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Por Eduardo Tagliaferro y Felipe Yapur

La Cámara de Diputados está frente a un momento histórico: la probable destitución de la totalidad de los jueces de la Corte Suprema. De esta manera la decisión de los legisladores podría coincidir, como en pocas ocasiones, con un reiterado reclamo de la sociedad. Ayer la Comisión de Juicio Político dio uno de los últimos pasos en el proceso contra el máximo tribunal. Finalizada la recolección de pruebas y la instrucción de ocho casos, los legisladores decidieron “correrle vista” a los jueces, es decir elevarles los expedientes en los que se investigó su comportamiento. La medida es previa a la formulación de cargos contra los nueve miembros del tribunal. Los ministros tendrán 10 días hábiles para consultar las causas, antes de que sean citados a presentar su descargo, que pueden realizarlo personalmente, por escrito o bien desistir de hacerlo. Igualmente, a la hora de formular la acusación, cada bloque parlamentario decidirá el contenido de su dictamen. Aunque ese momento aparece todavía como lejano, algunas internas políticas ya están en marcha.
Cada uno de los diputados a quienes se les había encargado la instrucción de algunos casos, llegó ayer a la sala de reuniones con los deberes hechos. Traían el borrador del caso en sus carpetas. Lejos de ser expeditiva, la reunión tuvo sus momentos de polémica. La menemista Alejandra Oviedo insistió en tratar la nota remitida por los defensores de Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López, en la que recusaban a todos los diputados abogados que integraran la comisión. El escrito ya había sido rechazado por los diputados. Allí fue que Oviedo señaló que pondría el tema a consideración de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que, casualmente, ella preside.
–Alejandra, vos sabés que ése es un apriete más –le retrucó el justicialista tucumano Ricardo Falú.
Sus propios compañeros de bancada le respondieron a la legisladora que el artículo que amparaba la presentación de los cortesanos se encontraba en desuso. También le cuestionaron que ella hubiera sido destinataria de un nuevo escrito de la Corte, cuando la práctica indica que éste debería ser enviado al presidente del cuerpo, quien a su vez es el encargado de canalizarlo a la comisión pertinente. No por nada un integrante de la comisión le comentó a Página/12 que “la Corte tiene sus propios defensores dentro del propio Congreso”.
El justicialista Manuel Baladrón comentó incluso que unos 20 legisladores de su bancada le habían planteado sus dudas sobre la marcha y consecuencias del juicio político. El reclamo se centraba en la falta de discusión dentro del propio bloque. Para los legisladores que integran la comisión esto tiene una sola respuesta: “Dudas hay, pero no todos los que piden más precisiones son legisladores que pretenden obstaculizar el juicio”, comentó a este diario un miembro de la bancada oficialista.
Las diferencias serán saldadas dentro de cada bloque. Así lo aseguró un miembro de la comisión. A última hora, los diputados peronistas discutían sus diferencias. Uno de ellos señaló a este diario que “no hay una real dimensión de lo que es el caso del corralito”. Para el legislador es algo más que el contraste de dos fallos contradictorios. No dudó en precisar que la intencionalidad de la Corte fue generar un fuerte caos en la sociedad. Por eso, se indigna, levanta la voz y dice “no se puede tolerar una muerte más”. La frase apela a que no debe haber especulaciones detrás de las definiciones de jueces y políticos. “Si no entendemos la política de otra manera te pasa que no podés caminar por la calle”, concluye.
Justamente el caso del corralito es el que obsesiona a los duhaldistas. Encuentran en él los elementos necesarios para deshacerse de lo que se conoce como “la mayoría automática”, en la que siempre se incluyó a Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano y Guillermo López, y que respondió desde un principio al menemismo. Los seguidores del ex presidente Carlos Menem lo rechazan porque ven en estecaso un acuerdo entre Duhalde y el senador Raúl Alfonsín para proteger al resto de los supremos que responden, dicen, al dirigente radical.
Uno de los legisladores con más llegada a Eduardo Duhalde intentó durante todo el día de ayer, borrar la idea de que el presidente es uno de los impulsores de la movida contra la Corte. Fue el bonaerense, José María Díaz Bancalari, quien precisó que Duhalde no alentó, ni desalentó el juicio político contra los cortesanos. Dijo que sólo se limitó a pedirle a los diputados que tuvieran “seriedad, equilibrio y prudencia”. Tal vez faltó la apelación a una cuota de grandeza.
El menemismo se sabe en minoría, y ante la posibilidad de frenar el avance contra los jueces que le responden, intentan para neutralizar lo que califican como movida duhaldista, involucrar al resto de los supremos. Justamente Oviedo, presentó la semana pasada un escrito en el que reclamaba información acerca de varios incidentes en los que aparecía involucrado Enrique Petracchi.
Mientras los bloques resuelven sus cuestiones internas, entre los miembros de la comisión existe un acuerdo no escrito: llegar hasta la instancia de la acusación a pesar de las resistencias que puedan encontrar dentro de sus bancadas. Incluso, algunos de los justicialistas insinuaron ante Página/12 la posibilidad de renunciar a su bloque si los fuerzan a dar marcha atrás con algunos de los casos. Precisamente la causa por la venta ilegal de armas todavía divide aguas dentro de la bancada justicialista.
De no mediar ningún otro intento por demorar el juicio, dentro de quince días, los supremos comenzarán a entregar sus descargos. No es un trámite obligatorio pero de aceptarlo podrán hacerlo por escrito o personalmente. En caso de que opten por esta última posibilidad, los legisladores ya decidieron convocarlos de dos en dos, por orden alfabético y sin tomar en cuenta los cargos que ostenten en el tribunal.
Este trámite es el último antes de decidir acusar o no al alto tribunal. En caso de que acusarlos, la última palabra la tendrá el plenario de la Cámara baja, en donde se necesitarán los votos positivos de los dos tercios de los presentes. Esto no implica que la comisión pueda incorporar nuevos casos contra los cortesanos por mal desempeño en sus funciones.
A partir de hoy comienza a correr el tramo final del juicio contra la Corte. Al margen de las pruebas, está a prueba la voluntad política de avanzar contra el desprestigiado y caceroleado tribunal.