El Congreso constituyó ayer la comisión bicameral que trabajará en la implementación y el monitoreo del nuevo Código Procesal Penal (CPP). El flamante presidente de la bicameral, el senador kirchnerista Rodolfo Urtubey, repartió entre los integrantes de la comisión cinco proyectos de ley, consensuados con el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, necesarios para poner en marcha “en forma progresiva” el CPP y que ordenarán el debate parlamentario. Cada uno de ellos comenzará a ser debatido en el Senado, que también se encargará de emitir los dictámenes, en base a las propuestas de la bicameral.

El martes próximo, la bicameral comenzará a trabajar en el reglamento propio, el ordenamiento de cada tema a abordar y la elaboración de una lista de invitados, que incluirá a funcionarios nacionales, juristas y especialistas en cada uno de los temas a abordar en audiencias públicas. Urtubey aclaró que la propuesta del oficialismo será tomar los borradores de cinco proyectos de ley de origen en el Senado –acordados la semana pasada con el viceministro de Justicia, Julián Alvarez– necesarios para poner en marcha el nuevo CPP.

La lista incluye la ley de implementación del CPP, las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Además de modificaciones parciales al actual Código Penal, que incluyen el llamado Principio de Oportunidad, una facultad del Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, de abstenerse de su ejercicio, o en su caso, de solicitar ante el órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa, bajo determinados requisitos previstos por la ley, así como la modificación de la ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal.

En este último proyecto se incorpora un dato importante para lo que Urtubey definió como la “implementación progresiva” del nuevo CPP: la incorporación voluntaria de los distintos juzgados al nuevo Código Procesal Penal, que tendrá como contrapartida una recompensa económica: los jueces de primera instancia que así lo decidan pasarán a tener una retribución salarial equivalente a los jueces de Cámara del mismo fuero.

La comisión bicameral está integrada por ocho senadores e igual número de diputados. El oficialismo con sus aliados suman diez integrantes, mientras los otros seis corresponden proporcionalmente a distintas bancadas opositoras. La diputada kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti quedó en la vicepresidencia y el ex fiscal radical Manuel Garrido como secretario.

Completan la representación oficialista los senadores Marcelo Fuentes (Neuquén), Pedro Guastavino (Entre Ríos), Pablo González (Santa Cruz) y Sigrid Kunath (Entre Ríos), y los diputados Diana Conti, Carlos “Cuto” Moreno, Graciela Giannettasio y Carlos Raimundi (Nuevo Encuentro). Por la oposición, además de Garrido, estarán por la UCR, el jefe del bloque de diputados, Mario Negri, y los senadores Mario Cimadevilla (Chubut) y Angel Rozas (Chaco). La diputada porteña Patricia Bullrich representa a Unión PRO y la senadora puntana Liliana Negre de Alonso al Interbloque Federal.