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Nueve de cada diez argentinos considera que la Corte Suprema debe cambiarse y casi todos ellos afirman que los nueve magistrados se tienen que ir. No se aceptan cambios parciales. La desconfianza en la Justicia y en la propia Corte es enorme. Más de la mitad de los ciudadanos cree que hay corrupción en los jueces y una proporción altísima está convencida de que los magistrados están sujetos a intereses políticos. La gente está tan desconfiada que incluso la mayoría afirma que los integrantes del máximo tribunal deben ser elegidos por el voto de la ciudadanía.
Estas contundentes conclusiones surgen de la encuesta realizada por la consultora Ibope OPSM que lidera Enrique Zuleta Puceiro. El estudio abarcó 800 personas en Capital Federal, Gran Buenos Aires y localidades del interior del país y es parte de lo que se llama el Monitor de Opinión Pública de Ibope. La coordinación corrió a cargo de Isidro Adúriz.
Con esta encuesta a la vista, los miembros de la Comisión de Juicio Político pueden sentirse apoyados. El máximo tribunal ha pasado a encabezar las posiciones en la tabla de los rechazos. El 61 por ciento de los encuestados considera que es positivo o muy positivo que el Congreso haya iniciado el proceso de juicio político.
Tal vez lo más llamativo es que los encuestados quieren que se vayan todos los jueces de la Corte, lo que indica que se propone reemplazar incluso a los que no se les prueben delitos o incapacidades. Es decir, que el desprestigio del cuerpo como tal obliga –a los ojos de la gente– a una remoción de los nueve magistrados. Más de uno de los ministros argumentará que eso se parece mucho a un linchamiento, pero al mismo tiempo deberá tomarse conciencia que tampoco tiene mucho sentido que la cabeza del Poder Judicial quede en manos de jueces que ya no tienen ningún prestigio . Hay que agregar dos datos: sólo el 2,6 por ciento de los entrevistados tiene buena opinión del Poder Judicial, mientras que el 81,8 opina que actúa mal o muy mal.
También se verifica que la gente quiere tener participación en la elección de los jueces, por lo que propone que se den a conocer los antecedentes y que después los ciudadanos voten. Sin embargo, la segunda alternativa también pasa por fuera de los poderes políticos: se propone que en base a los antecedentes haya una participación del Colegio de Abogados. La opción de que a los jueces de la Corte los elija el Poder Legislativo o el Presidente recoge opiniones muy minoritarias.
Mirando el proceso de juicio político que acaba de iniciarse, igualmente una mayoría –59,2 por ciento– cree que los magistrados deberían renunciar y el 35,6 por ciento opina que, tomen la actitud que tomen, hay avanzar con el juicio político para cambiar la Corte.
Por último, la encuesta de Ibope no sólo demuestra que la gente quiere nuevos jueces en el máximo tribunal, sino que hay una proporción elevada que plantean que haya una posibilidad de revocar sus mandatos por iniciativa popular.