicen que el fallo no debería afectar el desarrollo del proceso de selección de fiscales que está en marcha.

Las fiscalías federales son las que se ocupan de los delitos de corrupción de funcionarios y de la criminalidad económica, de las causas de lesa humanidad y las de narcotráfico, entre las centrales. Tendrán mayor peso que en la actualidad si se aprueba la reforma procesal que instalará un sistema acusatorio. Hay dos cargos vacantes de fiscales de doce fiscalías federales. Los titulares de las diez restantes fueron nombrados sin concurso, con el viejo sistema. El proceso es blanco de sucesivos cuestionamientos, que incluyeron denuncias penales, en especial desde que se conocieron algunos concursantes que tuvieron buen puntaje en el examen escrito (lo que no implica que tengan éxito en el oral ni en el puntaje de antecedentes), como Franco Picardi, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios en el Ministerio de Justicia; Sebastián Bringas, secretario del juzgado de Sebastián Casanello; y Milton Kashki, quien integra la Procuraduría Antilavado.

Rodríguez Varela se había anotado en el concurso. En el inicio, presentó como parte de sus antecedentes dos dictámenes que él hizo como colaborador de Campagnoli en el caso de Lázaro Báez, desde la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE). Fue el puntapié que utilizó para recusar a Gils Carbó como presidenta del jurado y a otros de sus miembros, con el argumento de que su trabajo en aquellos dictámenes había sido descalificado por ella al promoverle el juicio político a su jefe (que luego quedó en la nada). Los planteos fueron rechazados desde la Procuración. El procurador fiscal Eduardo Casal firmó el rechazo de la recusación de Gils Carbó, y uno de sus argumentos centrales fue que la opinión de la procuradora sobre el dictamen en el caso Báez se refería a Campagnoli, y nada decía sobre su secretario Rodríguez Varela. No se puede hacer una analogía, señalaba.

En el ínterin, Rodríguez Varela –hijo del ex ministro de Justicia de la última dictadura, Alberto Rodríguez Varela– rindió el examen escrito (donde tenía que resolver un caso de criminalidad económica) y le fue mal. Obtuvo quince puntos, cuando hacen falta treinta para pasar a la instancia del examen oral. En cambio, está ternado en otro concurso para ser fiscal de instrucción. El juez Marinelli había rechazado concederle una medida cautelar pero finalmente le concedió parte del amparo que solicitaba en relación exclusivamente a la participación de Gils Carbó como presidenta del jurado evaluador. “El amparista –sostuvo en el fallo– tiene derecho a que la labor intelectual que representa el dictamen por él proyectado, en orden a la apreciación de la idoneidad técnica implicada en su elaboración, sea evaluada con la mayor y absoluta imparcialidad. Y esto es algo que no podrá obtener de la señora procuradora general, por cuanto ella ya ha emitido su opinión desfavorable.”

Así, Marinelli declaró nula la resolución del procurador Casal, que rechazaba la recusación de Gils Carbó. Pero su fallo no define explícitamente efectos generales sobre el concurso, sino que resuelve una suerte de apartamiento de la procuradora en el caso de Rodríguez Varela, uno de cerca de ochenta aspirantes. De todos modos, las interpretaciones difieren según quién las haga. Rodríguez Varela considera que deberían considerarse inválidas todas las decisiones posteriores al rechazo de la recusación, lo que podría incluir la corrección de los exámenes y poner al concurso en la cuerda floja. En la Procuración sostienen que el fallo se refiere sólo a la participación de Gils Carbó en el jurado para el caso de Rodríguez Varela. En el organismo entienden que no peligra el concurso y que de ninguna manera debería afectar los derechos de las otras personas que están concursando. Y, en todo caso, Gils Carbó podría ser reemplazada por un suplente como se ha hecho en otros casos.

Marinelli, a su vez, consideró sin sustento el planteo respecto de otros miembros del jurado y rechazó declarar la inconstitucionalidad del sistema que permite que sus integrantes sean seleccionados por la Procuración en lugar de ser designados por sorteo, como hacen otros órganos de selección como el Consejo de la Magistratura (que elige a los jueces).

En la Procuración dicen que apelarán mañana y que el concurso no corre peligro.