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Hace más de cincuenta años el Senado destituía a un juez de la Corte Suprema. Aunque el hecho no se repita de la misma manera, hoy la Cámara alta comenzará a transitar un camino similar. Luego de escuchar la defensa in voce de Eduardo Moliné O’Connor, los senadores decidirán la suspensión preventiva del magistrado. Al cierre de esta edición, el peronismo debatía qué posiciones llevar al recinto y, aunque no por mucho margen, se imponía el respaldo a la suspensión. La misma es reclamada por la Cámara de Diputados en su condición de acusadores y alentada por el gobierno nacional. Luego de un par de horas de debate, los radicales no despejaron todas sus dudas y decidieron consultar, antes de la sesión, al ex ministro de Justicia de Fernando de la Rúa, Ricardo Gil Lavedra. En el radicalismo no ocultan su rechazo a la medida. La consideran inconstitucional. Igualmente no pondrían en riesgo la movida del oficialismo. A lo sumo, mostrarán algunas ausencias mientras las principales espadas formulan sus críticas en el plenario del cuerpo.
“La suspensión tiene las características de ser una medida cautelar”, comenta a este diario un legislador que no revista en las bancadas mayoritarias. La respuesta cruza a las posiciones que en este punto tienen varios senadores del radicalismo. Nuevamente los seguidores de Leandro Alem volvieron a salir en la foto junto a uno de los más emblemáticos miembros de la mayoría automática del menemismo.
Sin desentonar con el estilo dandy que le imprime el uso habitual del sombrero, a primeras horas de la mañana de ayer Moliné afirmó que “la suspensión es inconstitucional”. Preocupado por esa posibilidad, el magistrado ya había intentado, sin éxito, obtener el respaldo de sus pares para rechazar el juicio político que viene enfrentando. Hasta el momento su defensa no tuvo ningún rasgo diferenciado de la que esgrimió en la Cámara baja. Un exceso de chicanas y recusaciones difíciles de fundamentar racional y lógicamente. Un cambio en su estrategia fue el pedido de presentarse personalmente frente a los senadores para formular oralmente su defensa. En el Senado se especulaba ayer que el magistrado no se apartaría de las líneas escritas por su defensor Gregorio Badeni en las 351 fojas presentadas ante la Comisión de Asuntos Constitucionales. Incluso no descartaban que recurriera a la lectura de algunos pasajes del escrito.
“Utilizar su tiempo para leer una presentación que ya todos conocemos y de la cual se ha publicado mucho en los distintos medios de prensa, sería algo cuando menos intrascendente”, confía ante este diario un senador que intenta comprender la lógica del magistrado. Es atendible que los miembros de la Cámara alta se nieguen a formular declaraciones públicas, ya que en este proceso son jueces y por lo tanto pueden ser recusados por el acusado. Los diputados elegidos por la Cámara baja para cumplir con el rol de acusadores son virtuales fiscales y por lo tanto pueden entregar públicamente sus opiniones.
En diálogo con Página/12, el diputado tucumano Ricardo Falú analiza por qué el Senado tendría que suspender a Moliné: “Hay que suspenderlo porque hay pruebas categóricas obtenidas por medio de instrumentos públicos. La medida es cautelar y sólo requiere de la verosimilitud de las pruebas que se presentaron. El hecho de haber sido acusado en Diputados por 140 votos ya está rigiendo la presunción de culpabilidad junto a la de inocencia. Por tratarse de un juez de la Corte amerita que por razones de protección al servicio de justicia se aconseje su apartamiento”. En las definiciones de Falú queda en claro que la inocencia acompaña al magistrado mientras dure el proceso. Claro que para 140 diputados Moliné ya es culpable de mal desempeño.