El Senado aprobó ayer el paquete de proyectos para la implementación de la reforma del Código Procesal Penal, que estableció el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio y que, de aprobarse en Diputados, entraría en vigencia a partir del 1o de marzo próximo. Se trata de cinco iniciativas que contaron con el voto del Frente para la Victoria en la Cámara alta y un acompañamiento dispar de la oposición. La modificación de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, encabezada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y la nueva organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal fueron los proyectos que tuvieron mayores resistencias y fueron avaladas sólo por el oficialismo y sus aliados. “Venimos con una idea para las víctimas, con un sistema de enjuiciamiento penal que se hace de cara a la sociedad. Es un orden jurídico más justo y más transparente”, aseguró el senador Rodolfo Urtubey, presidente de la comisión bicameral para la implementación del Código.

La media sanción del Senado llegó luego de cuatro horas de debate en el recinto, en el que se incorporó también la discusión y aprobación (por 37 votos a 19) de la ley de subrogancias para tribunales inferiores del Poder Judicial. Con el mismo número se aprobaron la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y la de la organización y competencia de la Justicia Federal. En cambio, la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa y la ley de implementación del Código Procesal Penal obtuvieron 45 votos a favor y 11 en contra. La iniciativa relativa a la titularidad de la acción penal consiguió 48 avales contra 8 votos negativos.

Las principales críticas estuvieron centradas en las facultades que las iniciativas otorgarían a la procuradora Gils Carbó, descalificada por los opositores por su condición de “militante de Justicia Legítima”. “Si no hay un proceso de juicio político, Gils Carbó va a estar por los gobiernos de los gobiernos y se le dan todas estas atribuciones”, se quejó el jefe de la bancada radical, Gerardo Morales. “Hay que confiar en la buena fe del procurador general de la Nación, pero el sistema no garantiza por sí mismo la objetividad y la transparencia que se deben requerir. Los fiscales de distrito están puestos a dedo por el procurador”, consideró su compañero de bloque, Angel Rozas. En la misma línea, la peronista disidente Liliana Negre de Alonso sostuvo que “se ha blindado el funcionamiento de la Procuración y le da una discrecionalidad absoluta”.

A su turno, Urtubey retomó algunas de esas críticas y replicó que el sistema utilizado para la implementación del nuevo Código “no nació de un repollo o de un gabinete intelectual”. “Hay 22 provincias argentinas que tienen este sistema de enjuiciamiento penal con códigos procesales idénticos en su implementación”, advirtió. Además, respecto del rol que tendrán los fiscales –que a partir de la aplicación del nuevo Código serán ellos y no los jueces quienes lleven adelante la investigación penal–, Urtubey retrucó los cuestionamientos por la supuesta discrecionalidad: “No hay fiscal sin juez. El fiscal debe actuar en un proceso judicial que tiene un juez que tiene que habilitar el inicio de la acción penal, la producción de la prueba, los allanamientos y las medidas que puedan afectar los derechos individuales”, explicó. Incluso, Urtubey ponderó la importancia de las audiencias públicas y de la oralidad, que podrían impedir, según dijo, fallos como el de la Cámara de Casación penal bonaerense que redujo la pena a un violador de un niño de 6 años.

Las iniciativas sufrieron mejoras y correcciones en el marco de la comisión bicameral que recogió opiniones de instituciones, juristas y gremios a lo largo de tres semanas de audiencias. Entre los cambios se destaca la creación de una Procuraduría Especial para la investigación de la apropiación de niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura. A diferencia del texto original, la norma entrará en vigencia de manera gradual, comenzando primero por la Justicia nacional y se aplicará en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un primer momento se iba a implementar a partir del 1o de septiembre, aunque finalmente la fecha quedó para marzo.

A pedido del sector gremial, se eliminó la categoría de “relator” dentro de las fiscalías nacionales de primera instancia y se estableció que los demás cargos serán creados por la carrera judicial, el escalafón y el examen. “De esta manera se va a transparentar cómo va a ser el acceso del personal y que estas designaciones no dependan de su titular, sino que quedan incorporadas al escalafón judicial”, explicó Urtubey, quien consideró que así se dará cumplimiento a la ley de acceso democrático a la Justicia. Los proyectos pasan ahora a la Cámara baja. Se espera un trámite ágil, ya que los diputados participaron de su discusión en la comisión bicameral.