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El reformado y unificado nuevo Código Civil y Comercial entrará en vigencia el 1º de agosto de 2015. La Cámara de Diputados ratificó ayer con 130 votos a favor y 93 en contra la media sanción del Senado (sobre un proyecto impulsado por los senadores Miguel Angel Pichetto y Aníbal Fernández), que modifica la puesta en marcha del nuevo Código, prevista originalmente para el primer día de 2016.

La diputada oficialista Diana Conti pidió sin suerte el acompañamiento de la oposición al adelantamiento de la puesta en vigencia del Código. Argumentó que las razones de la propuesta son las demandas sociales en materia de divorcio y adopción que contempla la normativa. Además, volvió a replicar los planteos sobre su tratamiento “exprés”, al recordar las múltiples audiencias públicas que comenzaron y terminaron en el Senado, pero que la comisión bicameral que trató la reforma se encargó de realizar en distintas provincias tomando las propuestas que se hicieron regionalmente.

La oposición, que en la Cámara baja abandonó el recinto por un cuestionamiento reglamentario, volvió a abroquelarse por el rechazo. La massista Graciela Camaño planteó en su intervención en el recinto que es “un tema demasiado serio como para convertirlo en víctima de la campaña electoral”, sin hacer referencia a las declaraciones del líder renovador, quien dijo que derogaría la reforma si llega al gobierno en 2015.

El oficialista sanjuanino Héctor Tomas le salió al cruce. “Hoy los que se oponen al adelantamiento de la puesta en vigencia del Código Civil no bajaron (al recinto) a debatir el Código el día en que se debatió.” Y sostuvo que la decisión del oficialismo es precisamente “sacar el tema de la discusión electoral”.

El macrista Pablo Tonelli abogó por desaprobar el proyecto y “respetar el plazo establecido” cuando se sancionó el nuevo Código. “No existen razones ni necesidades imperiosas que ameriten la modificación de la entrada en vigencia”, sumó Claudio Lozano, de Unidad Popular. El FIT se opuso y definió como “clerical” al nuevo código, porque cuestiona “el carácter laico del Estado”, como dijo Néstor Pitrola.