“En Azul Juventud Peronista llevará a cabo reunión local cerrado en memoria víctimas de Trelew y renunciamiento Eva Perón. Hasta momento sin novedad”, comunica el cable del 22 de agosto de 1973. “En la víspera la Asociación Argentina de Reporteros Gráficos (Sección Necochea) convocó a la ciudadanía como así a los medios periodísticos a una marcha para reclamar justicia y el esclarecimiento del crimen del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas”, anuncia el parte urgente número 2888 del 8 de febrero de 1997. En los documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), que fue abierto el jueves por la Comisión provincial por la Memoria, figura la historia de cuarenta años de seguimiento de conflictos y manifestaciones políticas, gremiales, estudiantiles y sociales.
El 27 de julio de 1961, el diario El Día publicó una nota sobre una delegación del gremio textil de Berisso que denunció “el atropello policial” cometido contra una manifestación de los trabajadores de la fábrica The Pattent Knitting. La noticia alertó a la Policía Bonaerense, que tomó el recorte periodístico y decidió seguir y registrar los antecedentes de los delegados gremiales.
“Frecuenta con asiduidad los bares cercanos a su domicilio y el sindicato textil de la ciudad, no recibiendo visitas en su domicilio. Con respecto a publicaciones periodísticas adquiere las comunes de la zona no encontrándose por otra parte afiliado a ningún partido político aunque sí es adicto al peronismo. Por su grado de cultura se puede considerar que no tiene ninguna gravitación dentro de las filas del Partido Comunista”, escribió el agente que investigó a uno de los delegados. El legajo contiene además fotografías de los miembros de la comisión interna de The Pattent Knitting y la constancia de que a partir de ese conflicto, todos ellos quedaron “fichados” en la Dipba.
Un conflicto gremial podía despertar la “curiosidad” de la policía sobre una persona. Pero los motivos para ser espiado fueron de los más diversos. Incluso estudiantes que fueron a las embajadas de países socialistas para pedir información para elaborar trabajos de geografía o historia fueron investigados y seguidos por la Bonaerense.
El archivo de la Dipba contiene 410 mil legajos de hechos y personas desde fines de 1940 hasta 1998. Los papeles relatan la persecución de quienes sucesivamente fueron para la Policía Bonaerense “delincuentes sociales, políticos o subversivos”. En esos documentos, que se elaboraron en base al “trabajo de campo” de los agentes de la Dipba y de otros servicios de inteligencia, se describen eventos puntuales y antecedentes de personas o se analizan tendencias políticas ideológicas y hechos históricos.
Según el relevamiento que realizaron los peritos de la Comisión por la Memoria –formada por varios organismos de derechos humanos–, el comunismo (la “infiltración marxista”) fue el principal enemigo a visualizar por la Policía Bonaerense durante las décadas del ‘50 y ‘60, a pesar de que esos fueron años de desarrollo de la resistencia peronista.
Un documento fechado en 1956 señala la preocupación por la “infiltración” del comunismo en los Frentes Nacionales y populares de Latinoamérica y realiza una caracterización de las organizaciones como “comunistas, filocomunistas y criptocomunistas”. Las últimas se consideraban las más peligrosas porque ocultaban su identidad y por eso atraían a “ingenuos de buena fe, los incautos”. A partir de esta conclusión, la policía identificaba como una necesidad inmiscuirse en las organizaciones de base, teatros y clubes.
El funcionamiento de los que en ese momento se llamaba el Servicio de Informaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires apuntó desde el inicio al control social. “Una huelga innecesaria o políticamente coordinada, abortada en los momentos de su planeamiento por su oportuna comunicación y las resoluciones que en base a ese conocimiento puedan adoptar las autoridades pertinentes habrá justificado la existencia de este servicio”, expresaba un documento interno de 1957.
El análisis que hasta ahora hizo la Comisión por la Memoria indica que en la década del ‘60 empezaron a aparecer en el archivo las menciones a los “movimientos subversivos” y “delincuentes terroristas”, lenguaje que se generalizó en los años previos a la última dictadura militar.
La información del período ‘76-’83 se encuentra en manos de la Cámara Federal de La Plata, ya que parte de esos documentos pueden servir como pruebas en los juicios contra los responsables de secuestros, desapariciones y torturas cometidos durante el terrorismo de Estado, pero los peritos de la Comisión por la Memoria estiman que el caudal informativo que la Bonaerense acumuló desde la década del ‘50 debió aportar a la individualización de las víctimas de la última dictadura, aunque en esa época la “comunidad informativa” estaba presidida por el Ejército.
El jueves, representantes de organismos de derechos humanos (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Servicio Paz y Justicia, Centro de Estudios Legales y Sociales y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) recibieron los documentos en los que quedaron plasmados los seguimientos de sus actos, reuniones y movilizaciones.
Está claro que el espionaje a la sociedad civil no se terminó con la dictadura. Las marchas estudiantiles en homenaje a los desaparecidos en La Noche de los Lápices, por ejemplo, fueron objeto de investigación cada 16 de septiembre. El agente que siguió la que se hizo en La Plata en 1990 señaló, respecto a una de las premisas del acto, que “el texto abierto a la comunidad estudiantil consigna un mensaje que impulsa a la exteriorización de educandos: ...‘mientras exista quien reclame en cada colegio o barrio, mientras haya una pintada en las paredes y volantes en las calles, el horizonte no se perderá’”.
Los crímenes que conmocionaron a la opinión pública y no fueron debidamente esclarecidos despertaron la necesidad de movilizarse y tras ella marcharon los agentes bonaerenses. Así, siguieron los reclamos de Justicia por la desaparición del estudiante Miguel Bru y el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. “La (marcha) se inició a las 20.45 frente a la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, recorriendo varias calles, finalizando a las 21.30 en el lugar de inicio. Se tiraron volantes panfletos con la leyenda ‘La Impunidad del crimen será la condena de la Argentina –Argra– No se olviden de Cabezas’. Concurrieron unas 250 personas, las que se desconcentraron sin novedades”, se informó el 7 de febrero de 1997.