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Los abogados del grupo de piqueteros denunciados por el Gobierno por impedirle abandonar sus oficinas al ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dejaron en claro que no tienen los mismos conceptos sobre el juez Norberto Oyarbide, que lleva adelante la causa, que sobre el fiscal Luis Comparatore. En la presentación que realizaron ayer ante el magistrado, los defensores se manifestaron conformes con la decisión del juez de no hacer lugar al pedido de la fiscalía “para que la Policía Federal haga tareas de inteligencia entre las organizaciones de desempleados”. “Nos parece que la fiscalía ha sido funcional a quienes piden mano dura contra los piqueteros haciendo una actuación más política que técnica”, consideró la defensa, compuesta por abogados miembros de entidades defensoras de los derechos humanos.