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Fue un hombre record: en negocios mágicos, mujeres hermosas o vínculos con los inquilinos de la Casa Rosada (militares o políticos, daba lo mismo) siempre estuvo al tope de la lista de empresarios vernáculos. Hoy, Franco Macri ostenta otro record: es la persona que más dinero le debe al Estado argentino. En números redondos, a través de Correo Argentino, adeuda al fisco 1000 millones de pesos. Sí, mil millones, el doble de lo que se conocía hasta ahora oficialmente. Ayer trascendió que el juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois rechazó el pedido formulado por Macri para extender el plazo de renegociación del pasivo de Correo Argentino con sus acreedores, con lo cual la empresa quedaría a un paso de la quiebra. La gran incógnita es si ésta no era en definitiva la estrategia de Macri, que dejaría así otra millonaria factura en cabeza de todos los argentinos (ver aparte).
La historia puede ser dividida en partes.
Uno. Es conocido que por la concesión de Correo Argentino Macri adeuda al Estado 408 millones de pesos por incumplimientos del canon desde septiembre de 1999.
Dos. A esa cuenta hay que sumarle una factura algo menos conocida: 60 millones (sin contar intereses) en préstamos del Banco Nación, cuyo pago cesó hace más de 1000 días.
Tres. Lo que hasta ahora casi nadie conoce es la multimillonaria intimación que recibió el 8 de septiembre último el Correo de Macri de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Según la AFIP, la deuda del empresario “en concepto de contribuciones patronales” asciende a un monto total de 528 millones de pesos.
Sumando uno, dos y tres, se superan los 1000 millones de pesos, lo que convierte al Estado en virtual “socio mayoritario” del empresario más famoso de la Argentina.
En este punto, hay que volver a la intimación de la AFIP, tan reciente que todavía no fue incluida entre los acreencias de la convocatoria judicial de Correo Argentino.
De acuerdo a las actas labradas por el organismo recaudador, el 8 de septiembre pasado, dos funcionarios de la División de Fiscalización Externa de Grandes Contribuyentes se hicieron presentes en la Av. Paseo Colón 746, PB, domicilio fiscal de Correo Argentino SA. Allí fueron recibidos por el “Sr. Eduardo Borda, apoderado administrativo especial” de la empresa, a quien le entregaron dos facturitas.
Con el primer documento, los funcionarios intervinientes notificaron al apoderado del “Acta de inspección Nº 046941”, mediante la cual se determinó una deuda en concepto de “Decaimiento del Beneficio de Reducción de Contribuciones al Régimen Nacional de la Seguridad Social” por la suma de $ 164.576.117,14 (Pesos ciento sesenta y cuatro millones, quinientos setenta y seis mil, ciento diecisiete, con 14 centavos).
La segunda nota era el “Acta de Infracción Nº 046942”, que establece una multa, de acuerdo al régimen sancionatorio vigente –al cual se allanan todos los mortales– por la suma de $ 363.871.648,68 (Pesos trescientos sesenta y tres millones, ochocientos setenta y un mil, seiscientos cuarenta y ocho, con 68 centavos).
En total, entre deuda y multa, 528.447.765,82.
Eduardo Borda, como apoderado de Macri, firmó la recepción de ambas actas sin que le temblara el pulso.
El 9 de septiembre, las principales áreas de la AFIP (Recaudación y el Departamento Técnico Legal de Grandes Contribuyentes) fueron informados por la División de Fiscalización Externa de la actuación realizada el día anterior.
La intimación de la AFIP a Macri es similar a la efectuada hace dos meses, como reveló Página/12, a los principales concesionarios viales -entre los que se encuentra también Macri– por una deuda de 140 millones de pesos. El organismo recaudador sostiene que el empresario se aprovechódel régimen de rebaja de aportes patronales dispuesto por Domingo Cavallo a partir de 1993. De acuerdo al decreto 292/95, las empresas privatizadas o concesionarias de servicios públicos sólo podían acceder al beneficio si presentaban un plan de reducción de las tarifas basado en la baja de los costos laborales, el cual debía ser aprobado por el ente regulador. De esa manera se buscaba que la disminución impositiva en el caso de los servicios no redundara en más utilidades para los empresarios, sino que fueran transferidas a los usuarios y consumidores.
Sin embargo, según la AFIP, Macri no cumplimentó el requisito y rechazó los argumentos esgrimidos por el empresario en un nota previa a la intimación, del día 4 de setiembre.
De otro modo: el empresario se aplicó unilateralmente la baja impositiva, dio las gracias a Cavallo y mejoró en cientos de millones sus ingresos. A nadie puede sorprenderle que, para completar la maniobra, durante el gobierno de Menem y de De la Rúa, la AFIP silbara bajito, y mirara para otro lado.