El fiscal Ramiro González solicitó al juez federal Sebastián Casanello que reúna la “información necesaria” para determinar si la denuncia que el representante del Ministerio Público Fiscal en la Cámara Nacional de Apelaciones, Germán Moldes, en contra de la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, y dos de sus subordinados, implica o no la comisión de un delito. La última semana de febrero, Moldes había acusado a Abbona y parte de su equipo de cometer “malversación de caudales públicos” al presentar el escrito que refutó, ante el juez Daniel Rafecas, la denuncia de Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para determinar si existió o no tal delito, González requirió tener en su poder el texto de la presentación que la Procuración del Tesoro realizó ante Rafecas, el contexto en el que los funcionarios públicos realizaron esa presentación, datos sobre sus cargos en el organismo y las funciones que, por reglamento, debe cumplir el mismo. Los datos no formaban parte de la exposición de Moldes.

González, titular de la Fiscalía Federal Nº 7, dio el primer paso en el expediente que nació con la acusación de Moldes a Abbona y los subprocuradores Pedro Diez y Javier Pargament. Solicitó ayer al juez que entiende en la causa que recopile algunos datos que calificó de “fundamentales” para determinar si existe la malversación que su jefe les endilga a los funcionarios del equipo de abogados del Estado. De existir, la instrucción avanzaría. Por el momento, Abbona, Pargament y Diez no están imputados porque aún no está evaluado el delito.

En su dictamen, el fiscal solicita a Casanello que arbitre las medidas necesarias para conseguir una copia de la presentación de Abbona ante Rafecas en el marco de la investigación de la denuncia de Nisman a la Presidenta y el canciller Héctor Timerman, entre otros. El texto, que lleva las firmas de Diez y Pargament, defiende la firma del memorándum con Irán a partir de la reticencia de Irán de entregar a sus ex funcionarios acusados del ataque. González considera que es necesario saber qué dice ese documento, pero también en qué contexto fue realizado: por qué, si lo solicitó alguien, si los funcionarios de la Procuración del Tesoro actuaron motu proprio. También pidió al juez que solicite información sobre los cargos de los tres funcionarios en el organismo –sus legajos, sus nombramientos en el Boletín Oficial– y el reglamento de la Procuración del Tesoro.

Tal información está ausente en la denuncia que presentó Moldes ante la Justicia el pasado 24 de febrero. En su demanda, el fiscal de Cámara asegura que Abbona, Diez y Pargament “habrían excedido sus facultades funcionales y extralimitado las misiones específicas del organismo público que dirigen. Han utilizado los recursos materiales y humanos con que cuenta la Procuración del Tesoro en beneficio de terceros, personas físicas, no contemplados en las normas que rigen su funcionamiento”. Según su criterio, las funciones de la procuración son trabajar para defender al Estado argentino, con lo cual al no estar la denuncia de Nisman dirigida a esa entidad sino a la titular del Ejecutivo, a algunos miembros del gabinete y legisladores, entre otros, excedieron sus funciones. La iniciativa, concluye, “tal vez simplemente fue un exceso entusiasta derivado de la devoción personal por alguno de los implicados, la admiración incondicional por las personas que detentan las investiduras es un derecho legítimo pero compete únicamente a los particulares”. Luego llegaría la decisión de Rafecas de desestimar la denuncia del fiscal fallecido por considerar la inexistencia de delito.

Cuando Moldes avanzó en este sentido, en su aún rol de secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández identificó una equivocación en la demanda del fiscal. Fernández consideró que la denuncia de Nisman no está dirigida a la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner, sino a Cristina Fernández de Kirchner en su rol de presidenta de la Nación”. Por lo tanto, desmintió “el exceso entusiasta” que Moldes le endilgó a Abbona, Diez y Pargament: “El procurador del Tesoro, además de ser el jefe de todos los abogados del Estado, es el abogado del Poder Ejecutivo, y en Argentina el Ejecutivo es uninominal y se encuentra en cabeza de la presidenta de la Nación”, definió.