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Amnistía Internacional advirtió en 2007 sobre las consecuencias de equipar a las policías con pistolas Taser. “Ahí, donde su uso se ha extendido, crece año tras año el número de muertes que tienen lugar luego de su empleo. Además, casos de tortura y malos tratos empleando una amplia gama de defensas eléctricas y dispositivos de electrochoque han sido documentados por AI en al menos 87 países”, destacó el informe que se tituló “Voltios sin control. Uso de pistolas tipo Taser y otras defensas eléctricas por las fuerzas de seguridad de España”.

“Las pistolas tipo Taser y otros dispositivos similares suscitan serias preocupaciones sobre sus efectos médicos y por el hecho de que, por sus características inherentes, son fácilmente utilizables de forma abusiva”, arranca el capítulo de las conclusiones del informe. “Aunque presentadas por sus fabricantes y defensores como una alternativa al uso de la fuerza letal, la experiencia en países como Estados Unidos y Canadá ha venido demostrando que, lejos de estar restringido su uso a circunstancias muy definidas, las armas de electrochoque se han convertido en el instrumento de fuerza utilizado con más frecuencia, por parte de la policía y en circunstancias de riesgo de un nivel relativamente bajo de la escala del ‘uso de la fuerza’”, alertó el organismo.

Para que los Estados garanticen su obligación de prevenir la tortura y otros tratos crueles, degradantes e inhumanos, el informe de Amnistía aconsejó “aplicar y reforzar las medidas de regulación y control sobre este tipo de armas”. “Es la obligación más elemental”, advirtió, y destacó que “los Estados deben rendir cuentas de manera transparente y asegurar que al menos sus normas de regulación y control son efectivas, incluidas salvaguardias expresas en materia de derechos humanos que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben observar en caso de ser habilitadas para usarlas”.

“El hecho de que varios gobiernos hayan prohibido el uso de defensas eléctricas a particulares y restringido su utilización a determinados funcionarios se debe a que reconocen que pueden provocar fácilmente sufrimiento y lesiones innecesarias e incluso la muerte, dada la variedad de circunstancias en que se emplean”, señala Amnistía. Según una investigación de la propia organización en los Estados Unidos, entre 2001 y 2007 murieron 269 personas tras recibir descargas de arma tipo Taser usadas por policías. “Aunque en la mayoría de los casos los forenses han atribuido la muerte a otros factores, como el consumo de drogas, algunos expertos médicos creen que las descargas de estas armas pueden agravar el riesgo de un fallo cardíaco en casos de personas agitadas o bajo la influencia de las drogas o que sufran problemas cardíacos previos a las descargas eléctricas”, explica el informe.