“Lo que aquí pretenden presentar como delictivo es un trámite de inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Que es el ‘domicilio de la sociedad’, domicilio que determina la jurisdicción en la cual queda sometida la sociedad, no siendo dicho domicilio donde habrá de funcionar la dirección y administración de la sociedad. Concepto legal que ningún abogado puede ignorar, y menos aún, un juez”, destacó ayer en un comunicado la empresa Hotesur, que administra un hotel de la familia Kirchner en El Calafate. La desmentida está dirigida en duros términos al juez Carlos Bonadio que dio vía libre a la denuncia presentada por la oposición la semana pasada. “Sin ir más lejos (Bonadio) hoy tiene más de nueve causas en el Consejo de la Magistratura (ver aparte), algunas vinculadas con hechos acaecidos en la década del ‘90 y otros más contemporáneos”, apuntó la empresa directamente contra el juez por sus estrechos vínculos con sectores de la oposición.

“Hotesur SA ha efectuado el cumplimiento de todas sus obligaciones contables y fiscales en tiempo y forma. Los estados contables por los ejercicios económicos cerrados al 31/10/2009; 31/10/2010; 31/10/2011; 31/10/2012; y 31/10/2013 han sido confeccionados, auditados y legalizados ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las disposiciones emergentes de la Ley de Sociedades Comerciales y normas contables”, señaló el comunicado de la sociedad comercial administradora del Hotel Alto Calafate, a la que apuntó la diputada de GEN Margarita Stolbizer al presentar una denuncia.

“En forma sistemática, como viene sucediendo desde hace años, la inmediata denuncia de un miembro de la oposición partidaria por extraña casualidad se formula ante el juez de Comodoro Py Claudio Bonadio, ex secretario de Carlos Corach, ampliamente conocido por las múltiples denuncias que desde su nombramiento se vienen acumulando”, continuó el descargo.

Stolbizer hizo una presentación ante la Justicia Federal con una denuncia por supuestas irregularidades societarias en la firma. Directamente, apuntó a la inconsistencia del domicilio que figuraba en la documentación presentada ante la Inspección General de Justicia, radicado en la ciudad de Buenos Aires. Además citó la falta de firmas en el supuesto último balance presentado y la ausencia también de los balances de los últimos años.

“La demora en la formalización de trámites administrativos cuyo incumplimiento podría llegar como máximo a una multa de hasta tres mil pesos conforme ordena la Resolución 267/90 de la Secretaría de Justicia desenmascara la operación de prensa que se ha montado por esto”, aseguró la empresa hotelera y agregó que “lo que es peor, revela groseramente la actitud desmedida de un juez federal que manda a allanar dos organismos del Estado por este supuesto incumplimiento. Confirmando lo que constituye una operación mediática-judicial con la infaltable complicidad de sectores de la oposición partidaria y vaya a saber con qué otra apoyatura externa, contra la Presidenta y sus hijos”.

Sobre la acusación por el domicilio legal de la empresa, la firma planteó que “lo que aquí pretenden presentar como delictivo es un trámite de inscripción ante la IGJ. Que es el ‘domicilio de la sociedad’, domicilio que determina la jurisdicción en la cual queda sometida la sociedad, no siendo dicho domicilio donde habrá de funcionar la dirección y administración de la sociedad. Concepto legal que ningún abogado puede ignorar, y menos aún, un juez”. El ingreso de la familia Kirchner comenzó en el 2008, hecho que fue público porque se acusó al ex presidente Néstor Kirchner de comprar dólares poco antes de la crisis financiera, y aclaró públicamente cómo y de qué forma se había realizado la operación. Por ello, la empresa informó que “al momento de la adquisición del paquete accionario de la sociedad, la misma tenía domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho domicilio, se decidió modificar a la provincia de Santa Cruz por Asamblea de Accionistas realizada en el mes de marzo de 2010, fecha ésta indubitada, ya que el libro de asamblea está firmado por su entonces socio Néstor Carlos Kirchner. Estando en trámite la cancelación de la jurisdicción” en la Capital. Destacó que resultaba “absurdo que fallas formales en los procesos administrativos legales de inscripción del cambio de domicilio de una sociedad, dentro del propio país” se “quieran transformar en materia de sospechas y de denuncias”.

La firma administradora del Hotel Alto Calafate señaló finalmente que “la sociedad ha dado cumplimiento al pago de todas sus obligaciones impositivas”, y que se encontraba “en un proceso de normalización” para presentar “la documentación contable” ante la IGJ de los períodos 2011, 2012 y 2013, y aclaró que la documentación citada fue presentada “en tiempo y forma ante otro organismo del Estado como es la AFIP-DGI. Inclusive con copias de nuestros estados contables auditados, certificados y legalizados”.