La Justicia salteña pidió ayer el desafuero del senador nacional Juan Carlos Romero, en una causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito. El juez de garantías de salta Diego Rodríguez Pipino aceptó el pedido de la fiscal Mónica Poma, ante las reiteradas ausencias de Romero a las citaciones a declarar. El dirigente del peronismo federal es investigado por su incremento patrimonial durante su gestión como gobernador de Salta, entre los años 1995 y 2007. El pedido de Rodríguez Pipino se produce dos días después de las elecciones primarias provinciales, en las que Romero fue derrotado por más de 14 puntos por el actual gobernador Juan Manuel Urtubey. La situación judicial podría complicar su situación de cara a las elecciones generales salteñas del 17 de mayo.

La solicitud del Ministerio Público salteño fue realizada el 16 de marzo pasado por la fiscalía de Delitos Económicos Complejos, luego de que Romero se ausentara de las tres audiencias fijadas desde diciembre del año último. La investigación se realizó por la construcción de una mansión de más de 2000 metros cuadrados. Finalmente, ayer Rodríguez Pipino decidió librar los oficios correspondientes al Senado de la Nación para solicitar su desafuero. El juez también intimó a su abogado, Pedro Oscar Guillén, para que “observe el estricto cumplimiento en su actuación profesional” para ajustarse a la Ley de Ejercicio de las profesiones de Abogados y Procuradores.

La Cámara alta deberá ahora decidir si aprueba el pedido del magistrado, para lo cual debería tratar el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales y luego en el pleno del cuerpo. Fuentes parlamentarias estimaban poco probable esa situación, teniendo en cuenta un “vacío legal” que existe actualmente en la ley de fueros, ya que esta no establece inmunidad durante el desarrollo del proceso judicial.