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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó a la Corte Suprema que anulara su decisión de remitir el expediente sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida a la Cámara de Casación. El organismo basó su demanda en que el máximo tribunal tomó su determinación antes de expedirse sobre una recusación contra el juez Adolfo Vázquez.
“Quédese tranquilo. El fallo vamos a sacarlo cuanto antes. Esta Corte ya tiene dicho que esas leyes son constitucionales. Estamos hartos de los jueces que no respetan los precedentes y le tienen miedo a la prensa”, le dijo Vázquez al obispo castrense Antonio Juan Baseotto, según informó en febrero el diario La Nación. El diálogo se produjo en una reunión en la que estuvieron presentes siete de los nueve ministros del tribunal y motivó la impugnación del CELS, que es querellante en la causa en la que se investiga la desaparición del matrimonio de José Poblete y Gertrudis Hlaczik.
“La Corte Suprema no podía expedirse en este caso sin antes resolver la recusación promovida contra el juez Adolfo Vázquez. La sentencia del 30 de septiembre último debe anularse, ya que para llegar a ella el máximo tribunal cometió graves irregularidades”, aseguró el organismo de derechos humanos.
Vázquez fue uno de los cinco ministros que votaron para que el expediente en el que el juez Gabriel Cavallo y la Cámara Federal declararon la inconstitucionalidad e invalidez de las leyes de impunidad fuera remitido a la Cámara de Casación.
“A pocas semanas de la posible designación del noveno ministro la Corte, decidió que ya no era necesario esperar hasta su incorporación para resolver este tema, como lo venía sosteniendo el presidente de la Corte, Carlos Fayt. El expediente se encuentra en la Corte en condiciones de ser resuelto desde agosto de 2002, fecha en la que el procurador general de la Nación emitió su dictamen. Sin embargo, la Corte demoró más de un año para adoptar una decisión que no entre en el fondo del planteo”, manifestó el organismo en un comunicado.
Al plantear la recusación de Vázquez, el CELS consideró que sólo debían expedirse en el caso “quienes se encuentren libres de toda presión moral y respondan únicamente a las razones de la Justicia, sin tener que preocuparse por la palabra comprometida”. El lobby del representante eclesiástico –así como el de las Fuerzas Armadas y sectores del gobierno- para acabar con los juicios a los represores de la última dictadura también fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para el CELS, Vázquez debía apartarse de las causas en las que se cuestionó la validez de las leyes de impunidad. Pero, al menos, la Corte debía haber tratado ese planteo antes de tomar una decisión relativa a esos expedientes.