Los secuestros, las torturas, las violaciones y los homicidios cometidos contra 72 hombres y mujeres durante la última dictadura cívico-militar en la Municipalidad de San Rafael, la sede local de Tribunales, la oficina de Bomberos y las bodegas Garbín y Pico de Oro, entre una decena de lugares de esa ciudad y sus alrededores, comenzaron ayer a ser juzgados en Mendoza. El juicio por delitos de lesa humanidad cuenta con diez militares y dieciséis policías acusados, y continuará en febrero de 2015, tras la feria judicial.

Con la lectura de la elevación fiscal a juicio de la megacausa que reúne la mayoría de los crímenes del terrorismo de Estado sucedidos en San Rafael, el Tribunal Oral Federal Nº 2 inauguró ayer el segundo debate oral en esa localidad mendocina por violaciones a los derechos humanos. Aunque las audiencias de declaraciones tendrán lugar a partir de febrero próximo, la decisión de comenzar el juicio en esta, la última semana de actividades judiciales del año antes de la feria estival, radicó en que ayer mismo vencían los plazos para mantener en prisión preventiva a los imputados que están detenidos.

La megacausa contiene 45 expedientes acumulados que recorren los delitos que sufrieron 72 hombres y mujeres entre principios de 1976 y finales de 1978 en San Rafael y alrededores. De esas personas, 14 permanecen desaparecidas.

“Será el juicio más grande de la jurisdicción de la zona sur mendocina y abarcará a la mayoría de los responsables, tanto de la policía como del Ejército, en sus roles dentro del aparato terrorista en el marco de una fuerza de seguridad del sur de la provincia”, explicó el fiscal Pablo Garciarena, que acompañará, en su rol de ad hoc a su par Dante Vega, fiscal general. La representación de las víctimas se reparte en tres querellas: la encabezada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que trabaja con la mayoría; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y una querella particular.

La gran cantidad de sobrevivientes y su activa participación en la búsqueda de justicia son rasgos que caracterizan marcadamente los hechos que comenzaron a juzgarse ayer. Sobre todo porque los imputados fueron reconocidos por las víctimas. De los 26 acusados, 15 permanecen en cárcel común y 7 cumplen encierro en sus domicilios. El resto está libre. Su participación en el plan sistemático de represión diagramado y llevado a la práctica en el país por la última dictadura cívico-militar quedó en evidencia, en casi todos los casos, tras el primer juicio por delitos de lesa humanidad llevado a cabo en el distrito en 2010. Todos están acusados por la Fiscalía de formar parte de una asociación ilícita desde la que cometieron diferentes clases de delitos: las responsabilidades varían desde secuestros y torturas, pasando por robos, hasta violaciones y homicidios.

Según informó la Procuración General, los 16 policías de la nómina de acusados integraron diferentes dependencias de la fuerza durante los años de terrorismo estatal. Juan Labarta fue identificado como uno de los integrantes del grupo de tareas de San Rafael; junto a Daniel Martínez y Oscar Pérez Fernández, integró el Departamento de Informaciones de la fuerza, conocido como el D-2. Completan la lista Pierino Massaccesi, Raúl Ruiz Soppe, Tomás Rojas García –quien era comisario de la Delegación Bomberos de San Rafael–, Hugo Trentini, Luis Graín Farina, Daniel Navarro Farías, Orlando Gutiérrez Alvarez, Ciro Maza Correa, Norberto Mercado Laconi, Emilio Castro, Argentino Villafañe, Miguel Angel Megetto y Osvaldo Domínguez.

De la decena de militares imputados, el caso más emblemático es el de Luis Stuhldreher, quien ejerció como intendente de la ciudad durante la dictadura y comandó el centro clandestino de detención que funcionó entonces en el propio edificio municipal. Lo acompañan los tenientes Aníbal Guevara, Miguel Angel Báez y Carlos Ochoa; el sargento Raúl Olguín y el subteniente, Rafael Francisco Bitti; más cuatro ex integrantes de la Sección de Inteligencia 144 de San Rafael, el organismo castrense de espionaje en la zona: su jefe Luis Rizo Avellaneda, Cecilio Oseas Martínez, Juan Giovarruscio y Edgar Ferreyra.