El fiscal general Germán Moldes denunció a la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, por supuesta “malversación de caudales públicos” en la que habrían incurrido al presentar un escrito ante la Justicia con el objetivo de refutar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento en la causa del atentado a la AMIA. Esto es, el fiscal federal Gerardo Pollicita acusó a la mandataria con los argumentos de Nisman y la jefa del cuerpo que nuclea a los abogados del Estado puso a disposición del juzgado, que debe determinar si la Presidenta cometió tal delito, los elementos probatorios y documentales para demostrar que no hubo siquiera indicio de la comisión de tales delitos. Ahora, el jefe de los fiscales federales considera que Abbona habría infringido la ley con esta iniciativa. “Es una de las burradas más grandes de la historia de la Argentina”, dijo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.

A criterio de Moldes, las funciones de la Procuración no son trabajar para defender a particulares denunciados sino al Estado argentino, según la denuncia asignada al juez federal Sebastián Casanello. Junto a Abbona fueron denunciados Pedro Diez y Javier Pargament, firmantes del escrito entregado al juez Daniel Rafecas, que investiga la acusación contra la Presidenta realizada por el fiscal Pollicita. “Advierto que la actuación de Abbona, Diez y Pargament importó antes que la defensa de los intereses del Estado una suerte de ostentación de compromiso militante”, sostuvo Moldes. Y afirmó que la denuncia por encubrimiento replanteada por Pollicita “no está dirigida al Estado nacional”, por lo cual consideró que la iniciativa de la Procuración “tal vez simplemente fue un exceso entusiasta derivado de la devoción personal por alguno de los implicados, la admiración incondicional por las personas que detentan las investiduras es un derecho legítimo pero compete únicamente a los particulares”.

Desde el kirchnerismo salieron a replicar a Moldes: “El procurador del Tesoro, además de ser el jefe de todos los abogados del Estado, es el abogado del Poder Ejecutivo y en Argentina el Ejecutivo es uninominal y se encuentra en cabeza de la Presidenta de la Nación”, explicó Fernández. Por lo tanto, razonó que “la acusación (de Nisman) no está dirigida a la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, sino a Cristina Fernández de Kirchner en su rol de presidenta de la Nación”. Para el secretario “con el vergonzante criterio del fiscal Germán Moldes, todos los fiscales que participaron de la marcha días pasados, entre los que lo incluyo, deberían ser imputados del mismo delito porque seguramente han utilizado las computadoras, los teléfonos y el tiempo laboral para organizar la marcha, lo cual es un verdadero oprobio”. Fernández destacó: “Lo dice la denuncia de Nisman y de Pollicita que el summum del encubrimiento estaría dado en la celebración del Memorándum de Entendimiento con Irán, por lo tanto va de suyo que es resorte de la competencia de la Procuración del Tesoro la defensa de la legalidad del accionar administrativo”. Es decir que “la defensa penal de los funcionarios públicos por la realización de actos normativos es responsabilidad de la Procuración del Tesoro”.

En el escrito remitido a Rafecas, la Procuración defiende la firma del Memorándum con Irán como “herramienta idónea” para resolver el conflicto con ese país, a partir de su reticencia a entregar a sus ex funcionarios acusados del ataque. La Procuración había afirmado que la denuncia de Nisman “no aporta ninguna prueba objetiva, ni siquiera indiciaria, de la existencia del hipotético acuerdo secreto entre las autoridades argentinas iraníes a través del cual habrían concertado la implementación del plan criminal de encubrimiento”. Tras calificar como “entramado ficcional” a la teoría de producir el encubrimiento del atentado a cambio de la firma de acuerdos bilaterales de comercio, Abbona destacó que “los documentos de carácter técnico” producidos por los ministerios de Planificación Federal y de Economía y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “desbaratan las afirmaciones de la denuncia en el sentido de que la firma del Memorándum de Entendimiento (con Irán) habría tenido un móvil ilegítimo encubierto”. La Procuración enfatizó que “ninguna actuación de las autoridades del gobierno argentino tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes, en particular aquellos alcanzados por las notificaciones rojas de Interpol”, en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.