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La Cámara de Casación Penal bonaerense emitirá en las próximas horas el demorado fallo sobre el Caso Cabezas. Según los rumores que circulan en La Plata, el tribunal confirmaría las condenas dictadas por el Tribunal Oral que funcionó en Dolores y condenó por el asesinato de José Luis Cabezas a tres policías, a los cuatro integrantes de una banda de ladrones conocida como Los Horneros y que había sido reclutada por los policías y a Gregorio Ríos, jefe de la custodia de Alfredo Yabrán. Al menos este último apelará ante la Corte Suprema y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que funciona en Washington.
En la provincia de Buenos Aires las demoras de la Cámara de Casación se estaban convirtiendo en un verdadero escándalo. Los juristas consultados por este diario coincidieron en señalar que no existe explicación para que un tribunal demore tres años y ocho meses en resolver una apelación –el fallo del juicio oral se conoció en enero de 2000–, cuando el trámite no consiste en producir pruebas sino en leer un expediente y pronunciarse sobre él.
Si los rumores se confirman, Casación confirmará lo que estableció el fallo del Tribunal Oral: que Alfredo Yabrán le sugirió a Gregorio Ríos la necesidad de eliminar a José Luis Cabezas y que Ríos a su vez le delegó la tarea al oficial de la Bonaerense Gustavo Prellezo. El uniformado convocó a cuatro delincuentes de poca monta, con problemas de drogas –José Luis Auge, Horacio Braga, el ahora fallecido Héctor Retana y Gustavo González–, a quienes trasladó hasta Pinamar. Luego, con la colaboración de otros dos policías, Aníbal Luna y Sergio Camaratta, prepararon todo para secuestrar al fotógrafo. En la madrugada del 25 de enero de 1997 metieron a Cabezas en su auto, lo llevaron hasta la cava en las afueras de Pinamar, le pegaron dos tiros en la nuca y luego quemaron su cuerpo.
La polémica siempre consistió en determinar el papel de Alfredo Yabrán. En el fondo, los jueces lo consideraron autor intelectual, pero como se suicidó cuando estaban a punto de detenerlo, el peso de esa imputación recayó en su jefe de custodia, Ríos. A él se le adjudica ser el cerebro del asesinato. Sin embargo, existió también la otra hipótesis: que el asesinato de Cabezas fue una operación policial, encargada por jefes de la Bonaerense y ejecutada por uniformados y ladrones contratados por los uniformados. En esta hipótesis, el objetivo del crimen fue vengarse de la revista Noticias por aquel artículo llamado “La Maldita Policía” y frenar la purga puesta en marcha por Eduardo Duhalde que pasó a retiro a algunos de los comisarios más ricos, corruptos y sanguinarios de la historia de la Bonaerense.
En las últimas semanas se viene agitando la idea de que los asesinos de Cabezas podrían salir en libertad. Sin embargo, todos fueron condenados a prisión perpetua, lo que permite salir de la cárcel recién cuando se cumplen 20 años de prisión. Como el crimen se cometió en tiempos en que estaba vigente la llamada ley del dos por uno, la mayoría de los detenidos por el asesinato se van a ver beneficiados por la aplicación de esa norma, que establece que pasados los dos primeros años de detención sin sentencia firme, se computa cada año de prisión como doble hasta que se confirme el fallo.
El cálculo, por ejemplo para Gregorio Ríos, preso desde 1997, es que lleva más de diez años de prisión: los dos primeros simples y los cuatro siguientes multiplicados por dos, con lo que totaliza los diez años. El abogado de Ríos, Jorge Sandro, ya adelantó que apelará la sentencia a la Corte Suprema bonaerense, con lo que según algunos juristas el fallo no queda firme sino que sigue rigiendo el dos por uno. En ese caso, Ríos saldría en libertad condicional en el 2008, si en cambio el fallo se considera firme con la resolución de Casación, tendrá que esperar hasta el 2012. Paralelamente, Sandro manifestó que apelará también a la Comisión Interamericana.