El presupuesto que recibe la Dirección de Protección del Trabajo es otro de los indicadores de la prioridad (o falta de prioridad) que les da la gestión PRO a las inspecciones en talleres clandestinos: el año pasado ejecutaron un total de 29 millones de pesos, sólo un 3 por ciento más que el presupuesto que tenía esa dependencia en 2011. El auditor kirchnerista Eduardo Epszteyn destacó que si se utiliza el cálculo inflacionario que promociona el gobierno porteño “entre 2011 y 2014 el presupuesto disminuyó 20 millones de pesos, dejando un cuarto del presupuesto de hace tres años”. Epszteyn advirtió que parte de ese dinero termina en consultorías y no en tareas de fiscalización.