Con Eugenio Zaffaroni y Baltasar Garzón como figuras centrales, la agrupación Justicia Legítima hizo anoche su brindis de fin de año. En el encuentro hubo un llamado a los tres poderes del Estado a no demorar los temas claves para el Poder Judicial en el 2015, entre ellos la implementación del sistema acusatorio –eje del nuevo Código Procesal Penal–, y el nombramiento en la Corte Suprema del sucesor de Zaffaroni.

“Estamos llegando al final de otro año y seguimos pidiendo lo mismo que el año pasado. El ingreso democrático a la Justicia no llegó; la publicación de las declaraciones juradas de los jueces tampoco”, señaló al hablar en el encuentro la jueza María Laura Garrigós de Rébori. “En medio de esto, nos convertimos en el enemigo público número uno. Cada vez que uno de nosotros hace una declaración, (los medios hegemónicos) nos ponen ‘de Justicia Legítima, ligada a la agrupación en la que participa (la procuradora general, Alejandra) Gils Carbó”, agregó, con un dejo irónico, la presidenta de JL.

La convocatoria en el tercer piso de la sede de la Sociedad Argentina de Escritores reunió a un nutrido grupo de jueces, fiscales y defensores no alineados con la tradicional “familia judicial”. La procuradora Gils Carbó, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, el camarista Alejandro Slokar y el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, fueron algunos de ellos. También estuvo el diputado y abogado laboralista Héctor Recalde.

Mezclado entre los concurrentes se vio además al nuevo administrador general del Consejo de la Magistratura, al abogado Claudio Cholakián, al juez del Tribunal Oral Nº 1 Adrián Grunberg, y a Jorge Candis, vicepresidente del Consejo de la Magistratura.

Baltasar Garzón llegó temprano al salón, donde habló largamente con el procurador Auat, a quien había invitado personalmente al brindis. El juez español accedió a todas las fotos y cuando le pidieron que posara junto a Zaffaroni, Garrigós de Rébori, Gils Carbó y Martínez, se ocupó de que sus colegas no taparan el logo de Justicia Legítima instalado como telón de fondo. Zaffaroni llegó entre los últimos pero a tiempo para escuchar la lectura del documento que la agrupación redactó a modo de balance del año y que adelantó Página/12 . Como se publicó en la edición de ayer, en el pronunciamiento, que fue leído por Garrigós de Rébori, plantearon la necesidad de que la sociedad discuta “cuál es la Justicia que se corresponde con el Estado de Derecho, cuáles son las condiciones que aseguran un Poder Judicial independiente y cuáles son los límites que la Constitución Nacional impone a los magistrados en el ejercicio de sus funciones”. La agrupación señaló que ese debate no debe quedar restringido “a los miembros del Poder Judicial ni a los expertos, porque lo que está en juego es la institucionalidad democrática”.

En este marco, JL propuso construir una agenda pública para avanzar con cuatro temas en el 2015. Uno es la implementación del modelo acusatorio. “Queremos asegurar un servicio de justicia transparente y en tiempo oportuno. La actuación de los jueces y del ministerio público no puede provocar demoras ni prescripciones en las causas, como sucediera en el desdichado ejemplo del Colegio Ecos –recordaron–, ni hacer eternos los procesos. Una justicia tardía no es justicia”.

En segundo lugar, advirtieron sobre la importancia de no demorar la designación del reemplazante de Zaffaroni en la Corte Suprema. “A lo largo de la historia la Corte cambió el número de sus miembros en varias oportunidades, que nunca hasta ahora fue de menos de cinco ni de más de nueve”, señalaron. “La falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales, sino que deslegitima la labor de la Corte porque restringe opiniones y hace menos democráticas sus deliberaciones. Cuantas más ideas más democracia. En este caso más es mejor.”

El tercer punto es el “cumplimiento inmediato del ingreso democrático, plural e irrestricto” de empleados judiciales. Finalmente, propusieron que se “amplíen y profundicen iniciativas destinadas a capacitar desde nuevas perspectivas a operadores jurídicos comprometidos con la defensa de los intereses populares y los derechos humanos”. La agrupación convocó a una jornada abierta en febrero próximo para discutir estos temas.