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Una amenaza telefónica a los Tribunales de San Isidro provocó no sólo el desalojo del edificio, sino que además las hipótesis de su origen terminaron siendo más oscuras que el propio llamado y con tufillo a gestiones de los muchachos del Servicio Penitenciario Bonaerense. El llamado tenía destinatario: “Van a volar todos por el aire, especialmente Maroto y Gómez”. Se refería al camarista de la Sala I, Fernando Maroto, y a la defensora oficial María Dolores Gómez, permanentes denunciantes del “tratamiento resocializador” que aplican a los presos en las cárceles bonaerenses. El anónimo se manejó con tal impunidad que ni siquiera se preocupó de que rastrearan su llamada. Rápidamente, las autoridades penitenciarias se encargaron de anunciar que habían identificado al preso con nombre y apellido. Lo curioso es que el preso viene presentando denuncias de malos tratos ante la defensora y el juez. “Esto huele a una jugarreta para ensuciar al preso ante sus compañeros. Su vida corre peligro”, dijo una fuente judicial a Página/12. La confirmación de esa sospecha la dieron, sin saberlo, las propias autoridades penitenciarias con su información: sostuvieron a rajatabla que el llamado se había hecho desde la unidad 24 de Florencio Varela, donde se alberga el mentado preso. Lo curioso es que el número desde donde se efectuó la amenaza –al que este diario tuvo acceso– está a más de 300 kilómetros de Varela. Su código de larga distancia es 02254 y corresponde a Pinamar.
El Pelado es un preso detenido en el Pabellón A de la Unidad 24, de Florencio Varela. Como la mayor parte de los presos, pasa y pasó las de Caín, lo que lo llevó a presentar pedidos de amparo ante la defensora oficial de San Isidro, María Dolores Gómez, y ante la Sala I de la Cámara de San Isidro, presidida por Fernando Maroto. No es la primera vez que ambos funcionarios denuncian el sistema de maltrato penitenciario, lo que los transforma en epicentro de los pedidos de los presos. Y también en la mira de las amenazas.
En abril de 2003, Maroto denunció que los guardias del penal de Olmos cobran coimas para dejar visitar a los presos. Hace apenas dos semanas, denunció penalmente al segundo jefe de la cárcel de Campana, de apellido Barrionuevo, tras la denuncia de un preso que había sido sometido a una golpiza. Barrionuevo ya tenía fama de duro y golpeador. Venía de la unidad 9, de La Plata, donde a fines de 2001 provocó que dos de los Doce Apóstoles, Marcelo Brandán Juárez y Víctor Esquivel Barrionuevo, pidieran a la defensora oficial ser trasladados a otro penal. Gómez presentó el pedido ante Maroto, que decidió ordenar el cambio de unidad. El traslado provocó un fuerte incidente entre el gobierno bonaerense y la Justicia.
Cuando Maroto intervino en Campana, hace dos semanas, se encontró que el denunciado era el mismo manodurista Barrionuevo y, además de la denuncia penal, solicitó a la Subsecretaría de Política Penitenciaria bonaerense que fuera removido del cargo. “Costó mucho sacarlo –sostuvo una fuente de gobierno–. Demostró que tiene peso. Cuando ordenaron su relevo, el tipo durante una semana desobedeció la orden y se mantuvo en su despacho.”
Maroto ya había recibido amenazas antes que el llamado de ayer. Entre otras, una en agosto de 2001, cuando un hombre de campera apareció por su casa y le dijo a la esposa que “su esposo y Dieguito están haciendo mucho quilombo”. Dieguito es Diego Maggini, secretario de Maroto. Poco tiempo antes, el camarista había pedido a la Suprema Corte una investigación a raíz de una denuncia de doce jefes penitenciarios que sostenían que los jefes del Servicio de Inteligencia penitenciario intentaban “quebrarlos” (a Maroto y sus empleados) por las permanentes inspecciones en las cárceles.
Por su lado, Gómez había sido objeto de amenazas y de un ataque directo, en el que fue golpeada al estilo de un robo en el que no le robaron nada más que la tranquilidad. En mayo de 2001, un preso de la cárcel de Rawson llamó a la defensora para explicarle que por lo menos tres jefes del SPBpreparaban un plan para asesinarla bajo la máscara de un robo, pagándole a un preso peligroso con su libertad bajo fianza para que ejecutara la orden. Días más tarde, otro preso de la U29 denunció que le habían ofrecido su libertad a cambio de que “le pegue un par de tiros” al hijo de la defensora.
Las amenazas y los golpes fueron denunciados ante la Justicia. Las causas fueron acumuladas en diferentes fiscalías, hasta que hace un tiempo desembarcaron todas en la fiscalía platense de Violini. El resultado es catastrófico. No se descubrió nada. El 5 de junio de 2001, el CELS presentó un pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 27 de agosto, la CIDH ordenó al Estado argentino la protección de Gómez y sus presos testigos y que se investigaran a fondo sus denuncias. “Desde hace dos semanas, las amenazas contra Gómez se intensificaron”, dijo un vocero del CELS. El viernes pasado, el CELS presentó ante la CIDH en Washington una denuncia contra el Estado, por la violación de derechos como que la vida de la defensora corra evidente peligro, la nula investigación sobre sus denuncias y sobre los hechos carcelarios que investiga y que luego desatan las amenazas. “No se denuncia un caso individual –dijo el vocero–. Las amenazas llegan porque Gómez investiga torturas y malos tratos. La amenaza es clara. El que se meta con las torturas la va a pasar mal.”
Volviendo a la última de las amenazas, a las 12.30, la telefonista de los Tribunales de San Isidro atendió y escuchó la alusión directa a Maroto y Gómez. “¿Qué sos, tarada?”, le preguntaba la voz, mientras la mujer estiraba el llamado para registrar el número. Y logró hacerlo. Este diario lo obtuvo. El número comienza con el 02254-49-8..., corresponde a Pinamar y no figura en guía. Es probable que se trate de un teléfono público. Lo sorprendente es que las autoridades penitenciarias aseguraron a Página/12 que “el llamado se hizo desde el Pabellón A, de la unidad 24”, a más de 300 kilómetros del lugar y describió con precisión la ubicación del teléfono. Poco después surgía el nombre del Pelado V. R. señalado como el amenazante. Sólo hay lugar para dos conclusiones: o en el SPB las guías telefónicas son inútiles, o alguien está tratando de matar dos pájaros de un tiro. Encubrir las amenazas y poner en problemas a un preso denunciante.