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Aunque todos insisten en que el tema debe dirimirse en la Justicia, la ofensiva política sobre el ex jefe de la Policía Federal Roberto Giacomino sigue en su apogeo. Ayer el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, calificó de “extorsión mafiosa” la afirmación de Giacomino en el sentido de que lo echaron porque “sabía cosas” supuestamente oscuras que hasta ahora no reveló. Giacomino cargó contra Beliz, el ex ministro de Justicia de la Nación, Juan José Alvarez y el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, de quienes dijo que habían aprobado la contratación directa por dos millones de pesos por la que a él le mostraron la tarjeta roja. Giacomino no aportó ninguna prueba que certificara sus dichos, pero ayer Beliz eludió una opinión sobre un documento firmado por Alvarez que autorizaba el trámite para la compra directa. “Cada uno tendrá que explicar lo que pasó”, se limitó a decir Beliz. En algunos sectores del gobierno nacional se cree que detrás de las acusaciones de Giacomino están Carlos Ruckauf y Eduardo Duhalde, tal como adelantó Página/12.
El Gobierno se presentó ayer como querellante en la causa contra Giacomino, investigada por el juez Juan José Galeano y por el fiscal federal Miguel Osorio. La documentación sobre la contratación directa fue aportada por la Oficina Anticorrupción (OA). Allí constan las actas de la fallida primera intentona de adquirir material informático de empresas vinculadas con el concuñado de Giacomino. Ese primer proyecto era por ocho millones de pesos, por 48 meses de alquiler de hard y soft, mientras que en el segundo, cerrado en forma directa por la Federal sin la aparente aprobación de ninguna dependencia del Gobierno, el monto fue de dos millones de pesos, por un período de 12 meses.
La primera denuncia a la Justicia había llegado el viernes a través de Asuntos Internos de la Federal, que se limitó a enviar los recortes de los diarios. La OA pidió que a Giacomino se lo acusara por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” agravado por “la circunstancia de parentesco” con los dueños de la empresa contratada y por “la modalidad impuesta al trámite”, que se invocó de “urgente”, aunque el sistema informático del Hospital Churruca siguió funcionando un año sin problemas.
La documentación de la AO fue presentada por Manuel Garrido, director de Investigaciones del organismo, y sostiene que tanto Giacomino como el comisario Raúl Marcelo Pigretti, jefe de la División Bienestar de la Federal, están sospechados por “delitos contra la administración pública que afectaron el patrimonio del Estado nacional a partir de haber ordenado la contratación directa por supuestas ‘razones de urgencia’” que no fueron demostradas. En ambos expedientes, el de 8 millones y el de 2, fue el propio Giacomino quien “aprobó el trámite y adjudicó la oferta”.
En la contratación por ocho millones hay un documento firmado por el entonces ministro de Justicia y Seguridad Juan José Alvarez. Por esa resolución se autorizó a la Policía a “realizar un llamado a contratación directa por urgencia para contratar un sistema integral de informatización con destino a la Superintendencia de Bienestar, por un período de cuarenta y ocho meses”. El 6 de mayo, dos organismos técnicos del mismo ministerio desestimaron la contratación por entender que había un “riesgo alto” por varias deficiencias, tal como publicó Página/12 en su edición de ayer. Fuentes oficiales estimaron ayer que el ex ministro Alvarez “no habría cometido ninguna irregularidad”. Es cierto que firmó el documento citado, pero la aprobación quedó trunca una vez que los organismos técnicos analizaron la oferta. Por eso llamó la atención que Beliz eludiera un gesto de defensa pública de Alvarez, hoy ministro de Seguridad bonaerense. “Cada uno de ellos tendrá que explicar lo que pasó”, dijo Beliz. También se conoció un dictamen de la Subsecretaría de la Gestión Pública que también rechazó la contratación directa. Esa documentación demostraría que carece de sustento la acusación de Giacomino contra Atanasof.
En los últimos días se realizaron seis allanamientos. En tres de ellos, ocurridos en dependencias policiales, se secuestraron documentos quecerrarían la denuncia contra Giacomino. Los otros tres operativos no tuvieron consecuencias, ya que se hicieron en las supuestas sedes de las empresas involucradas que tienen relación con familiares del ex jefe de la Federal. “Cambiaron de domicilio en los últimos meses y se ignora la dirección actual”, informaron a este diario fuentes judiciales.
Al que sí le respondió duramente Beliz fue al comisario Giacomino. “Es una extorsión mafiosa que no vamos a tolerar y no la voy a admitir porque acá hay pruebas concretas y elementos de juicio contundentes”, dijo el funcionario. “¿Qué era lo que sabía Giacomino como para sacarlo de esta manera?”, dijo el ex jefe de la Federal. “Yo debo cumplir órdenes de un ministro siempre y cuando estén dentro del tiempo y forma”, afirmó Giacomino y dejó picando la duda. Cuando le preguntaron si Beliz le dio alguna orden incorrecta, respondió con obvia doble intención: “Esteee... no quiero entrar en ese tema”.
Beliz replicó que la plata de la Policía “se la estaba robando el propio jefe de la Policía”. “Si no logramos cortar con esta práctica que es mafiosa, corrupta y poco transparente, no vamos a poder combatir con eficacia el delito”, fue el drástico diagnóstico de Beliz.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo ayer que no le consta que el ex presidente Duhalde y el diputado electo Carlos Ruckauf hayan intentado interceder en defensa de Giacomino. Sin embargo, algunos sectores del Gobierno creen que hay manos bonaerenses detrás de la agresiva actitud de Giacomino. El defensor del ex jefe policial, Juan Martín Cerolini, que también defendió a Los Horneros, condenados por el crimen de José Luis Cabezas, insistió en que su representado “es inocente” y aseguró que todavía no saben “cuál es la verdadera imputación en su contra”.