“Fueron 65 audiencias, más de 150 testigos, pero sobre todo 39 años de espera, de impunidad, que hoy comenzamos a saldar.” Con esas palabras del fiscal José Nebbia comenzó ayer en Bahía Blanca el alegato del Ministerio Público, que completa el fiscal general Miguel Palazzani, en el juicio a represores de la Armada y Prefectura por crímenes de lesa humanidad en las bases de Puerto Belgrano y Baterías.

En el proceso que conducen los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava se investigan delitos contra 66 víctimas, de las cuales doce están desaparecidas. Además se juzgan por primera vez los secuestros, tormentos y homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los dirigentes gremiales que habían enfrentado a la patronal de La Nueva Provincia, diario que no informa una línea sobre el juicio y cuyo director, Vicente Massot, continúa imputado. “Este juicio es necesario para una toma de conciencia colectiva”, señaló Nebbia, quien historió el rol de la Armada en el bombardeo de 1995 y en la Masacre de Trelew, destacó que “sin las complicidades de los empresarios, la Justicia y la Iglesia no se pudo haber llevado a cabo el plan criminal” y recordó “la resistencia del Poder Judicial” a investigar a la Armada: doce jueces y abogados se negaron a instruir la causa. El juicio incluye 23 imputados. Por problemas de salud fueron excluidos Manuel García Tallada, quien ya fue condenado por su actuación en la ESMA, y Félix Ovidio Cornelli, ex titular de la Prefectura bahiense cuando esa fuerza decidió “ralear” de la tierra a los obreros gráficos Heinrich y Loyola, quien el mismo año pasó por el diario a despedirse de su directora Diana Julio de Massot y en las primeras audiencias se camufló con bufanda, sombrero y anteojos negros para no ser reconocido.