El kirchnerismo planteó la necesidad de abrir un procedimiento para investigar cuál es la situación “física y mental” del ministro de la Corte Carlos Fayt. Las ausencias del juez de su lugar de trabajo hacen dudar al Gobierno sobre el verdadero estado de salud del integrante más antiguo del máximo tribunal de Justicia, de 97 años. En este sentido, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, apuntó que Fayt debería demostrar que está lúcido, y le pidió “que salga de su casa y hable con los periodistas, como lo hacía habitualmente. Así todos estaríamos contentos de que está bien y se vale por sus propios medios”. Pero no fue Fayt el que salió a contestarle sino su abogado, Jorge Rizzo, que aseguró que se comunicó con el juez por teléfono y que éste le pidió transmitir “que va a resistir en el cargo”.

En medio de los crecientes cuestionamientos a la Corte, su presidente, Ricardo Lorenzetti, confirmó que ha decidido cancelar su viaje a Roma. Iba a viajar el lunes a la noche y planeaba quedarse durante una semana.

El debate fue abierto por dos notas de Horacio Verbitsky publicadas en Página/12, en las que el periodista reveló que aunque el acta por la que se re-re-reeligió a Lorenzetti como titular del cuerpo sostiene que la acordada fue firmada por todos los ministros en la Sala de Acuerdos del Tribunal, en realidad Fayt no la rubricó allí sino en su domicilio de Recoleta, hasta donde le acercaron el texto.

Verbitsky agregó que Fayt, debido a su deterioro cognitivo, no está en condiciones de estudiar ningún expediente, lo que delega en sus colaboradores. Y que esta situación es admitida en diálogos privados por Lorenzetti, aunque ocultada hacia afuera.

El martes, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, el oficialismo planteó analizar el estado del juez, ya que de su función depende “el pleno funcionamiento de los derechos de los argentinos”.

Para el presidente de la Cámara de Diputados y precandidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, Julián Domínguez, “la inasistencia reiterada de Fayt a su lugar de trabajo, como miembro de la Corte Suprema de Justicia, significa una actitud de mal desempeño en la función”. Mientras el kirchnerismo y la oposición se cruzaban en los medios, el diputado kirchnerista Héctor Recalde sugirió que una salida sería pedir “un nuevo acuerdo” al Senado para que decida la continuidad del magistrado, además de un examen psicofísico, en un trámite que podría ser canalizado por la comisión de Juicio Político.

“He visto por televisión la firma del doctor Fayt”, dijo Recalde y agregó que “evidentemente, con 97 años hay un problema y el problema se zanja respetando la Constitución”, que estipula que cumplidos los 75 años, se puede continuar en la Corte pero con un nuevo acuerdo de la Cámara alta.

Rizzo, el abogado de Fayt, hizo de su portavoz. Sostuvo que se había comunicado por teléfono con juez de la Corte y aseguró que se encuentra “en su casa, bien y de muy buen ánimo”.

“Me dijo que hay una campaña en su contra, que hay un embate del Poder Ejecutivo y que siente que a algunos les molesta su presencia en la Corte desde hace tiempo, pero va a ‘aguantar los embates y resistir en el cargo mientras esté bien, como hasta ahora’.”

Siempre según Rizzo, Fayt le expresó además que “no le preocupa la Comisión de Juicio Político” que trataría su caso para definir si está en condiciones de continuar en su cargo.

Desde la oposición, Elisa Carrió de la Coalición Cívica, Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra de la UCR salieron en defensa de la figura de Fayt.

“Este es un trato inhumano y cruel; decir senil, decir que está inhabilitado cuando están tantos delincuentes en el poder y, además, tantas personas drogadas en el poder... Yo he visto a un jefe de Gabinete duro por la cocaína”, acusó Carrió.

La diputada cargó además contra La Cámpora, al alertar que sus legisladores “se están convirtiendo en violentos”. La calificación tiene que ver con que Anabel Fernández Sagasti, dirigente de esa agrupación kirchnerista, asumió como titular de la Comisión de Juicio Político.

“Me da la impresión de que este cambio es un cambio ordenado por la presidenta y ejecutado por chiquillos que se están convirtiendo en delincuentes morales”, añadió Carrió.

Sanz habló también de moralidad. “Carlos Fayt, firmando un fallo desde su casa, tiene mucha más autoridad moral que todo el gabinete de Cristina Fernández de Kirchner junto, que desde sus despachos han firmado cosas tremendas en contra del país”, planteó en un comunicado con su firma. Y su par Héctor Gutiérrez consideró como “una falta de respeto poner en duda la salud mental de uno de los maestros del derecho”.

“En vez de premiar la trayectoria, cuidar de su experiencia y apelar a su sabiduría y a su compromiso republicano, se lo maltrata y denigra. Este gobierno es el que debería dar explicaciones y más de uno ir a un estudio de salud mental”, enfatizó el legislador.

A su vez, el ex ministro de Justicia Gil Lavedra atribuyó los cuestionamientos del Gobierno a un intento de obtener “una vacante” en el máximo tribunal “de cualquier modo y a cualquier precio”, y advirtió que la “trayectoria” del magistrado “merece un tratamiento diferente al que se le está dando”.

El ex camarista federal llamó a “los bloques de la oposición” a “manifestar claramente que se van a oponer a cualquier intento de esta naturaleza”. En esa línea, recordó que el Gobierno “no tiene el número necesario” en el Congreso “para acusar a un juez de la Corte por mal desempeño”, porque necesitaría reunir los votos de los dos tercios de sus miembros. Gil Lavedra también se opuso a que se designen nuevos integrantes de la Corte Suprema antes del cambio de gobierno: “La próxima administración”, definió, “estaría en mejores condiciones para acordar y consensuar reemplazos”.