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Como se acostumbraba en los ‘90, Guillermo López llegó a la Corte Suprema con unos antecedentes dudosos –sólo dos años de experiencia en el Poder Judicial– y gracias a su buena relación con los ministros de turno. Desde un principio, López aportó su bajísimo perfil a la mayoría automática y, aunque no tuvo el liderazgo político de Eduardo Moliné O’Connor ni el lugar institucional de Julio Nazareno, votó sin titubeos en sintonía con las necesidades del menemismo. Ayer, con sus 76 años, algunos problemas de salud y el paso cansino, López se convirtió en el tercer cortesano que abandona el tribunal desde la purga iniciada por Néstor Kirchner.
Recibido de abogado a los 25 años en la UBA y de doctor en Derecho y Ciencias Sociales a los 29, López trabajó desde muy joven como asesor legal de varios sindicatos. En los ‘60 fue consejero del dirigente de la Uocra Rogelio Coria, integrante del ala participacionista del gremio, que se opuso a Augusto Vandor y colaboró con la dictadura de Juan Carlos Onganía.
Siempre en la Uocra, López fue uno de los fundadores del Ispic, el instituto de cobranzas que mediaba entre el gremio y las empresas. Más tarde participó en las negociaciones que derivaron en la primera gran ley de flexibilización laboral: la de los albañiles, que pulverizó las indemnizaciones de los trabajadores de la construcción y ubicó al régimen por debajo de muchos de los derechos que fijaba la Ley de Contrato de Trabajo.
Especialista en derecho laboral, profesor de la UBA y la UB y autor de libros clave de la materia, como el electrizante Asociaciones sindicales, la vida de López se desarrollaba muy lejos del Poder Judicial, hasta que a principios de los ‘90 un viejo amigo le dio un empujoncito.
Enrique Rodríguez, al que había conocido años atrás trabajando para los gremios, había sido designado por Carlos Menem al frente del Ministerio de Trabajo. Fue él quien apadrinó la designación de López, que se salteó la carrera judicial y fue ubicado de un día para el otro en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Antes, López tuvo que renunciar a un puesto en el Sindicato del Seguro, donde fue a parar Noemí Rial, por entonces esposa de... Enrique Rodríguez.
Un año después, ya designado juez laboral, López redactó el fallo que convalidó las elecciones en la Unión Ferroviaria a través de las cuales el menemista José Pedraza –del cual su amigo Rodríguez había sido asesor y apoderado– retuvo la jefatura del gremio. En realidad, la victoria de Pedraza fue el fallo en sí, que le impidió a la oposición presentar candidaturas alternativas.
Menos de dos años después, este juez de andar cansino y casi sin antecedentes en el Poder Judicial era designado en la Corte Suprema. Su nombre, junto al de Gustavo Bossert y Héctor Masnatta, fue consensuado en la casa de Raúl Alfonsín entre el ex presidente y los operadores menemistas Carlos Corach y Eduardo Bauzá. Ansiosos por cerrar el Pacto de Olivos, los radicales no tuvieron más remedio que aceptar la designación de López, que para ese entonces ya había construido una relación provechosa con Corach. “Nos dieron a elegir entre Drácula y el Hombre Lobo y al final nos quedamos con el Hombre Lobo”, señalaron en aquel momento los radicales.
El Senado aprobó su designación en una sesión que duró lo que un relámpago, y López juró como juez el 24 de marzo de 1994. Sin pensarlo mucho, el flamante magistrado se alineó con el resto de los ministros que conformarían la mayoría automática, el bloque que socorrería al gobierno ante cada inconveniente legal.
Junto a Nazareno, Moliné O’Connor, Adolfo Vázquez y Antonio Boggiano, López intervino en causas fundamentales, como la privatización de los aeropuertos, el rebalanceo de tarifas telefónicas o el tercer senador nacional por el Chaco. Ultimamente participó de la declaración de inconstitucionalidad de las normas sobre el corralito y la pesificación de los depósitos. También votó en las causas relacionadas con la excarcelación de Menem y Emir Yoma por la venta de armas y aprobó los descuentos salariales a los empleados públicos y el reajuste de haberes a los jubilados.
Pero su apoyo no se limitaba a los fallos. Siempre fiel a la mayoría automática, López fue incluso más allá, defendiendo públicamente algunos proyectos faraónicos y alocados del menemismo, como la frustrada Ciudad Judicial.
En cuanto a su imagen pública, López mantenía un obstinado bajo perfil, que casi nunca rompía. Una de las excepciones ocurrió en 1996, cuando le dijo a la BBC que la Corte Suprema no avanzó en la investigación del atentado contra la Embajada de Israel porque “ninguno” de los servicios de inteligencia de ese país “pudo aportar datos”. Ese mismo año, en otra de sus rarísimas intervenciones públicas, se cruzó con Estanislao Karlic. “Los jueces son conscientes de que no tienen la credibilidad debida y están realmente preocupados”, había dicho el obispo. “La falta de credibilidad que sufre la Justicia es culpa de la prensa”, fue la réplica de López.
Junto al resto de sus compañeros, el año pasado López logró zafar del juicio político. “Fueron nueve meses de asedio, a nadie le gusta que le hagan lo que nos hicieron”, dijo tras la renuncia de Gustavo Bossert.
Sin embargo, su suerte comenzó a cambiar hace un mes, cuando, en medio de los aires de renovación que trajo el kirchnerismo y luego de la renuncia de Nazareno y la suspensión de Moliné, la Comisión de Juicio Político de Diputados lo puso en la mira.
Desde hacía al menos un año, López tenía problemas de salud, a tal punto que en muchas oportunidades no pudo concurrir a los tribunales y firmó sentencias en su casa. Ayer, con 76 años y la jubilación de privilegio asegurada, López anunció su renuncia.